“Micky” Berardo y Cintia Ramírez fueron imputados por corrupción: inhibición de bienes y prohibición para salir de San Luis

 

Este jueves, se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra del ex secretario General de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo y la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez por delitos de corrupción. Ambos fueron imputados por tres hechos donde incumplieron los deberes de funcionario público afectando los bienes del Estado.

Berardo se convirtió en el tercer ex funcionario de Alberto Rodríguez Saá que llega a la Justicia por maniobras ilícitas que involucraron recursos públicos.

Esta vez, ambos firmaron tres contratos por obras a días de dejar el Gobierno, que involucraron el desembolso de $87.500.000 entre el 4 y 6 de diciembre de 2023. Los recursos estaban destinados al movimiento de suelo, cierre olímpico y nivelación de dos canchas de fútbol. Los trabajos no se realizaron e involucraron otras irregularidades, como un anticipo financiero que violó la legislación vigente y una empresa que sólo se dedicó a facturarle al Ente Deportes.

Ante el juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes, la fiscal adjunta Antonella Córdoba fue la encargada de relatar los hechos que le endilgó a ambos dirigentes de Rodríguez Saá.

Durante la audiencia, que se extendió por más de una hora, Berardo se mantuvo de brazos y piernas cruzados, apoyado hacia atrás en la silla y en silencio, como si todo fuera un simple trámite. Sólo en un momento le habló al defensor oficial, Carlos Salazar. Fue cuando la fiscalía de Estado pidió la inhibición de sus bienes.

Ramírez, que estuvo representada por Ramiro Rubio y Marcos Juárez, sí quiso declarar. Aseguró que todo se trata de una persecución política para difamarla y “acabar con todos los proyectos que el Alberto creó”.

“Violaron la ley en detrimento de los bienes de la sociedad”

Córdoba enumeró las maniobras ilícitas que desplegaron Berardo y Ramírez desde el 22 de noviembre pasado. Ese día, la entonces también presidenta del Ente Deportes, el secretario General de la Gobernación y el socio gerente de MyD Construcciones, Miguel Ángel Acosta, firmaron el primer contrato de servicios.

Consistía en el movimiento de suelo en la ciudad de La Punta e involucraba un canon de $5.250.000.

Un día después, suscribieron el segundo para un cierre olímpico de cancha de fútbol 11, portón para ingreso de ambulancia, cordón de hormigón y parapelota detrás de cada arco. Todo eso por un monto de $17.500.500.

Luego, el 23 de noviembre, llegó el tercer contrato. Era para la preparación y nivelación de suelos de dos canchas de fútbol 11 para colocación de césped sintético. Las tareas demandaban $65.520.000.

Se determinó que el Estado iba a desembolsar el 70% del total en concepto de anticipo financiero, y el 30% restante una vez que finalizaran las acciones. Todo fue mediante una contratación directa.

“No dieron cuenta de la razonabilidad, urgencia, eficacia para cumplir con el interés público. No se tuvo en cuenta el precio, la calidad, idoneidad del oferente. Simplemente invocaron una necesidad que nunca justificaron”, expuso la fiscal.

En el mismo sentido, advirtió que hicieron una “contratación directa amparándose en una excepción del decreto 2791-2022 que habilitaba a utilizar esta modalidad cuando excediera los 5 millones de pesos, cuando estuviera suscrito por la presidenta del Ente y del secretario de la Gobernación”.

Córdoba relató que el 1° de diciembre (nueve días antes de dejar sus cargos), Ramírez solicitó la conformidad de Berardo en los tres contratos. Esa misma jornada, fueron avalados y autorizados. Ese paso, era clave al tratarse de una contratación directa por encima de los $5 millones.

También ese día, MyD facturó $3.675.000, $12.250.000 y $45.864.000. Esto equivalía al 70% de cada una de las obras.

Tres días más tarde, la empresa hizo lo mismo por $1.575.000, $5.250.000 y $19.656.000. Esto es, el 30% restante que debía pagarse cuando culminaran las obras. Los fondos del Estado finalmente salieron el 4 y 6 de diciembre.

En este punto, la representante del ministerio Público Fiscal advirtió que no hubo “constancia de ejecución y finalización de obra”, lo que era “un requisito para el pago del 30%”.

Sumó a eso, que según la normativa vigente en la Provincia “el funcionario deberá demostrar bajo su exclusiva responsabilidad la existencia de circunstancias invocadas y la razonabilidad del precio a pagar”, por una contratación directa. 

Al referirse a las irregularidades, planteó una “franca violación de la ley por el anticipo del 70%” y que todo fue “en detrimento de los bienes de la sociedad”.

Pero además, expuso un vínculo personal entre el socio gerente de MyD y la ex funcionaria: “Surge de los movimientos de cuentas personales. Atento a que Ramírez transfirió al menos en tres oportunidades a su cuenta personal (de Acosta)”.

En el mismo sentido, mencionó que desde la creación de la empresa “solo le facturó al Ente Deportes”.

Por eso, imputó a ambos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por tres hechos en concurso real, en perjuicio de la administración pública.

Como medidas de coerción pidió la firma del libro por cuatro meses y la prohibición de salir de San Luis por el mismo plazo.

“Tuvieron la necesidad imperiosa, en medio de la pobreza, de crear canchas de fútbol”

El jefe de la Sala Penal de la fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, adhirió a la formulación de cargos de los dos imputados y adelantó que la calificación puede modificarse a lo largo del proceso, debido a pruebas de que también habrían incurrido en negociaciones incompatibles. Tampoco descartó que surjan nuevos involucrados.

Manifestó que los funcionarios de Rodríguez Saá tuvieron el mismo modus operandi en delitos relacionados con la corrupción. “Actuaron con el poder para un interés particular que podía ser propio o de terceros”, cuestionó e hizo énfasis en la necesidad de “llegar hasta las últimas circunstancias”.

En concordancia apuntó a “la necesidad imperiosa, en medio de la pobreza, eran crear canchas de fútbol”, para las que ni siquiera fundamentaron la razonabilidad del gasto.

Agregó que “no hubo certificado de obra porque no se lo pidieron a la compañía” y que “MyD nació solo para trabajarle al Ente Deporte”.

Dijo también que por tratarse de un delito económico y ante una eventual sentencia, era necesario el embargo. En ese sentido, pidió que fuera sobre dos lotes de Berardo en Villa Antonio, Juana Koslay y sobre un inmueble de Ramírez, en Las Chacras.

“Siempre he cumplido y cursado por el camino de la ley”

“Micky” Berardo se abstuvo de declarar, mientras que Ramírez quiso dar su versión de los hechos. Inicialmente negó “rotundamente” el delito que le atribuyeron y aseguró que viene “sufriendo desde diciembre persecución política y judicial del (secretario de Deporte) Rivero y la fiscalía de Estado”.

Insistió en que las causas en su contra sólo buscan difamarla: “Siempre he cumplido y cursado por el camino de la ley”.

Pidió que en el marco de la investigación citen a declarar a todas las áreas, técnicas, legales y contables, por las que pasaron los contratos. Y añadió que hay responsables de esos sectores que siguen dentro de la secretaría.

Indicó que el Ente Deporte fue creado por Rodríguez Saá “para evitar la burocracia y lentitud” y que “se cumplió con los canales legales”.

Por otro lado, resaltó que las obras fueron finalizadas y que Rivero está incumpliendo con sus deberes porque realiza la instalación del césped en el predio de La Punta.

“Quieren acabar con todos los proyectos que el Alberto creó. Ha sido la gestión más exitosa de Deportes. Quiero que se haga Justicia”, insistió en el cierre de la declaración.

“No se dan los supuestos ni siquiera en grado de probabilidad”

Rubio se refirió a “una orfandad probatoria sobre los hechos” y consideró que “todo se resume en una interpretación de la ley administrativa”.

Explicó que la contratación fue legal debido a la existencia de puntos específicos que la avalaban. Uno de ellos, que se puede concretar una obra cuando está dentro de un predio del Gobierno.

“No se dan los supuestos ni siquiera en grado de probabilidad”, afirmó sobre la formulación de cargos y denunció “una blasfemia de que las canchas no se terminaron”.

Sobre el anticipo financiero del 70%, señaló que obedeció a la incertidumbre financiera de entonces y fue “un pedido expresó de la empresa porque había que comprar los materiales”.

Calificó las medidas de coerción como sobreabundantes e innecesarias, y rechazó el embargo porque la denuncia debió ser realizada por fiscalía de Estado.

“No advierto ningún ilícito”

El defensor de Berardo, sostuvo que durante la audiencia se buscó “condimentar una situación deficiente o carente de recursos técnicos”.

Expuso que la fiscal adjunta “no ha hecho referencia a la carga probatoria” y subrayó que no hay falencias en el proceso de contratación que llevaron adelante los ex funcionarios.

En la misma línea, aseguró que podrán demostrar la inocencia y criticó que “la sola formulación de cargos ocasiona perjuicios”. Por eso, se opuso: “No advierto ningún ilícito”.

También coincidió en que las obras están concluidas y rechazó las medidas de coerción.

En el cierre, Flores Leyes transmitió que se cumplió con lo que establece la ley para la formulación de cargos. Y como medidas impuso la firma del libro de imputados, la prohibición para salir de la provincia y la inhibición de bienes bajo el argumento de que “es proporcional y razonable”.