SAN LUIS
El Colegio de Abogados pidió participar en el cambio del sistema de notificaciones electrónicas judiciales
Apuntaron que el Superior Tribunal de Justicia buscó implementar una nueva modalidad sin consultar a los sectores involucrados. Aseguran que buscan el diálogo y evitar la vía judicial.
Por Leonardo Kram
El Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis pidió participar activamente de la modificación del sistema de notificaciones electrónicas judiciales, que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) pretende modificar.
El presidente Gabriel Alessandro fue el encargado de detallar la postura de la entidad: la búsqueda del diálogo con las autoridades, evitar la vía judicial para reclamar pero ser consultados en las modificaciones al sistema de justicia y que no se trate solo de acordadas de los ministros.
“Se presentó una nota pidiendo la suspensión de la aplicación de este sistema de notificación que intentaba aplicar entendiendo que esto generaba muchas dudas entre los colegas, incertidumbre, inestabilidad”, explicó Alessandro.
“Es a los efectos de generar un espacio de trabajo conjunto entre todos los actores de la justicia: jueces, el Superior Tribunal, los abogados. Creo que las condiciones están dadas para que se trabaje en una modificación integral del Código de Procedimiento Civil”, manifestó.
“No estamos dispuestos a consentir el permanente dictado de acordadas que modifican normativa vigente que están establecidas por ley. Acordadas tras acordadas generan incertidumbre y en definitiva inseguridad jurídica para el justiciable”, argumentó.
En detalle, la acordada de la polémica fue la 191 del 12 de agosto pasado. Allí establece la “notificación tácita electrónica”, las cuales “se considerarán notificadas por su sola disponibilidad en el sistema de gestión informática de expedientes electrónicos, sin necesidad de acto formal de transmisión”.
Esto iba a entrar en vigencia el próximo 1° de octubre. La resolución fue firmada por el presidente del STJ Eduardo Allende y los ministros Carolina Monte Riso, Jorge Levingston, Guillermo L’Huillier y Cecilia Chada.
Aquí los letrados presentaron sus reservas ya que se elimina virtualmente una cédula de notificación que es la que se utiliza actualmente y reemplazado por un “aviso de cortesía” vía mail. Por esto realizaron presentaciones el Colegio Forense de la Provincia de San Luis, el Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Luis, el Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de Villa Mercedes.
El Superior Tribunal emitió una segunda acordada el 10 de septiembre, reconociendo el pedido de los colegios profesionales, postergando la aplicación del sistema hasta el 3 de febrero de 2025, para el fuero civil, comercial y ambiental, de las tres circunscripciones.
A su vez detalla que el “aviso de cortesía” será “remitido en todos los fueros de las tres circunscripciones a partir del 1° de octubre 2024, al solo efecto de facilitar la adaptación al sistema”.
“El Superior Tribunal de Justicia dice que hay una ley que los faculta a este tipo de reglamentaciones. Lo que nosotros entendemos es que una cosa es reglamentar un modo de notificación y otra cosa es crear actos jurídicos nuevos. No es que se está reglamentando algo que ya existía. Planteamos nuestras discrepancias y no estamos dispuestos a seguir consintiendo el dictado de acordada tras acordada”, resumió.
“El argumento fundamental que dan es la celeridad en los procesos judiciales. Nosotros trabajamos para ayudar a que los procesos sean más rápidos y efectivos. Pero entendemos que la modalidad elegida, no es el medio idóneo. Esto tiene que hacerse por ley. No hay otra manera que modificar una ley que no sea mediante otra ley”, agregó.
“Hoy en día tenemos vigente el código de procedimiento, tendríamos vigente este nuevo sistema de notificación, los manuales de procedimientos que van a salir ahora y tenemos vigente el sinfín de acordadas que han ido saliendo y se han ido sucediendo durante este tiempo. Esto genera inseguridad. Yo quisiera saber que abogado conoce al pie de la letra todas las acordadas que se encuentran vigentes”, dijo.
“Ha habido diversas versiones sobre posibles planteos de inconstitucionalidad. Sobre esto quiero dejar claro también la postura de nuestro colegio. No se va a embarcar en una medida judicial. Este problema no se soluciona judicializándolo”, señaló por último.