Un dirigente gremial está a favor de que todos se sometan al narcotest en el Poder Judicial

“Es una cuestión más política que legal lo que están haciendo, es una cuestión más para el público. Obviamente ellos van rotando sus funcionarios y de acuerdo al Gobierno que esté los van nombrando, pero cuando vos tenés un trabajo como el de un juez, un camarista o un agente, donde vos tenés que rendir cuenta por tus obligaciones y tu desempeño, no por cuestiones privadas”, consideró el actual secretario del Sindicato Judicial Puntano, Luciano Cardarelli al rechazar la iniciativa.

La pregunta de El Chorrillero se produjo luego de que el gobernador Claudio Poggi estableciera para los funcionarios del Poder Ejecutivo la obligación de realizarse un control para determinar el uso de drogas ilegales.

Inicialmente se había propuesto que esta medida tuviera rango de ley y alcanzara a los tres poderes del Estado. Como no hubo consenso en la Legislatura, Poggi optó por dictar un decreto para aplicarla tanto para él como para todo el gabinete. En lo casos que se confirme el uso la persona “cesa en la función”.

“Lo quería hacer por ley, no lograron, por algo será, no?”, tomó distancia Cardarelli para redondear la crítica.

Por la tarde, Alejandro Alcaraz López, ex secretario general del Sijupu, se puso en la vereda de enfrente de las actuales autoridades de gremio.

“Como empleado y funcionario judicial, estoy a favor de ir a realizarme el narcotest y exámenes toxicológicos”, escribió Alcaraz López en un posteo en su perfil de Facebook.

Esta noche el sindicato emitió un comunicado de prensa para expresar que el secretario general en la conferencia en “ningún momento expresó estar a favor o en contra del narcotest” y manifestó que el sindicalista lo que hizo fue brindar “un análisis legal de la situación, cuestionando: ¿qué ocurre después del test? haciendo alusión a la normativa y la falta de claridad en el decreto emitido por el Ejecutivo provincial. Cardarelli también explicó los mecanismos legales para destituir a un juez, por lo cual el enfoque de este decreto es más simbólico que funcional”.

En el comunicado el Sijupu manifestó además su “enérgico repudio” a El Chorrillero por “la falta de profundidad en temas esenciales”. La crítica alcanzó también a la Agencia de Noticias San Luis que no había publicado sobre el tema.

En el parte de prensa que el gremio difundió por las redes sociales pasadas las 21 fue más a fondo todavía sobre el decreto que impone los exámenes toxicológicos para detectar la presencia de sustancias psicoadictivas ilegales mientras los funcionarios ejercen el cargo.

“Desde el Sijupu, consideramos que este decreto busca más el aplauso fácil que una solución efectiva al problema. Es preocupante que, en lugar de enfocarse en el tratamiento y rehabilitación de las adicciones, se priorice la penalización. Creemos que las adicciones deben ser abordadas con un enfoque basado en la evidencia”, consignó el pronunciamiento.

En ese sentido se mostró a favor de “tratamientos médicos y terapéuticos: Intervenciones profesionales para tratar las adicciones de manera efectiva; apoyo y rehabilitación: acompañamiento durante el proceso de recuperación, garantizando el soporte emocional y social necesario y preparación para la vida después del tratamiento: facilitando la readaptación social y profesional para quienes se ven afectados por las adicciones”.

“En lugar de enfocarse en soluciones reales, nos preocupa que el Gobierno provincial esté más preocupado por pagar publicidad y manipular la información con fines de politiquería, que por la salud mental de los y las trabajadoras. Esto queda en evidencia en el Presupuesto General de Gastos de la Provincia para el año 2025, donde es escalofriante la cantidad de dinero destinada a la Secretaría de Prensa, mientras los fondos para salud mental y otros servicios esenciales se ven drásticamente recortados”, sigue el texto.

Y finalizó: “Creemos firmemente que un enfoque meramente punitivo no resuelve nada. Penalizar a las personas sin brindarles apoyo o tratamiento no sólo no soluciona el problema de fondo, sino que lo agrava. La adicción es una cuestión de salud, no de criminalización”.