Nuevo revés para la fiscalía: el imputado Enrique De La Cruz “admitió haber inventado un supuesto acuerdo” con Bento para que no le pidieran nada

Las escuchas telefónicas, presentadas como prueba por la Fiscalía, muestran a De La Cruz diciéndole a Guiñazú que tenía "todo arreglado con Bento" y que el juez le estaba pidiendo "el 50%" del dinero de sus operaciones. Estas grabaciones eran parte clave del caso de la acusación, que buscaba probar la existencia de una red de corrupción encabezada por Bento.

Sin embargo, en su declaración de hoy, De La Cruz confesó que esas afirmaciones eran falsas y formaban parte de una estrategia para evitar que Guiñazú le exigiera un pago. "Yo inventé un relato, dije que no se preocupara, que ya había arreglado todas las cosas acá. Un relato me inventé para que no me pidieran nada", afirmó ante el tribunal. De acuerdo con su testimonio, nunca hubo un acuerdo real con Bento, y sus palabras eran solo una excusa para calmar al abogado.

De La Cruz, quien en aquel momento estaba bajo sospecha de operar en una "cueva" en la galería Tonsa de Mendoza, donde realizaba transacciones con dólares, insistió en que no tenía ninguna relación con Bento ni con funcionarios judiciales locales. "No conocía a nadie de acá", afirmó, desmintiendo cualquier vínculo con el magistrado o con actos de corrupción.

Este testimonio representa un revés significativo para la Fiscalía, liderada por Dante Vega, que había basado gran parte de su acusación en las escuchas telefónicas de De La Cruz. Al admitir que el supuesto arreglo con Bento fue inventado, la credibilidad de las pruebas presentadas por la acusación se ve comprometida. "Simplemente fue para concretar la manifestación de que a lo mejor me pedían dinero en el banco", agregó, restando validez a la interpretación de la Fiscalía. El relato del testigo sugiere que las afirmaciones de sobornos y arreglos fueron fabricadas, desacreditando así la principal línea de investigación del Ministerio Público.

Además el Tribunal Oral Federal N° 2, encabezado por la jueza Gretel Diamante, estableció el 16 de octubre como "fecha límite" para comenzar la etapa de declaraciones indagatorias, exigiendo a las defensas que confirmen cuanto antes si sus representados harán uso de esta instancia. Una vez finalizadas las alegaciones, se procederá directamente a la sentencia. Esta decisión parece acelerar el proceso, a pesar de que es improbable que el juicio concluya antes de 2025.

Durante la audiencia del último miércoles, la jueza Diamante fue clara en su pedido a las defensas: "Les voy a solicitar que aclaren quiénes van a prestar declaraciones indagatorias. Y los que ya definitivamente no vayan a declarar, nos lo comuniquen. Necesitamos tener una previsión por los días que nos quedan". Algunas fuentes judiciales consultadas sugirieron que esa urgencia en el desarrollo del juicio podría interpretarse como una presión para avanzar hacia una condena rápida.