El Gobierno finalizó la normalización del Pueblo Ranquel
Apenas iniciada la actual gestión, fueron denunciados Alberto Rodríguez Saá (h) y Sergio Freixes por autonombrarse lonkos por usufructuar los recursos de la comunidad originaria. Hoy se regularizó el funcionamiento y recuperaron la conducción
La administración de ahora en más estará a cargo del lonko Víctor Baigorria, quien fue designado por la comunidad.
La intervención del Gobierno provincial había iniciado el 28 de diciembre del 2023 cuando la gestión de Claudio Poggi destapó una olla de corrupción: el ex ministro de Obras Públicas, Alberto Rodríguez Saá (h) junto al ex senador y ex ministro de Producción, Sergio Freixes y su secretaria privada Sofia Aguilera, se hicieron designar lonkos y desde esa posición manejar discrecionalmente el patrimonio del pueblo originario.
En el mandato de Alberto Rodríguez Saá, se hicieron nombrar responsables de la dirección y administración de la comunidad para gestionar sus riquezas y sus tierras.
A partir del recambio de autoridades, el pueblo ubicado a 200 kilómetros de la capital, inició con la reconstrucción.
Este martes, el gobernador Claudio Poggi y funcionarios del Gabinete mantuvieron un encuentro con la comunidad para formalizar la finalización de la normalización.
“Con ustedes hemos cumplido lo pedido. Antes eran rehenes, ahora son libres. No los voy a abandonar, voy a venir y los voy a ayudar cuando ustedes lo soliciten. De ahora en más toda la administración pasa por ustedes”, sostuvo Poggi.
La contadora de la Municipalidad, Leticia Salvatierra, brindó de detalles del ordenamiento. Encontraron trabajadores en negro, deudas millonarias con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y desigualdad de condiciones.
“De los 23 empleados sólo 12 estaban registrados y nunca recibieron sus recibos de haberes. Todos sin ART porque se debía una suma millonaria. También había un trabajador y 10 mujeres trabajadoras que no estaban registrados y eso significaba una gran desigualdad de género”, explicó.
Claudio Poggi junto al lonko Víctor Baigorria. (Foto: ANSL).
Presentaban un bloqueo de constancias de la AFIP, al igual que la imposibilidad de emitir facturas o guías. Había irregulares del IVA y faltaba la presentación de boletas sobre el Impuesto a las Ganancias y regímenes de información.
Había una deuda acumulada desde 2016 por falta de pago de Ingresos Brutos por más de $14 millones y otra del Impuesto a los Automotores que databa de 2017 y superaba los $12 millones.
“El bloqueo de constancia de AFIP, significó que el municipio en sí no era capaz de hacer su administración por tener tantas deudas. No había IVA porque se presentaban de manera irregular. El municipio nunca había hecho una presentación de declaración jurada, por ejemplo”, aseguró la funcionaria.
También indicó que eran numerosas las empresas externas que utilizaban los terrenos y recursos sin contrato de por medio, omitiendo la facturación.
De las 8003 cabezas de ganado, el 50% estaban por fuera de los registros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
El acceso a la laguna y su explotación es otra mención. Allí solo podían ingresar funcionarios albertistas y amigos del poder, pero no los habitantes del pueblo. Los recursos obtenidos por tratos comerciales y la utilización del espejo de agua nunca se vieron reflejados en las cuentas.
Las deudas incluían combustibles, fletes, talleres mecánicos, pasivos comerciales, caballos y otros impuestos, de los que tampoco hay rastros.
Con todo este panorama el Gobierno provincial comenzó a actuar.
Hubo un incremento de 1422% de recursos respecto a 2023, todos los empleados quedaron correctamente registrados y hubo una recomposición salarial de 114% para los hombres y 104% para las mujeres.
Por otra parte, la deuda impositiva de más de $13 millones quedó totalmente saldada a través de la moratoria provincial.
“También otorgamos cinco becas estudiantiles, algo que propuso el gobernador en la primera asamblea y de ahora en más, los longevos pueden percibir ayudas económicas equiparadas a una jubilación mínima”, sumó Salvatierra.
En la asamblea que se llevó adelante, los normalizadores, Carlos Amondarain y Darío Oviedo Helfenberger, firmaron el documento de cese de la intervención gubernamental.
“Es una instancia fundamental para el municipio, hay algunas cuestiones que seguimos trabajando, pero no dudo que van a tener la capacidad de salir adelante”, subrayó Amondarain.
En tanto que Baigorría se detuvo en recordar los manejos de la anterior administración: “Yo fui elegido por la comunidad como lonko pero no importaba eso. Siempre pasaban por encima mío, yo no tenía poder de decisión para nada”.
También mencionó cómo trabajaban antes de la intervención y como lo hacen ahora: “Ahora trabajamos en libertad, somos libres. Tenemos horarios, no tenemos a nadie que nos esté apurando para que trabajemos y sabemos a dónde van nuestros frutos”.