Pese a que estaba imputado, el procurador sostuvo al fiscal denunciado por violencia de género y recién ahora elevó la causa al Jury

El fiscal Adjunto, Fernando Andrés Salas, afronta una investigación penal por una denuncia de violencia de género formulada en el 2023 por su ex esposa. Por este hecho fue imputado y pese a eso, el procurador General, Luis Martínez, lo sostuvo en el cargo por más de un año y recién ahora elevó la causa al Jury de Enjuiciamiento.

Este martes se realizó la audiencia de control de acusación en la causa que tiene como procesado al funcionario y después de eso el jefe de los fiscales tomó la determinación.

Según un comunicado que emitió  la oficina de prensa del Poder Judicial, Martínez se basó en las causales de remoción del cargo que están establecidas en los apartados III y V del artículo 22 de la Ley Nº VI-0478-2005 de Jurado de Enjuiciamiento, denominación y ámbito de aplicación. Esas son: inconducta, específicamente por la presunta comisión de actos inmorales o indecorosos que podrían generar descrédito público, la comisión de delitos comunes y otros posibles motivos que surjan de los hechos expuestos en la acusación al fiscal.

Los integrantes del Jury evaluarán las actuaciones para determinar si le abren causa.

El procurador Martínez sostuvo hasta ahora al fiscal Salas pese a que el artículo 14 de la Ley de Administración de Justicia que “establece que no podrán ser designados como magistrados, funcionarios o empleados quienes fueron condenados o estén procesados por hechos dolosos”.

En la audiencia de hoy, se terminó la elevación a juicio de la causa por los delitos de amenazas y desobediencia, en cinco oportunidades cada uno, en contexto de violencia de género y en concurso real.

Además, se mantuvo el pedido de pena que hizo inicialmente el fiscal Maximiliano Bazla Cassina de dos años de prisión en suspenso.

Salas cumple funciones home office, tiene una tobillera electrónica y cumple funciones en atención de la fiscalía de Género, responsabilidad que fue encomendada por Martínez.

Una medida polémica

Durante la audiencia, el abogado de la ex pareja de Salas, Santiago Calderón Salomón, planteó la renovación de la medida coercitiva contra el imputado, es decir, el uso de la tobillera electrónica y la orden de restricción de acercamiento porque vencen el 27 de diciembre.

Uno de los fundamentos que utilizó el letrado fue la resolución N° 20 MPF – LEY IV-1052-2021 del procurador, con fecha del 14 de noviembre, referida al receso judicial de enero de 2025.

Está prevista una mudanza en febrero de las fiscalías al tercer piso de Tribunales. Allí trasladarán todo incluido los cuerpos auxiliares como los psicólogos y delitos complejos. Pero, además, habla sobre los turnos en que trabajarán durante la feria.

El problema es que su clienta, que integra el cuerpo de profesionales porque es psicóloga, y Salas fueron designados en forma simultánea en la feria bajo la misma jurisdicción y en oficinas pegadas

“Teniendo la posibilidad de separarlos, les fijó la misma fecha, o sea, la segunda quincena de enero. Parece una burla. Entonces si a él se le quita el dispositivo (tobillera) compartirán el mismo espacio físico y turno porque el cuerpo de psicólogo depende del fiscal jerárquicamente, es decir, el imputado sería el jefe de ella. A raíz de esto planteamos que era una violencia institucional y entendíamos que no se tenían en cuenta los derechos de las víctimas porque no se estaba custodiando su bienestar psicológico”, sostuvo.