El Gobierno avanzará en el ordenamiento de los beneficiarios del Plan de Inclusión que prestan servicios en instituciones y municipios
El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini informó que a partir de la próxima semana empezarán a firmar los convenios para regularizar la situación de unos tres mil trabajadores.
El Gobierno anunció hoy que avanzará en un proceso de ordenamiento de los beneficiarios del Plan de Inclusión Social que se desenvuelven en organizaciones no gubernamentales y bajo la órbita de intendencias.
El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, en conferencia de prensa este lunes explicó los detalles del procedimiento con el que el Gobierno busca regularizar la situación de unos tres mil trabajadores. De esta manera quedarán fijadas las pautas y responsabilidades de las instituciones como de los beneficiarios.
El funcionario informó que a través de este proceso se busca “darle tranquilidad a los dirigentes de las ONG y a los intendentes, además de tomar ciertos resguardos respecto a la prestación y a la atención por parte de la ART; por eso necesitamos saber exactamente las tareas que están realizando y los horarios”.
Cada uno de estos trabajadores fue relevado por parte del ministerio. “Cuando hace poco más de 1 año asumimos el Gobierno, en realidad no teníamos datos ciertos sobre la ubicación y dónde se desempeñaban, si que son alrededor de 21 mil. Hoy sabemos exactamente dónde están, quiénes son, qué tipo de contraprestación están brindando y creemos que el paso importante es formalizar acuerdos con las ONG”, aseguró.
El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, en conferencia de prensa.
Son alrededor de 3.000 beneficiarios los que están distribuidos en toda la provincia, tanto en municipios como en ONG, aunque el dato se confirmará. “Cuando hablamos de ONG nos referimos a clubes, algunos centros sociales y bibliotecas”, dijo y agregó: “No estamos pensando ni en aumentar ni en disminuir la cantidad, sino simplemente en regularizar a través de un convenio institucional que fije las pautas y las responsabilidades de cada parte”.
A partir del 10 de febrero, y durante 60 días, se formulará la convocatoria a los dirigentes para cruzar los datos y firmar los convenios.
El funcionario explicó que se va a controlar que las ONG que cuentan con beneficiarios hayan realizado el proceso de regularización del programa de Fortalecimiento Institucional.
“No queremos que piensen que porque una entidad no está regular vamos a retirarle los beneficiarios. Sí vamos a ayudarlos a que regularicen su situación, porque si no, no podríamos firmar estos convenios”, dijo.
Bertolini explicó además que quedan pocos trabajadores desempeñándose en las parcelas.
“Me atrevería a decir que no superan los 1.000 o 1.500 personas en el Gran San Luis. De a poco hemos ido incorporándolos a distintos espacios para que sea más efectiva la contraprestación. Tratamos de que no sigan en una parcela limpiando solamente un espacio de tierra, sino que hagan una actividad con la que se sientan bien y que de alguna manera también sean visibilizados. Son menos los que están quedando y de a poquito vamos haciendo un proceso de integración”, sostuvo.