Avanza la causa contra Cintia Ramírez por corrupción: “La documental está prácticamente completa”
La Fiscalía precisó que restan incorporar una pericia contable y realizar la tasación oficial del vehículo. Luego de eso, será la elevación a juicio.
Restan dos meses para que finalice el plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra Cintia Ramírez por negociaciones incompatibles con la función, malversación de caudales, incumplimiento de los deberes y fraude en perjuicio de la administración pública.
La ex secretaria de Deportes es investigada porque durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá ejerció tres roles en simultáneo (secretaria de Deportes, presidenta del Ente Deporte y del San Luis Fútbol Club). A partir de esas funciones habría utilizado recursos del Estado para beneficio propio.
El fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí precisó que en los seis meses de investigación, han reunido numerosas testimoniales de personal que se desempeñó en el Gobierno provincial e incorporado “todos los expedientes administrativos de las transacciones que configuran delito”.
Las maniobras de corrupción fueron agrupadas en dos partes. La primera consistió en 276 transferencias que se realizaron entre 2022 y 2023 al SLFC por $166 millones. La segunda, días antes de finalizar el gobierno anterior, fue la misiva firmada por Ramírez y las jugadoras donde le solicitaban a Rodríguez Saá un subsidio para comprar un colectivo. Para eso, el Estado desembolsó $290 millones.
En declaraciones a El Chorrillero, el fiscal transmitió que si bien es una causa compleja por ser del derecho penal económico “tiene muchísima documental que está prácticamente completa”.
Mencionó que también han sumado la pericia mecánica del colectivo y la fiscalía de Estado agregó una tasación que “da cuenta de un eventual sobreprecio”, que habría pagado el gobierno anterior por el vehículo.
“Hemos tenido dificultades para conseguir un perito tasador oficial. Ahora lo estamos gestionando de forma directa, es decir, que el ministerio Público Fiscal pueda contratar de forma directa un perito para tener una pericia propia, al margen de la fiscalía de Estado”, comentó.
Además, resta realizar una pericia contable sobre los expedientes administrativos y de compra.
En este sentido, el fiscal afirmó que “quedan contados elementos por producir”. El Código Procesal establece que la IPP puede extenderse por otros cuatro meses más. Sin embargo, eso será determinado en base al avance de los próximos dos meses.
“Seguiría a eso la elevación a juicio, con el pedido de pena por los delitos que se le han imputado”, adelantó Assat Alí.
Respecto a la adquisición del colectivo, indicó que “la compra fue efectivizada por secretaria (General) de la Gobernación”, pero aún “no se puede establecer quién viajó e hizo el nexo directo de la compra”.
Este jueves, se realizará una nueva formulación de cargos a Ramírez y al ex secretario General de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo. Ambos son investigados por la contratación del cierre y la nivelación de canchas de fútbol violando la Ley de Contabilidad, días antes de que finalizará la gestión.