Lo liberaron porque no encontraron vínculo con el tráfico de drogas y su hermana garantizará las medidas que impuso un juez

Al vencerse este fin de semana la prisión preventiva que cumplían dos hombres imputados por transportar casi 400 gramos de cocaína, se realizó una audiencia en el Juzgado Federal de Villa Mercedes. Lo que debía resolver el juez Juan Carlos Nacul es si continuaban en el Servicio Penitenciario Provincial, o los dejaban libres.

En la madrugada del 26 de febrero Santiago Álvarez y Lucas Ríos evadieron un control policial, hubo una persecución hasta que fueron demorados en el peaje de Vizcacheras. El Ministerio Público Fiscal, que estuvo representado por el fiscal Danilo Miocevic, y la auxiliar fiscal, Natalia Salsamendi, dio detalles del procedimiento y por qué se formularon cargos a los dos, por el mismo delito y en calidad de coautores.

Para el primero solicitaron que continúe en prisión por otros dos meses, y fundamentaron que no se han modificado los peligros procesales. Tuvieron en cuenta que Álvarez estaba con libertad condicional al momento del hecho (desde el 19 de mayo de 2023), y que tenía dos condenas unificadas, que vencen en septiembre de este año. Una causa es por droga y otra por robo calificado. Tampoco tiene arraigo en la ciudad, ni trabajo en relación de dependencia, ni conocido.

No pudieron dejar de lado la actitud que tuvo Álvarez cuando lo requisaron: destruyó el celular en ese momento. El equipo fue enviado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico en Buenos Aires, donde “están haciendo un gran esfuerzo para recuperarlo ya que quedó destrozado". Lo que interesa es la información que puede tener sobre una posible cadena de tráfico. Estuvo representado por el defensor Reynaldo Pastor.

Para Ríos, quien conducía el vehículo al momento de ser detenidos, requirieron la libertad. Explicaron que en estos dos meses de investigación “surgieron nuevos hechos”. No encontraron indicios que lo relaciones con alguna conducta delictiva: “En su teléfono no hay conversaciones que lo relacionen a charlas narcocriminales”.

Se comprobó el arraigo, se realizó un informe socioambiental y se comprobó que vive en la misma casa hace 18 años (los servicios están a su nombre y de eso surge su dirección), y era operario de una fábrica, donde trabajó hasta su detención (tiene 17 años de antigüedad). Su abogado, Pascual Celdrán aportó un certificado que da cuenta que Ríos es adicto a las sustancias. Por esto último se pidió la obligación para que haga un tratamiento fuera de la cárcel.

Nacul concedió la prórroga de 60 días para Álvarez y fundamentó que el imputado incurrió en un nuevo delito (flagrancia y violación a la condena), y remarcó que hubo contumancia, reincidencia y reiterancia que están contempladas en el Código Penal vigente. “La ley le dio la oportunidad, y a pesar de eso siguió insistiendo y reincidiendo en el mismo delito”, sostuvo el magistrado. También puso en los fundamentos que faltan las pericias del celular.

También ordenó la libertad de Ríos, e hizo lugar al pedido de Celdrán, para que la hermana del acusado sea la fiadora y responsable de la libertad de su hermano, y garantice que cumplirá las normas de conductas impuestas.

El hombre, que no tiene antecedentes, deberá someterse al cuidado de su hermana, la promesa de someterse al proceso y no obstaculizar la investigación, presentarse ante el juez o cuando sea convocado, imposibilidad de salir de provincia sin autorización y no puede cambiar de domicilio donde va a permanecer en libertad; también la prohibición de concurrir a lugares donde se consuman o vendan estupefacientes o alcohol, y de consumir o vender drogas. Por último, deberá continuar con un tratamiento para curarse de su adicción. “Ese es mi compromiso, así lo haré. Acá actualmente estoy asistido, con psicólogos y estoy medicado”, sostuvo al final.