Miguel “Micky” Berardo fue denunciado por hechos de corrupción en la secretaría de Deportes
El ex secretario General de la Gobernación autorizó pagos millonarios en concepto de anticipo financieros a días de dejar el Gobierno. Las obras no se realizaron.
En una presentación ante el fiscal de Instrucción N°2, Ricardo Barbeito, la fiscalía de Estado pidió la ampliación de la imputación por corrupción al ex secretario General de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo, quien a su vez fue el funcionario de mayor confianza del ex ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Alberto Rodríguez Saá.
El pedido de formulación de cargos lo firmó el jefe de la Sala Penal, Santiago Calderón Salomón en el marco de la causa que tiene como principal acusada a la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez.
La ex funcionaria de Alberto Rodríguez Saá había sido denunciada por la contratación de obras a días de dejar su cargo, que involucraron desembolsos en conceptos de anticipos financieros, por tareas que nunca se concretaron. Berardo tuvo un papel clave en la maniobra porque fue quien autorizó la salida de recursos del Estado violando lo que establece la Ley de Contabilidad de la Provincia.
En este sentido, la fiscalía de Estado solicitó que se amplie la imputación y se le formule cargos por incumplimiento de los deberes, negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal y cohecho.
El principal fundamento fue que Berardo “autorizó todas y cada una de las contrataciones” para el cierre y la nivelación de canchas de fútbol.
Berardo fue el funcionario que estuvo a cargo de una de las estructuras más importante del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Bajo su jurisdicción estaban varias secretarías con rango de ministerio. Íntimo amigo del ex ministro Alberto Rodríguez Saá (h) de quien en la realidad es una especie de secretario privado, interlocutor y operador todoterreno. Además fue jefe de Gabinete, entre otros funciones.
Ramírez, Rodríguez Saá y Berardo.
En el mismo sentido, Calderón Salomón requirió a la Justicia que se formulen cargos por los mismos delitos a Ramírez, quien es la principal acusada en la investigación.
Advirtió la existencia de una “gran cantidad de indicios”. Entre ellos, enumeró la denuncia del secretario de Deporte, Gabriel Rivero, informes de la AFIP sobre MYD Construcciones (la empresa que recibió los fondos), las audiencias a los integrantes de la compañía, testimoniales, expedientes de Gobierno, reportes de las cuentas de Ramírez, y un documento del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
“Toda la documental incorporada deja de manifiesto los movimientos económicos como consecuencia directa de las contrataciones acreditadas, como así también el estado de las obras en total abandono acreditado”, sostuvo.