INTERVENDRÁ LA JUSTICIA FEDERAL
La Cámara de Senadores suspendió la competencia provincial en el narcomenudeo
El proyecto fue impulsado por el Gobierno dentro del paquete de iniciativas de lucha contra la droga y la inseguridad. Se había desferalizado la competencia, pero el Superior Tribunal de Justicia y la gestión anterior no avanzaron en la implementación.
La Cámara de Senadores aprobó hoy por mayoría la suspensión por el término de un año la Ley N° V-1081-2022 de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes en San Luis. Los legisladores de Cambia San Luis y dialoguistas aportaron la mayoría para convertir en ley el proyecto, en tanto el bloque albertista votó por mantener en pie una ley que en la práctica es “letra muerta” porque nunca se instrumentó.
La ley sancionada hace dos años, durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, transfirió la jurisdicción de los casos menores vinculados a la droga para que sean investigados y sancionados por la Policía y la Justicia provincial. Para ello se adhirió a la legislación nacional y el Estado federal se desprendió de investigar y juzgar ciertos hechos delictivos. Si bien está en vigencia desde 1° de enero del año pasado, no se aplicó hasta hoy.
El senador de Cambia San Luis, Martín Olivero, en sus fundamentos tuvo en cuenta que hasta la fecha se han dictado normativas de adhesión al sistema de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, en las provincias de Buenos Aires (2005), Córdoba (2012), Salta (2014), Formosa (2015), Chaco (2016), Entre Ríos (2018), Santiago del Estero (2018) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2019).
El senador, Martín Olivero.
Respecto a esto, reveló que “los datos estadísticos brindados por la Procuración General de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), muestran que en varias de las provincias referidas, aumentaron las causas por tenencia para consumo o tenencia simple y la comercialización en pequeñas dosis, a la vez que disminuyeron notablemente las causas federales por narcotráfico”.
Consideró que “se ha afectado de forma notoria la persecución penal de los ilícitos más graves previstos por la Ley de Estupefacientes desde que las autoridades y agencias del Estado nacional han menoscabado su capacidad para establecer definiciones sobre una política criminal, coordinada, efectiva y acorde con criterios de seguridad fijados en ámbitos internacionales”.
“Queda en evidencia que el sistema de desfederalización estaría resultando ineficaz en la prosecución de sus objetivos de liberar recursos para que la Justicia Federal se centre en el combate del narcotráfico, lo que resulta especialmente grave si se tiene presente que el Informe Anual sobre las Drogas 2016 que publicó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que ubicó a la Argentina como uno de los países que integran las cinco principales corrientes de tráfico de cocaína hacia todo el mundo”, dijo.
Además, se refirió a las estadísticas elaboradas por la ONU que colocaron a Argentina junto a España como los países con mayor consumo de drogas.
Dentro de sus argumentos, el legislador, advirtió que la mayor vulnerabilidad del sistema radica en no prever claramente mecanismos de interacción entre la Justicia Provincial y la Federal para que, causas iniciadas como narcomenudeo logren ascender a instancias de investigación que alcancen al narcotráfico, que es donde tienen su origen.
“En nuestra provincia, hasta el momento no se ha diagramado con claridad el circuito del procedimiento administrativo-policial-
Y agregó: “Hay una insuficiencia crítica en los procesos de capacitación y adaptación del personal, que devienen vitales al emprender un cambio de rol tan radical, como es la lucha contra el narcomenudeo, considerando los desafíos que tal fenómeno arrastra en cuanto a su vinculación a redes mayores de crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas”.
En este marco, esbozó que tampoco se ha emitido la reglamentación pertinente, ni la coordinación entre los distintos actores involucrados y tampoco la designación de los jueces, fiscales y defensores.
“Ocurre que hasta la fecha, teniendo presentes las dificultades o peligros supra señalados conforme los resultados verificados en otras provincias donde se adhirió a la desfederalización, y pese a que la Ley Nº V1081-2022 se encuentra en vigencia desde el 1 de enero de 2023, ninguno de los mencionados organismos ha dictado norma, protocolos de actuación o disposición alguna dentro del marco de su competencia para procurar la eficiente y eficaz actuación del Fuero de Lucha Contra el Narcomenudeo creado por los artículos 9 y 10 de la misma. Tampoco se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13 de la ley de adhesión, que establece como cláusula transitoria la creación de una comisión de seguimiento que ‘será integrada conforme lo determine la Reglamentación, a los efectos de la implementación de la presente ley’”, expuso Olivero.
En este tramo, sostuvo que “se requiere postergar el inicio de su implementación por un plazo razonable que permita la adecuación de la realidad provincial a los desafíos y complejidades que presenta el funcionamiento de tal régimen. Atento a la falta de personal con suficiente formación especial, de organismos técnico-jurídicos con predisposición funcional, y de una consistente coordinación de las autoridades provinciales entre sí, y de estas con sus correspondientes a nivel federal”.
Por su parte, la senadora por el departamento San Martín, Mariana Cruz, al comenzar su alocución advirtió que rechazaría el proyecto al considerar que el mismo debería ser reestructurado en lugar de suspendido.
La senadora, Mariana Cruz.
“En el informe habla de la eficacia del sistema y ha sido así debido a la falta de coordinación adecuada entre los recursos y las competencias provinciales y nacionales. La parte de coordinación es un problema serio. Es posible que con una planificación y recursos adecuados se podría hacer mucho más”, comunicó.
Reconoció que la Provincia no diagramó el circuito administrativo, policial y judicial: “Sin embargo, en lugar de suspender la ley, se podrían establecer plazos y responsabilidades claras, sería más afectivo y significativo desarrollar programas de capacitación intensivos para el personal. También establecer mecanismos claros de coordinación y comunicación e implementar un plan de acción con las claras responsabilidades definidas para la creación”.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 26 de junio y ahora con la sanción definitiva, pasó al Ejecutivo para la promulgación.