Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal repudiaron la declaración de interés del Día Internacional por las Dos Vidas
Sostienen que a través de este tipo de iniciativas se pretende “reinstalar” un debate “totalmente superado”, en referencia a la aprobación de la ley de interrupción del embarazo en 2020.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional San Luis emitieron un comunicado repudiando “enérgicamente” la declaración, que se aprobó hoy en el Concejo Deliberante de la capital puntana, de interés legislativo al 8 de agosto por el Día Internacional por las Dos Vidas.
En el texto que difundieron a través de las redes sociales señalaron que la presentación de la iniciativa “resulta una muestra de las contradicciones de ese bloque (por el oficialismo) que hace ocho meses legisla para el interés de unos pocos, alineados con las políticas nacionales que han demostrado la prácticas de la cultura del descarte, que afectan tanto a las mujeres, como las niñeces y a todes que les que son vistos como no deseados por el sistema, tal como el propio (Mario) Silvestri le atribuye a la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en los considerandos de su provocador proyecto”.
Desde la organización indicaron que con esto se pretende “reinstalar” un debate totalmente superado cuando se aprobó la norma, reconociendo el carácter voluntario de la decisión en la que se discuten mandatos tradicionales de la maternidad obligatoria.
“El aborto es un derecho y está reconocido por ley, debe ser garantizado en el sistema público de salud y todas las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden solicitarlo”, sostuvieron.
Al final del comunicado, exigieron:
● No declarar de interés legislativo municipal al 8 de agosto como Día Internacional de Acción por las Dos Vidas, proyecto presentado por el concejal Mario Silvestri – expediente Nº 180-C-2024.
● Efectiva implementación de la Ley 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en toda la provincia de San Luis.
● Separación de las iglesias del Estado. Y que los fondos estatales destinados a subsidiar iglesias, sueldos e infraestructura de colegios confesionales y sanatorios privados sean destinados a educación y salud pública para que se garantice de manera plena el derecho a la educación sexual integral – Ley 26.150.