Ataques sexuales y abusos: en San Luis se radican más de una denuncia por día

Entre los números y datos criminales oficiales de San Luis, hay un apartado que merece una especial atención y por el que se debe ubicar una lupa especial por encima. Son aquellos delitos contra la integridad sexual: durante el 2023 se realizaron 459 denuncias.

Las cifras que brinda el Poder Judicial y el ministerio de Justicia de la Nación, se traducen en más de una por día (el promedio es de 1,2). Otro indicador que surge es que, del total de las denuncias en la provincia, 397 son por violaciones y las 52 restantes pertenecen a “otros delitos contra la integridad sexual”.

La cifra es más alta en relación a periodos anteriores, sobre todo hace casi una década atrás. Por ejemplo, durante 2016 fueron registradas 164 víctimas en San Luis, de acuerdo a Nación.

El Chorrillero consultó a actores del sistema judicial como magistrados y también a abogados para conocer qué hay detrás de la estadística fría. También lo hizo con la parte civil con una activista social que vela por las víctimas.

Hay una coincidencia y es que el delito tiene una “cifra negra”, una cantidad de eventos no denunciados por diferentes cuestiones tal como el miedo, falta de acceso a herramientas básicas, impedimento, etc. Es así, que los ataques sexuales pueden, entonces, ser bastante más elevados que la conocida en forma oficial.

Pero también se decanta una falta de políticas de Estado en estos últimos 10 años para evitar que estos hechos se concreten. Si bien hubo un avance tal como la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, no es suficiente.

En las últimas semanas se presentó un caso testigo en Villa Mercedes. Víctor Hugo Figueroa (ahora tiene 60 años), un profesor de básquet, admitió abusar sexualmente de una alumna menor de edad, buscó llegar a un juicio abreviado y recibir una condena de 13 años.

Finalmente, los jueces Mauro D´Agata Henríquez, Fernando Julio De Viana y Daniela Estrada no hicieron lugar al pedido y deberá enfrentar el debate oral por “abuso sexual con acceso carnal reiterado y corrupción de menores, agravado por la edad de la víctima”.

En febrero de este año hubo otro grave episodio. Una adolescente denunció que un hombre entró a su vivienda, robó y la abusó en pleno centro puntano.

“En principio su intención no era robarme lo que llevaba. Me golpeó y manoseó de una forma horrible, lo cual no deseo a nadie. Saqué fuerzas de donde no tenía para sacármelo de encima”, dijo en su momento la víctima.

El acusado, Elías Gómez, fue procesado por abuso sexual con acceso carnal y robo y permanece en prisión preventiva, aunque ese periodo está por finalizar.

A ello se le suma el aberrante caso de una madre enviada a prisión tras ser acusada de abusar sexualmente de su hijo y grabar los hechos. Salió a la luz cuando la mujer envió videos a su expareja, quien, desde otra provincia, alertó a una amiga de la imputada.

Estos episodios son solo algunos que llegaron a la Justicia. Muchos otros permanecen en las sombras.

El integrante del Colegio de Jueces, José Luis Flores trazó un paralelismo entre el paradigma actual y el que se presentaba varios años atrás. “Se han incrementado (las denuncias), no porque no haya existido antes. Hay procesos culturales de por medio que terminan alentando, de alguna manera, a que estos hechos delictivos lleguen a Tribunales y sean juzgados”, puntualizó.

“Se ha facilitado que las víctimas también no se sientan cuestionadas sino protagonistas de la búsqueda de una respuesta legal”, aseveró y señaló que, a la par, se fueron incorporando a los Códigos instancias donde contemplaron nuevos castigos a las conductas.

Seguidamente brindó un dato que impacta: “Antes, de cada 10 delitos dos eran de contenido sexual, los demás podían ser de distintas otras conductas. Hoy estamos exactamente al revés. Estamos hablando de ocho delitos sexuales por dos que no tienen nada que ver”.

Los esfuerzos por parte del Estado en su conjunto desarrollados durante la última década no alcanzan. “En relación a si fueron suficientes o no las políticas para evitar estos delitos, me parecen naturalmente insuficientes. El fenómeno tiene que ver con la necesidad de reconducir algunos valores, como el manejo de los impulsos como un signo de madurez, la sociedad se ha vuelto muy condescendiente con las actitudes inmaduras”, aseveró.

“En lo personal, las políticas me parecen una estrategia necesaria, pero sin duda insuficiente. Entiendo yo que deben apuntar a la prevención a través de las escuelas, de la educación a las familias, a los padres, a los adultos responsables”, sumó y resaltó que la complejidad del abordaje debe ser manejada de manera interdisciplinaria y “no dejar en el segmento judicial la responsabilidad curativa de la experiencia traumática del abuso”.

Flores también explicó que los casos suceden “preponderantemente dentro de la órbita familiar o por personas del núcleo cercano". "Se da a través de lo que se llama el abuso seductivo, en muchas oportunidades”, comentó.

Y precisó que “debemos romper los parámetros de cuentos, donde creemos que el agresor sexual es el hombre feo que está escondido detrás de una planta, lejos. No es así, puede estar muy cerca, puede no ser tan feo y puede no ser el hombre malo”.

Otro aspecto que abordó fue la necesidad de las víctimas y de sus familias a la hora de encontrar respuestas y alivio a través de una condena contra el victimario.

“Lo que pueda alguien querer o creer no resulta relevante en esta última instancia, pero eso no es perversión judicial, no es indiferencia del juez, no tiene que ver con eso. El sistema es lo suficientemente estrecho y reglado como para no dejar en esa instancia la responsabilidad curativa de la víctima”, afirmó y dijo: “El juez avanza sobre los hechos y sobre las pruebas. No está preparado para asumir el conflicto emocional que eso causa muchas veces, más allá de que yo soy consciente y absolutamente testigo de cómo mis colegas buscan un sentido humano a esto”.

La fiscal de Género, María del Valle Duran, precisó otra cifra. Solo en agosto recepcionaron 36 denuncias contra la integridad sexual, de las cuales 29 tienen como víctima a una persona menor de edad. Además, la gran mayoría son pequeñas o mujeres.

“Es uno de los delitos por los que más se denuncia. Abordamos temáticas como violencia familiar, de género, abandono de personas, homicidios, femicidios, etc. Pero es mucha la cantidad de denuncias por delitos contra la integridad sexual. Es un dato alarmante, solo siete fueron denunciantes mayores”, subrayó.

Al igual que Flores esbozó algunas razones detrás del crecimiento: “Creo que se debe a la mayor información que hay sobre temas sexuales, abusos, pero sobre todo en el conocimiento que tienen los niños de los derechos que tienen, que pueden ser escuchados y de que van a ser protegidos ante esta clase de situación. Las escuelas hablan de estos temas, los niños se sienten contenidos”.

Con este panorama, para la funcionaria resultan importantes las políticas profundas de prevención. “Creo que debería hacerse una campaña más fuerte destinada a, no solo denunciar, sino a prevenir el abuso sexual infantil” dirigida tanto en adultos como para niños, niñas y adolescentes.

“Tengo entendido que se implementó hace tiempo la materia de educación sexual en los colegios y también hubo propagandas por televisión, pero no mucho más”, dijo.

Los casos no solo tienen que ver con aquellos gravemente ultrajantes o con acceso carnal, sino que, con los años, se agregaron otras figuras penales tal como el grooming o la tenencia o reproducción de pornografía. Lo que implica también diferentes penas y configura una de las razones detrás del aumento.

“Considero que los gabinetes psicológicos en las escuelas, las clases sobre la temática y la mayor información al respecto que tienen no solo los niños y adolescentes, sino los padres; han facilitado el proceso de contarlo y denunciarlo”, describió la fiscal.

Los agresores merecen otro párrafo. Gran parte de ellos pertenecen al círculo familiar de las víctimas o, al menos, al de conocidos. El “personaje desconocido que depreda”, ocupa un lugar minoritario dentro del espectro de victimarios.

“Son convivientes con los niños o conocidos. Y respecto a adolescentes y jóvenes, se da mucho en un contexto de fiestas donde está por medio el alcohol y las drogas. Hemos visto muchos casos que se despiertan en un lugar que no saben dónde es y fueron ultrajados o agredidos de alguna forma”, contó la fiscal.

Así, explicó que “no hay un patrón, síntoma o signos” para determinar si una persona es un posible abusador sexual: “No, eso no existe. Desde mi punto de vista y por la experiencia en la investigación, lo que puedo decir es que son personas allegadas que tienen mucha confianza. No se da de un día para el otro, no es una violación directa, sino que van manipulando a la víctima”.

Otra de las cuestiones para contemplar es la modificación del Código Penal y Procesal en 2022. La dirección fue tomada hacia el régimen acusatorio, y dejar atrás el inquisitivo. La funcionaria ubicó a la reforma como “muy positiva” debido al acortamiento de los plazos (no solo para estos tipos de delitos sino en su conjunto).

“Hay muchas causas de abuso que todavía están tramitándose en lo que eran los juzgados de instrucción penal. En el anterior sistema. Nosotros iniciamos este régimen en febrero del 2022 y ya todas las primeras causas iniciadas están cerradas. Aunque insisto, son escasos los recursos para un sistema que nos otorga herramientas para poder hacerlo mucho mejor y en menor tiempo”, completó.

Las consultas también fueron realizadas a la integrante de la agrupación Lelikenun y activista social, Cecilia Bertevide quien explicó cómo abordan los casos, el soporte que hacen desde las organizaciones, la respuesta de la Justicia y los cambios culturales que observa en los últimos años en la sociedad.

“En estos 10 años hubo ciertos avances en políticas para la prevención, pero se estancaron y no son suficientes. Perdimos una oportunidad importante. Si veníamos de políticas muy tibias que no alcanzaban para nada, hoy vamos a contramano”, sostuvo.

A modo de ejemplo, precisó que este año desde Nación cerraron un gabinete de acompañamiento de víctimas que contaba con tres profesionales.

Una de las distinciones más importantes que hizo fue que, más allá de que las denuncias atraviesan a todos los niveles sociales, los sectores más vulnerables se encuentran con una serie de trabas e impedimentos para ser contenidos en la búsqueda de respuestas por parte del Estado en general.

“Los abusos son transversales, no es algo privativo solo de una clase social. Pero quien tiene mínimamente ingresos puede tener alguna contención más que otros no sean abogados o psicólogos, por ejemplo. Hay personas que deben esperar mes y medio o dos meses, para tener turnos en centros de salud para recibir asistencia. Es tiempo, gastos, hijos que tienen que cuidar, hay todo un mundo que se va articulando para que sea más difícil para quien no tiene nada o quien menos tiene”, sostuvo.

Uno de los aspectos con el que se topa la víctima de bajos recursos es el seguimiento de la causa: “Si no tiene patrocinador legal es mucho más difícil”.

“Es más pesada la mochila para quienes tienen menos capacidad económica. A veces nunca se hacen las denuncias inmediatamente. Otras son de hace 10, 15, 20 años atrás. Cada persona habla cuando puede, no cuando quiere. Son situaciones sumamente complejas con las que debe lidiar”, dijo.

Por su parte, el abogado penal, Federico Putelli dio cuenta de un análisis de las labores que adoptan en la Justicia y cómo debe existir una atención estatal en todos los niveles para atender cada caso de “manera correcta”.

“Son cada vez más frecuentes”. De esa manera abrió la entrevista el letrado que participó en diferentes defensas de víctimas a lo largo de estos años.

El mejoramiento en la prevención y los protocolos que deben adoptar en todos los estamentos resultan claves para “atacar los abusos”. Hoy “no son suficientes”. Según Putelli, se pueden presentar incluso “desidia” desde las autoridades para el acompañamiento y la protección. Esto no es nuevo para el letrado, sino que viene de un arrastre desde hace años.

“Hay que tener un tino muy importante en cuanto a la activación de protocolos y/o el acompañamiento de los menores. Se debe abordar íntegramente, para lo cual, muchas veces es necesario entrelazar políticas públicas donde se vean equilibradas tanto las instituciones con políticas de prevención, como el Poder Judicial y su correcto trabajo”, manifestó.

El abogado estuvo al frente en un caso que impactó a la sociedad puntana. En la siesta del 24 de octubre de 2022, una alumna de la Escuela René Favaloro fue apuñalada 43 veces por un compañero. Todo ocurrió en una propiedad en construcción en el barrio 131 Viviendas, de la ciudad de San Luis.

Además del violento ataque, la denuncia alcanzaba un posible abuso sexual. Finalmente, el autor Facundo Brítez fue condenado a 13 años de prisión por homicidio agravado por violencia de género (femicidio) en grado de tentativa.

Pero fue absuelto por el beneficio de la duda del delito de abuso sexual con acceso carnal. Putelli, que era querellante, consideró que “estaba constatado”.

“La prevención de estas situaciones podría marcar un antes y un después. Tanto en el seno familiar como en el plano educativo siempre es importante tener esta formación para que se eviten estas situaciones o, si están ocurriendo, dar la contención correcta y los pasos judiciales sin moras. Entiendo que aquí es un desafío importante”, sumó.

Lo cierto es que los casos que llegan a la Justicia continúan en ascenso y en la última década se implementaron políticas para socorrer a las víctimas y prevenir los hechos, pero no fueron suficientes. Con la profundización de los recortes (al menos desde Nación), el escenario se complejiza más.

Fotos Aldo Marchiaro | Video Victor Albornoz | Edición Juan Ledesma