Extendieron otros 120 días la investigación contra Cintia Ramírez y sigue restringida en sus salidas fuera de la provincia

La jueza de Garantía N°4 Natalia Lazarte Otero ordenó la extensión de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra Cintia Ramírez por negociaciones incompatibles con la función, malversación de caudales, incumplimiento de los deberes y fraude en perjuicio de la administración pública. Además, se mantuvieron las medidas de coerción contra la ex secretaria de Deportes, quien no puede salir del país, debió entregar su pasaporte y solo puede hacerlo de la provincia por motivos de salud o laborales.

Ramírez fue imputada por la compra irregular de un colectivo para el club de fútbol femenino que administraba San Luis Fútbol Club (SLFC) cuando a su vez se desempeñaba como secretaria de Deportes. También atraviesa otros procesos judiciales por su desempeño durante el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, entre ellas la construcción de canchas de fútbol de manera exprés, a días de finalizar la gestión.

La extensión de la investigación fue solicitada por la fiscal subrogante N°1 Roxana Alcaraz, a raíz de la dilación en la llegada de documental para la causa, a la vez de la falta de pericias en el vehículo y tasaciones.

El jefe de la Sala Penal de la fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, no se opuso al pedido, aunque consideró que ya había pruebas suficientes para avanzar a la etapa de acusación. Por último, el abogado defensor, Ramiro Rubio, coincidió en la prórroga, pero aprovechó para pedir la morigeración de las salidas de la ex secretaria de la provincia, que fue rechazada.

La audiencia duró 48 minutos. La fiscal empezó justificando las razones detrás del pedido de prórroga. Ella solicitó el cambio de denominación de la causa a “compleja” y pidió la extensión de la IPP por elementos probatorios que faltan por producir entre los que enumeró una pericia contable, de tasación sobre el propio vehículo y expedientes administrativos.

“Según nuestra propia teoría del caso, estamos en condiciones de pasar a la etapa de acusación. Hemos incorporado evidencia, sobre el vehículo Volvo hemos incorporado la pericia técnica. Nosotros no vamos a formular objeciones, sin perjuicio que sea un plazo menor”, dijo por su parte Calderón Salomón.

Rubio recordó dos de los hechos por los que se la está investigando, la compra ilegítima del colectivo marca Volvo y la materialización de 276 transferencias desde la secretaría de Deportes a SLFC. Aquí coincidió en la extensión de la investigación: aseguró que pidieron además de expedientes en papel, de sus copias digitales y no solo de los comprobantes de compra del vehículo, sino de toda la gestión previa que se hizo para saber qué otros funcionarios estuvieron involucrados. Marcó que solicitaron a la secretaría de Deportes dos veces por la documental, pero no obtuvieron respuesta.

A su vez, el defensor insistió en la flexibilización de las medidas de coerción que pesan sobre la ex funcionaria. Actualmente Ramírez solo puede hacerlo por razones laborales y de salud. Para esto, debe informarlo detalladamente a la Justicia, explicar motivos y fecha de ingreso y salida. En su rol de vicepresidente del Federal A de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suele viajar bajo estas condiciones.

Rubio solicitó la “morigeración” de las salidas para cuestiones familiares y de esparcimiento, ya a que su consideración “existe un bloque de medidas de coerción que están azotando a Cintia y está entrando en violación de sus derechos humanos”. En ese momento a la imputada se le cayeron unas lágrimas, la mínima expresión que tuvo durante la audiencia, a la que solo escuchó con atención.

Calderón Salomón planteó que no era el motivo de la audiencia, interrumpiendo el argumento del defensor. La jueza intervino: recordó que bajo el nuevo Código Procesal Penal se permite que en las audiencias se planteen otros temas.

Fue el turno otra vez de la fiscal, aunque rebatiendo y completando algunos argumentos de Rubio. En primer lugar, señaló que no estaban en conocimiento de que requerían de la documental digital; en segundo lugar dijo que citaron a la defensa a una audiencia con funcionarios del ministerio de Hacienda de la provincia para saber sobre la demora de los expedientes y no asistieron.

Sobre las medidas de coerción, la fiscal fue tajante y se expresó en contra de flexibilizarlas. “Se nos ha puesto en conocimiento y entendiendo su labor importante en AFA, es que esta fiscalía no ha puesto objeciones y por suerte no ha tenido que salir por motivos de salud. Pero hay varios procesos abiertos y necesitamos mantenerla sujeta a proceso, ser coherentes con lo que esta fiscalía ha trabajado y no hace discriminación entre lo que es el expediente de la señora Ramírez y otro imputado que nadie conoce. Nunca ha autorizado salidas familiares o de recreación. No podemos tener una mirada distinta”, consideró.

Calderón Salomón insistió en que este pedido debió ser informado previamente y a su vez recordó que hubo salidas en las que Ramírez no respetó los motivos laborales de sus viajes, como fue el caso en el que se difundió que asistió a un concierto musical durante un viaje a Santa Fe.

La jueza escuchó atentamente y finalmente otorgó la prórroga de 120 días “atento a lo manifestado por la fiscalía de las pruebas que restaría cumplir, concurrente con la defensa y atento a la complejidad de la causa".

Por otro lado, coincidió con la fiscal y denegó la flexibilización sobre las salidas de la provincia. “Es una de las medidas más morigeradas y si puede salir para cuestiones de salud y laborales. Se hace para todos los ciudadanos por igual. No se afecta la libertad ambulatoria, es una medida de coerción dispuesta y legal. Corresponde y es proporcional”, concluyó.

A la salida, Ramírez evitó responder preguntas de la prensa y solo dijo “siguen estirándola”, en referencia a la causa.

La ex funcionaria también está imputada en otra causa junto al ex secretario General de la Gobernación, Miguel Berardo por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por tres hechos en concurso real, en perjuicio de la administración pública.