Fabiola Yañez denunció que Alberto Fernández siguió hostigándola a pesar de que el juez le prohibió todo contacto
De corroborarse, podría iniciarse una nueva causa penal por desobediencia.
En el marco de una causa penal por violencia de género, Alberto Fernández fue señalado como "el presunto agresor". La denuncia, impulsada por su expareja, Fabiola Yañez, llevó al juez federal Julián Ercolini a imponerle una serie de medidas cautelares, entre ellas, la prohibición de cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con la denunciante. Sin embargo, pese a estas restricciones, Yañez denunció que los días 6 y 7 de agosto continuó recibiendo mensajes provenientes del teléfono de Fernández y de terceras personas, lo que podría derivar en una nueva causa penal por desobediencia.
El 6 de agosto, Fernández fue notificado en su domicilio en Puerto Madero sobre las medidas cautelares dictadas por el juez Ercolini, quien tomó la decisión tras escuchar a Yañez manifestar en tres ocasiones su deseo de denunciar al ex mandatario por violencia de género. La acusación formal se centra en lesiones leves reiteradas, aunque la investigación podría determinar si las mismas pueden ser calificadas como graves.
Entre las medidas adoptadas, se le ordenó a Fernández que cesara "en los actos de perturbación o intimidación" hacia Yañez, tanto en el ámbito analógico como en el digital. Durante el acto formal de notificación, también se le solicitó "la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación".
Las medidas precautorias fueron motivadas por la gravedad de los hechos denunciados y por el contacto amenazante que, según Yañez, se mantuvo incluso después de que las medidas fueron impuestas. A pesar de las restricciones, Yañez informó a la fiscalía que Fernández continuó enviándole mensajes intimidatorios, tanto de manera directa como a través de terceros.
Ante estas denuncias, el fiscal Rívolo solicitó el secuestro del teléfono celular del ex presidente, así como otros dispositivos electrónicos que podrían contener pruebas fundamentales para corroborar los hechos denunciados. Estos dispositivos, incluidos un celular, una tablet y un pendrive, fueron confiscados en el domicilio de Fernández y se encuentran bajo custodia judicial. Su peritaje podría confirmar si Fernández incumplió con las medidas cautelares, lo que le acarrearía una nueva causa penal por desobediencia.
La violación de una orden judicial, como la impuesta por el juez Ercolini, podría derivar en una pena de 15 días a un año de cárcel. Este delito se investigaría en la justicia ordinaria, separadamente del expediente de violencia de género que tramita en el fuero federal.
Las restricciones impuestas incluyen la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de Yañez, tanto en su domicilio en Madrid, España, como en cualquier otro lugar donde ella se encuentre. También se le prohibió cualquier forma de contacto, ya sea físico, telefónico o a través de plataformas digitales.
Los dispositivos secuestrados no serán peritados hasta que Yañez preste declaración en sede judicial. Aunque rompió el silencio en una entrevista periodística, Yañez ha manifestado ante la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) que no se encuentra en condiciones de declarar debido a su "estado de fragilidad emocional".
El fiscal Ramiro González, quien tiene a su cargo la investigación, fijará próximamente una fecha para la audiencia en la que Yañez podrá aportar detalles sobre las acusaciones contra Fernández. Las declaraciones de Yañez serán clave para avanzar en la investigación y determinar las medidas a seguir en el marco de la causa penal.