Por día, el Servicio Penitenciario debe destinar 100 agentes para las salidas de los internos

La fuga de Félix Tobares en Villa Mercedes puso en la mira los permisos que concede la Justicia a internos del Servicio Penitenciario y los gastos que involucra para el Estado provincial cumplir con esas órdenes.

El hombre de 36 años estaba cumpliendo una condena a 17 años por diversos ilícitos. La jueza de Ejecución Penal, Nora Graciela Villegas ordenó que el jueves fuera trasladado desde la cárcel en Pampa de las Salinas a la ciudad de Villa Mercedes para " afianzar y mejorar la relación con su familia en la casa de su padre". Mientras lo hacía, se escapó.

A partir de eso, se conocieron datos sobre las salidas extraordinarias, como este caso, que son otorgadas por la Justicia de San Luis. En lo que va de agosto hubo 25, es decir, un promedio de una por día. La mayoría fue hacia Villa Mercedes, lo que involucró viajes de alrededor de 240 kilómetros por trayecto.

Pero a eso se suman los permisos habituales, que tienen diversos fines, que van desde audiencias en debates orales hasta sesiones de fisioterapia.

“Hoy, por ejemplo, hemos sacado 25 traslados, uno de ellos a magnetoterapia, o sea, con recursos del Estado estamos sacando a los internos a que se hagan fisioterapia”, reveló la directora del Servicio Penitenciario, Karina Mantelli.

La funcionaria graficó la logística que implica a diario: “Un interno sale desde el Complejo 2 (La Botija), hace 200 kilómetros con personal penitenciario, la custodia que eso implica y la nafta. Viene al complejo, lo tenemos que alojar con todo también lo que eso trae aparejado, que son las requisas, y van a magnetoterapia, fisioterapia, al dentista, cuestiones que nosotros estamos manejando todos los días”.

Precisó que de los estipulados para este martes, sólo dos eran para un debate oral. Los restantes, para cuestiones menores.

En relación a los extraordinarios de agosto, Mantelli explicó que deben ser ordenados por la Justicia. En el caso de Pampa de las Salinas, donde sólo están alojados presos con condenas, son dispuestos por jueces de Ejecución en lo Penal.

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa expuso que el traslado de “25 detenidos diarios incluye mínimo tres o cuatro efectivos por cada uno para asegurar que vaya donde el juez determinó que tiene que ir, a veces son dos horas, a veces una hora, a veces cuatro”.

“Son 100 efectivos que se tienen que disponer, 100 efectivos nada más para esas personas ese día”, cuestionó.

A eso sumó “los vehículos que involucran” y mencionó situaciones donde deben ir hasta otras jurisdicciones como Mendoza, Buenos Aires o Córdoba.

En el mismo sentido, aclaró que dentro de la cárcel los internos cuentan con diferentes profesionales como odontólogos, obstetras y psicólogos, pero ellos requieren ir a otros particulares.

“Todo esto genera un gasto que lo paga el pueblo de San Luis. Y estas medidas las ordena la Justicia y que por supuesto la administración debe dar cumplimiento”, sostuvo la ministra.

Por otro lado, hizo énfasis en el personal penitenciario: “Imaginen la tensión que significa para tres o cuatro efectivos cuidar a un detenido por las circunstancias que sea, donde si es por vinculación familiar no le permiten estar dentro de la vivienda. Y a veces puede suceder esto, porque pasan ocho horas donde el oficial a veces no puede ir al baño ni comer ni nada, pues tiene que estar atento a esas circunstancias”.

Sosa apuntó a que si un preso se escapa "no significa una carga más para el fugado", esto es, que no acrecienta la pena que está cumpliendo. Y consideró que esto debe analizarse desde el ámbito legislativo.