La Provincia adhirió a la Ley de Barrios Populares

El Senado en su última sesión del período ordinario aprobó por unanimidad la adhesión de la Provincia a la ley de Barrios Populares.

Ahora el Gobierno podrá celebrar convenios con el Gobierno nacional y los municipios en los que se encuentren los bienes inmuebles incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) para generar proyectos de integración sociourbana y regularizar la situación dominial de asentamientos y villas.

El fin de la iniciativa es generar las condiciones para mejorar la calidad de vida de sus ocupantes, transferir la titularidad de los bienes inmuebles en las jurisdicciones locales y no afectar el proceso de expropiación.

Estos detalles fueron brindados por el senador Martín Olivero, del bloque Cambia San Luis, como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria. El legislador recordó que el proyecto fue impulsado por el Gobierno provincial, a través de su dirección de Barrios de Populares, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.

El representante del departamento Pueyrredón explicó que el objetivo principal de la norma nacional fue la regularización de los barrios incluidos en el Renabap. La adhesión provincial también establece la creación de un observatorio de las políticas del área dependiente de Desarrollo Humano.

Duros datos de la pobreza en San Luis

Olivero valoró el trabajo del director de Barrios Populares Joaquín Mansilla y el subdirector Ariel Braverman. Ellos hicieron un relevamiento de la situación en la provincia, con duros datos de la situación social heredada por la gestión de Alberto Rodríguez Saá.

“Hace prácticamente 10 años con una fuerte crisis económica, no solamente nacional sino también de la provincia y con una falta importante de políticas agresivas en materia habitacional, vemos que también en San Luis empezaron a proliferar los barrios populares, los asentamientos y las villas”, aseguró.

“Seguramente si hace 20 años nos hubieran preguntado a cualquiera de los que vivimos en San Luis que en el territorio puntano iba a haber más de 32 asentamientos, villas o barrios populares, no lo íbamos a creer”, agregó.

La dirección de Barrios Populares identificó estas poblaciones distribuidas en ocho municipios, en el que viven alrededor de 4 mil familias. De ese total, 13 quedan en la ciudad de San Luis. De la capital, el 41% de las familias no cuentan con un servicio formalizado de electricidad, agua, gas ni cloacas y el 32% cuenta con uno solo de los servicios. A su vez en estos barrios, un 91% de los vecinos del relevamiento no cuentan con dos servicios básicos y el 17% no tienen ni siquiera un baño.

“A diferencia de las políticas asistenciales para contener el aumento de la pobreza, la regularización y escrituración de barrios populares ataca estructuralmente la problemática generando un importante patrimonio a las familias que no cuentan con una vivienda. Todos sabemos lo importante que es para la familia tener el título de propiedad”, argumentó.

Hay otros barrios en localidades como Merlo, Concarán, Quines y Buena Esperanza. “En algunos casos va a ser inmediato y más fácil la transferencia de titularidad. En otros va a ser un proceso más prolongado porque las situaciones no son iguales, pero lo cierto es que por una cuestión de estricta justicia social es lo que vamos a comenzar a hacer”, cerró.

Debate con el albertismo

El senador Hugo Olguín, del bloque opositor albertista, quiso diferenciar la pobreza estructural de la social. “Dijeron que en la provincia de San Luis tenemos problemas de pobreza estructural. Yo creo que no. Los números dicen otra cosa. La provincia de San Luis tiene de acuerdo al último censo 540.548 habitantes. Y a modo de ejemplo el acceso a las cloacas en la provincia es del 74,5% de la población. El de pozo ciego y cámara séptica, el 24%”, enumeró.

“Lo doy a título de ejemplo de que la pobreza estructural no existe casi en la provincia de San Luis”, dijo destacando también el número de viviendas que hay en la provincia y la posibilidad de generar estrategias con las consideradas ociosas, en alquiler o para vacaciones.

“Si tenemos en cuenta que la provincia de San Luis está con más del 50% de las viviendas sociales, creo que es allí donde se tendría que apuntar para hacer una cobertura de los que está faltando. Algunas, principalmente viviendas sociales, han sido para uso de una segunda vivienda, de vacaciones, otros las han alquilado o no viven”, propuso.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y tratar realmente de ocultar lo que fueron los ocho años anteriores de un gobierno que empobreció a San Luis es realmente lamentable. Le voy a decir al senador Olguín que no tiene por qué saberlo, porque representa a otro departamento, que puede ir al barrio La Vecindad, Tibiletti, Estrella del Sur, La República, V Centenario, 9 de Julio y ahí se va a dar cuenta lo que es la pobreza estructural y lo que es vivir sin ningún servicio”, le contestó Olivero.