Confirmaron la prisión preventiva a la pareja que vendía certificados médicos truchos a empleados públicos
El Tribunal de Impugnaciones rechazó el pedido de la defensa de Paola Valeria Tonelli y José Toledo de revocar la medida y confirmó la resolución dictada por la jueza. Están acusados e asociación ilícita y defraudación en la administración pública permanecerá privada de su libertad en el Servicio Penitenciario Provincial.
El abogado Federico Farías, solicitó al tribunal que revoque la medida de coerción contra sus defendidos y propuso que el proceso judicial lo transiten bajo prisión domiciliaria. El defensor además informó que ambos “padecen graves problemas de adicciones y necesitan un tratamiento especial”.
Farías también mencionó que la acusación es por delitos excarcelables por lo que la prisión preventiva aplicada es “desproporcional e improcedente” y que ni Paola Tonelli ni José Toledo tienen “fondos para fugarse y que tampoco tienen antecedentes penales”.
El fiscal de Instrucción Esteban Roche y el representante de Fiscalía de Estado, Santiago Salomón Calderón pidió que se rechace lo solicitado por la defensa y que se confirme lo ordenado por la jueza de Garantía, Agustina Dopazo Samper. En ese dictamen, la magistrada ordenó 30 días de preventiva.
Jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón y fiscal de Instrucción, Esteban Roche.
“Existen riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación por es importante cautelar la investigación con la prisión preventiva. Se debe tener en cuenta el comportamiento de los imputados en el proceso, que luego de que se le formularon cargos continuaron emitiendo certificados falsos. Existe una reiterancia delictiva. Hay una tercera persona involucrada por eso se agregó lo de la asociación ilícita. Y justamente por la modalidad de los delitos, que fueron cometidos en el domicilio de los imputados, solicitamos que no se haga lugar al pedido de prisión domiciliaria”, dijo el fiscal.
“Se les formularon cargos y continuaron delinquiendo. Hubo un segundo allanamiento en la causa con resultado positivo por lo que ninguno quiso estar a derecho y por lo contrario, desafiaron a la justicia”, expresó Santiago Salomón Calderón.
El 26 de septiembre pasado, el fiscal N° 3 Roche, imputó a la pareja por el delito de falsificación de documentos públicos y privados luego de que un médico denunciara ante la Unidad de Abordaje Fiscal, que los acusados usaban su sello y firma para emitir certificados médicos y ofrecerlos por internet a cambio de dinero.
La decisión del tribunal
Luego de escuchar a cada una de las partes, el presidente del tribunal, Jorge Sabaini Zapata, informó que no correspondía hacer lugar a la solicitud de la defensa de los imputados y confirmó la decisión de Dopazo Samper.
“A los acusados se le formularon cargos y continuaron con los hechos delictivos por lo que este elemento nos hace poner en foco que no se ajustaron a derecho. Esto nos hace suponer que puedan entorpecer la investigación y la posibilidad de adulterar información por lo que existe un riesgo procesal”, dijo el juez y concluyó: “entendemos que la resolución de la jueza es ajustada por lo que este tribunal confirma su resolución”.
El tribunal estuvo integrado por Jorge Sabaini Zapata en la presidencia, y las vocalías de Yanina Del Viso y Marcelo Bustamante Marone.
Tribunal de Impugnaciones.
A la pareja se le formuló cargos el 26 de septiembre y se les ordenó la firma del libro de Fiscalía por sesenta días y la prohibición de salir del territorio provincial. A pesar de las medidas de coerción impuestas, la fiscalía tomó conocimiento que continuaron con la actividad delictiva. Un certificado médico con fecha del 11 de octubre de 2024 fue una de las pruebas que motivó a la Fiscalía a solicitar un nuevo allanamiento.
Por lo que se les volvió a formular cargos el 26 de noviembre. En esa audiencia se le dictó la prisión preventiva para ambos por el término de 30 días. Además de Tonelli y Toledo, se imputó a Graciela Apaza Señani por falsificación de documentos públicos y privados y asociación ilícita, a quien le ordenó, como medidas coercitivas, la firma del libro de Fiscalía por noventa días y la prohibición de salir del territorio provincial.
El Tribunal de Impugnaciones es el encargado de revisar las decisiones de los jueces de garantías u otras resoluciones judiciales susceptibles de ser impugnadas, garantizando que se respeten los derechos de las partes y que los actos procesales cumplan con los principios de legalidad y justicia.