Una fiscal fue denunciada de robar el dinero secuestrado en un allanamiento

Las sospechas sobre el accionar de la fiscal Daniela Torres comenzaron el 16 de octubre cuando el juez Matías Farinazzo Tempestini ordenó que devolviera un dinero que se había incautado en un allanamiento. La conclusión fue el apartamiento de la funcionaria en la causa y una denuncia ante el procurador General, Luis Martínez.

María Lorena Rodríguez pidió que le reintegraran el dinero secuestrado de su casa. Es la madre de dos hombres implicados en un delito (Alejandro Rodríguez y Facundo Josué Sosa), por eso la Policía requisó su casa e incautó varias pertenencias. Como consta en los expedientes, lo que buscaban eran dólares, pero igual de la propiedad se llevaron plata argentina en efectivo. Para resolver esta cuestión el juez Matías Farinazzo Tempestini fijó la realización de una audiencia que se suspendió dos veces a pedido de Torres. Primero el 12 de septiembre (porque debía realizarse una pericia) y después el 9 de octubre (por tener audiencias programadas).

Finalmente se concretó el 16. Porque, aunque Torres volvió a pedir que no se realizara, el magistrado se lo rechazó. Estuvieron presentes, Rodríguez con su defensora, Elena Pradel; y Torres que concurrió con la fiscal Julieta Moyano. Además del juez y una secretaria del juzgado.

El requerimiento del dinero se basó en que la Justicia buscaba dólares, y que de igual manera secuestró pesos, y que además le pertenecía a la mujer y a no a sus hijos que son los investigados. Justificó que el monto era el resultado de una pensión, un préstamo y los “sueldos” del Plan de Inclusión.

La Fiscalía se opuso a la devolución porque ese dinero pudo ser producto de “la venta de los dólares”.

En siete meses (desde que se cometió el delito hasta la actualidad) se hicieron pericias en dispositivos electrónicos y celulares, pero no dieron resultados positivos para la investigación. Valoró que Torres tenía previsto nuevas pericias, y que eso no debía “afectar el derecho de Rodríguez”.

Por esto ordenó la devolución inmediata de $473.020

El auto interlocutorio que redactó el juez para advertir las irregularidades de la fiscal, transcribió el diálogo que mantuvo con Torres.

La primera pregunta que le hizo: “¿Dónde está el dinero?”.

(Torres)-Está en la cuenta judicial de procuración.

-¿Está depositado en una cuenta judicial?

-Son los procedimientos que tenemos que hacer nosotros.

-¿En una cuenta judicial?

-De Procuración.

-¿En una cuenta judicial de…?

– De Procuración.

-¿No es que está individualizado el dinero en billete? Digamos, ¿está el monto en una cuenta bancaria?

-La fiscal asintió con la cabeza.

Posteriormente Torres expresó que iba a interponer un recurso de apelación con efecto suspensivo, y mientras estaba por resolver el juez, “sin pedir permiso ni haber finalizado mi resolución ni la audiencia, junto a la fiscal Moyano, se levantan y se retiran de mal modo, por lo que dispongo solicitar a procuración sanción”.

La defensa hizo presentaciones el 17 y 18 porque no se hacía efectiva la orden. El 18 a las 13:21 le notifican por WhatsApp, desde el teléfono de la secretaria, de la solicitud de informes para saber los motivos de la demora en entregar la plata.

“Sí ya vi. Yo entro de licencia. Besos mil”, fue la respuesta de Torres.

El 23 Rodríguez fue al juzgado para exponer que la fiscal le dijo que el dinero estaba en la Comisaría 29º. Que después llamó a la dependencia y que le dijeron que “era imposible” que el dinero estuviera ahí. Que después fue por segunda vez a la fiscalía y Torres no estaba (todavía no llegaba). Le pidieron que fuera más tarde.

El 25, como el juez no tenía respuesta de la fiscal, le pidió a Procuración que informe en el plazo de 24 horas si se ha dado cumplimiento a la devolución requerida, y si no era así que comunicara si existe “cuenta judicial de procuración”.

La respuesta fue que “no existen”.

Para Farinazzo Tempestini, Torres “mintió” e “incumplió”.

El 28, Rodríguez realizó una nueva presentación. Cuando por tercera vez se condujo hasta la fiscalía, le dijeron que volviera el viernes, que iban a librar el oficio para hacer la entrega. Insistieron que el comisario Correa tenía el dinero. Regresó a la Comisaría 29º y ese efectivo no estaba, entonces acordaron que le darían el mensaje a él.

El 29 el juez ordenó a la oficina de secuestros judiciales saber cuáles eran los elementos incautados en la causa. La respuesta fue una lista de objetos, entre los que había pares de zapatillas Adidas, y varias prendas de vestir. Pero no estaba el dinero.

Después de eso, Rodríguez declaró que un policía fue hasta su casa porque la llamaban de la Comisaría 29º, donde tenía que presentarse hasta antes de las 20:30. Fue y pidió hablar con Correa, quien la atendió y le dijo que esperara porque “estaba llegando la fiscal con el dinero”. Dijo que Torres “llegó a las 21:15 en un móvil policial” y que ingresó “por la parte de atrás” del edificio.

En ese lugar fue donde finalmente le entregaron su plata, aunque no el mismo monto (los $473.020 establecidos), sino $455.000. Además seis celulares y una Tablet, y expuso que el suyo “estaba desarmado”.

El 3 de noviembre Torres elevó el informe al juez que debía responder en 24 horas.

Adjuntó los comprobantes de que el secuestro se había entregado, y se disculpó por su comportamiento “errático”. Le aclaró que no quiso “faltar a la verdad” sino que fue “producto de un día de estrés”.

Le pidió que “en lo posible no fije audiencias en la sala de Sentencias donde no hay aire y es imposible respirar”, o que le permita que se hagan “de modo remoto” o en su despacho: “Donde tengo sistema de cámaras y micrófono para sistema webex”.

También está incluido el informe que respondió Torres al procurador Luis Martínez.

Allí negó haberse retirado antes de finalizar la audiencia, y explicó que la plata se entregó en la Comisaría 29º porque era próxima a la casa de Rodríguez, porque la mujer manifestó que iba a denunciar a dos efectivos de la 11º (donde se labraron las actuaciones) y por “el comportamiento violento de Rodríguez”.

Reconoció que al juez le manifestó “dichos que no son ciertos”. Que en ese momento estaba en pleno turno, que estaba “cansada y que en la sala no se podía respirar”. Que se “llevó una sorpresa” cuando no encontró los elementos y que “nublada” en su juicio dijo lo que dijo.

“Mi intención nunca fue faltarle a la verdad a SS por eso desde el primer momento busqué corregir mis errores. No entiendo la necesidad de llevar esto más lejos”, expresó la funcionaria en la contestación al procurador. Y en otro pasaje dijo: “Esto se podría haber solucionado con el diálogo y no con estos informes que no contesté antes por estar con detenidos”.

Farinazzo Tempestini advirtió que el proceder de la fiscal fue contrario a la ley y que afectó “el debido proceso, el patrimonio de la sra. Rodríguez y la administración de Justicia como valor y bien jurídico protegido”.

Consideró además: “Ha procurado que un juez resuelva a su favor basándose en afirmaciones falsas, mintiendo en una audiencia y al día de la fecha no ha dado cumplimiento a la orden de devolver los $473.020 pesos argentinos secuestrados en el allanamiento”.

Tuvo en cuenta que fueron dos hechos “de incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El primero fue “la falta de aplicar el procedimiento previsto en la ley para la guarda custodia y resguardo del dinero secuestrado”, y el segundo por expresar en audiencia “manifestaciones que no eran ciertas” para obtener una resolución judicial que favorezca “su pretensión”.

Al final resolvió apartarla de la causa donde se investiga a Manuel Rodríguez y Facundo Sosa, y solicitó que se designe a otro fiscal.

También resolvió denunciar formalmente a Torres ante el Procurador General de la Provincia, Luis Martínez, en su condición de jefe de fiscales, “por la posible comisión de delitos de acción pública”.

Del mismo modo hacerlo ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la Provincia de San Luis “por su actuar doloso y contrario a la ley configurativo de las causales de remoción previstas en los Art. 22.I.e; 22.I.o; 22.II.e; 22.II.i y 22.V”.

Además dispuso comunicarlo al Superior Tribunal de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Oficina de Sumarios Administrativos del Poder Judicial, y al Ministerio de Seguridad a “efectos de que efectúe las investigaciones que estime corresponder sobre la participación y responsabilidad de los policías de Comisaria 29º”.