Indagan a la ex funcionaria de la UNViMe que alteró el sistema de liquidación para subirse el sueldo 100 veces

Este jueves a las 10 la ex secretaria de Hacienda de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), Claudia Alejandra Grando deberá presentarse a indagatoria en la Justicia Federal de Villa Mercedes.

Está acusada de “daños y abuso de autoridad” por modificaciones que hizo al sistema informático de la institución unos días antes de que terminara la gestión del rector David Rivarola.

Según explicó el asesor legal de la casa de estudios, Juan Manuel Quiroga, el 7 de diciembre de 2023 se realizó la denuncia por un "sabotaje al software que trabaja con las liquidaciones de haberes de todo el personal de la universidad”.

Las alteraciones incluyeron distintas fórmulas variables internas, que luego iban a impactar en los sueldos de los trabajadores. En algunos casos, los salarios se disparaban a $20 millones.

Debido a que el personal del área detectó a tiempo los cambios, no se registró un impacto en las remuneraciones.

“Sí hubo un daño y un perjuicio en la universidad porque tuvo que afrontar recursos administrativos que no estaban previstos para la situación. Se tuvo que contratar pericias informáticas que también generan una erogación económica para la institución”, explicó Quiroga en diálogo con El Chorrillero.

Señaló que también hubo reclamos de algunas docentes en relación a la fórmula de cambio de antigüedad, y aclaró que el movimiento está rectificado.

A través de las pericias se pudo determinar que el usuario “ClaudiaG”, quien tenía ingreso al SIU Mapuche (el software que utilizan las universidades nacionales para la elevación de haberes), había ejecutado las modificaciones el 31 de octubre.

La acusada podrá ejercer este jueves su derecho a la defensa y manifestar lo que entienda que es necesario, o abstenerse, o no asistir: “Hay que respetar mucho el debido proceso, hay que respetar la indagatoria, pero lo que sucedió ha sido muy grave porque es un sistema de liquidación de haberes de una universidad nacional donde hay salarios de más de 500 personas que se deben pagar”.

La principal hipótesis que sostiene el asesor legal es que las modificaciones se llevaron adelante con el fin de “sabotear” a la nueva gestión, ya que el rector Marcelo Sosa asumió el mismo día que ocurrieron los cambios en el sistema, según la pericia.

“La gestión universitaria está muy comprometida trabajando en la regularización administrativa. Hay muchas irregularidades en la universidad, entre ellas cuestiones que tienen que ver con lo económico y lo patrimonial, por ejemplo, el no pago de las contribuciones de los trabajadores de la universidad, que va haciendo una deuda de $200 millones. Todo ese daño de no pagar genera después intereses moratorios, punitorios y se acumula una deuda que no está prevista, que termina afectando al patrimonio, termina afectando a las becas y afectando al funcionamiento de la universidad”, concluyó el abogado.