El beneplácito de los diputados oficialistas por los egresados del PIE y la polémica por los datos que maneja una legisladora albertista
Destacaron la reanudación de la entrega de los títulos a los egresados del Programa de Inclusión Educativa y se cuestionó que en el bloque opositor cuenten con la nómina encuadrando el acceso a la información en el incumplimiento de la Ley de Protección de los Datos. “Tuvieron una actitud perversa de esconder esos certificados”, fue la crítica al Gobierno anterior.
En la Cámara de Diputados se generó hoy una polémica en pleno tratamiento del proyecto para declarar el beneplácito por la reanudación de la entrega de los analíticos a los egresados del Programa de Inclusión Educativa. La discusión se originó porque la ex ministra y actual legisladora, Silvia Sosa Araujo sostuvo que tiene en su poder datos de las personas que formaron parte del PIE.
“El gesto del gobernador (Claudio Poggi) de pedir disculpas públicas en nombre del Estado por la suspensión de la entrega de títulos demuestra una actitud de reparación y sensibilidad ante las necesidades de la población. El Gobierno anterior decidió jugar con las esperanzas y los sueños de miles de sanluiseños, fue un acto de injusticia y abandono porque no fue un simple olvido administrativo, fue un acto deliberado, una verdadera perversidad porque no se puede entender de otra manera la decisión de negar a tantos sanluiseños el fruto de su esfuerzo”, dijo Mirian Serra (Cambia San Luis-UCR) en su condición de miembro informante y consideró que la actual gestión está cumpliendo el compromiso con la educación inclusiva.
Sosa Araujo le contestó diciendo que durante el Gobierno anterior “la Universidad de La Punta estableció un mecanismo para entregar la documentación. Ese sistema fue implementado fue utilizado en el 2018 para que vayan a retirarlos”.
Y prosiguió: “Acá tengo todos los datos, uno por uno, año por año, quiénes han egresado, cuántos han egresado y cuántos certificados se han entregado. Del plan PIE el 67% lo retiró”. Además proporcionó otras estadísticas puntuales sobre la cantidad que recibió los títulos.
“Pongo a disposición toda la documentación que considere necesaria para acreditar cada una de las cosas que le estoy diciendo”, afirmó.
Carlos “Charly” Pereira (Cambia San Luis-UCR) le salió al cruce: “Cómo es que un legislador tiene acceso a una base de datos que en principio podría responder a un contenido sensible tutelado por la Ley de Datos personales, ¿en qué marco?, ¿bajo qué soporte la legisladora preopinante ha procurado esos datos?, o si lo ha hecho a través de qué instancia legítima accedió como puede ser el acceso a la información pública, porque ha puesto a disposición la nómina y quiero conocer si ha tenido el consentimiento de los titulares de esos datos”.
“Si tiene alguna duda el diputado que recurra a los informes de gestión de la Universidad de La Punta donde está acreditado cada uno de estos datos que yo estoy diciendo con total seriedad”, insistió Sosa Araujo.
Al retomar la palabra Pereira sostuvo que la ex ministra de Salud durante la pandemia no contestó a la consulta y volvió a interrogar: “¿Cuál es la dinámica que han empleado, no se ha usado el mecanismo de acceso a información pública?”
Mencionó que “incrimina la conducta administrativa de una ex ministra (Alicia Bañuelos), este es mi punto, cómo se ilustró ella respecto a esta nómina de datos, no hablo del rigor, sino cómo es que llegan a sus manos estos datos”.
“Esto habla de vulnerabilidad, de la precariedad e informalidad con la cual se manejan los datos en San Luis durante estos últimos años”, cuestionó Pereira.
Verónica Causi (Cambia San Luis-UCR) recalcó: “Sosa Araujo dijo claramente que tenía nombre y apellido de cada uno de los egresados, edades”.
Y añadió: “Mientras ustedes les daban palas, picos y los mandaban a la ruta a pasar frío a personas mayores, a jóvenes, hubo un gobernador que les propuso que vayan a estudiar para mejorar su calidad de vida, eso es lo que no se aguantaron, por eso no entregaron los títulos, por eso nunca se implementó una política para que esa gente pueda acceder a lo habían ganado”.
Finalmente la jefa del bloque oficialista, Eugenia Gallardo manifestó que en el Gobierno de Rodríguez Saá “vieron a la educación como una amenaza a su poder”: “Es lamentable saber que se hizo uso de los datos personales, es lamentable saber que teniendo es información no hayan convocado a quienes no tenían sus títulos y que hoy el gobernador los convocan y van, es decir, que los querían, los necesitaban y los requerían. Tuvieron una actitud perversa de esconder esos certificados”.
La declaración de beneplácito fue aprobada por 19 votos del Cambia San Luis y aliados. El albertismo votó en contra.