Causa por certificados médicos truchos: “Hasta el 7 de noviembre siguieron comercializándolos”
La fiscal Alejandra Quiroga Nassivera se refirió a la investigación que tiene a dos imputados. Habrá una nueva indagatoria a quien imprimía los documentos falsos.
En marzo, un médico denunció ante la Justicia la emisión de certificados médicos falsos que llevaban su firma y que eran ofrecidos a través de las redes sociales. A raíz de la investigación, en septiembre formularon cargos a Paola Tonelli y Augusto Toledo por el delito de falsificación de documentos públicos y privados.
Mientras la investigación continuaba se determinó que el hombre era un trabajador de una escuela y seguía con la maniobra pese a la imputación. La Fiscalía de Estado se constituyó como querellante debido a que más de 80 empleados públicos habían adquirido y presentado estos certificados.
La fiscal adjunta, Alejandra Quiroga Nassivera, explicó que la modalidad consistía en ofrecer a través de Facebook y WhatsApp certificados médicos, licencias, aptos físicos, psicológicos, libretas de salud de niños y hasta formularios de Anses.
“En algunas publicaciones figuraban los montos, que partían desde los 1800 pesos y dependía la cantidad de días”, precisó.
Toledo, no sólo encabezaba la maniobra ilícita, sino que también presentaba esos documentos en el establecimiento donde se desempeñaba para ausentarse y seguir percibiendo los haberes.
En junio se realizó el primer allanamiento donde secuestraron recetarios médicos con firmas y sellos falsos, formularios de Anses, hojas de prueba de sellos, copias de DNI, y el teléfono personal de la mujer.
En un segundo “llegaron dos personas a buscar certificados, uno de ellos era policía. Se ordenó comunicar eso a jefatura y ellos iniciaron una investigación”. “La semana pasada nos llegó el informe de otras personas que también habrían presentado certificados”, contó.
“A partir de las pesquisas a los teléfonos secuestrados durante los allanamientos, surge una tercera persona que participaba en este hecho delictivo”, transmitió Quiroga Nassivera. Se trata de una mujer que presuntamente tenía a cargo la impresión de los documentos apócrifos.
En este sentido, adelantó que en la ampliación de formulación de cargos se modificará la calificación.
“Ahora, con una tercera persona podría haber una asociación ilícita y el Estado denuncia fraude a la administración pública porque presentaban certificados falsos para poder gozar de licencias que en realidad no les correspondían y mientras seguían cobrando su salario”, sostuvo la fiscal.
En la misma línea, no descartó la posibilidad de solicitar prisión preventiva debido a que continuaron comercializando los documentos “por lo menos hasta el 7 de noviembre”.
En este sentido, la semana pasada, fiscalía de Estado se presentó como querellante en la causa porque parte de los documentos apócrifos iban a la administración pública.
Fue a raíz de eso que este miércoles, el Gobierno provincial echó a 19 personas que habían formado parte de la irregularidad.