Es madre de tres chicos y vendía cocaína y marihuana en su casa: la condenaron a tres años de prisión en suspenso

Una mujer de apellido Pereira fue condenada a tres años de prisión en suspenso por la Justicia Federal de San Luis ¿La razón? Le encontraron múltiples dosis de cocaína y marihuana en su casa.

La mujer, de 44 años y madre de tres chicos, fue encontrada como coautora del delito de tenencia simple de drogas. Junto a ella fue sentenciado su cómplice y pareja a la misma condena, también como coautor.

En el fallo publicado este miércoles, fueron instados a abstenerse de vincularse con personas “relacionadas al tráfico y consumo de estupefacientes y los lugares relacionados con esa actividad”, al igual que “usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas”.

Por último, deben realizar trabajos no remunerados por el término de un año a razón de cuatro horas mensuales, en una institución de bien público u organismo del Estado.

Si bien el ministerio Público Fiscal había reunido pruebas para que los condenen por la venta de drogas, la defensa hizo un planteo y finalmente fueron sentenciados por el delito de tenencia simple.

“Se debió a que la actividad probatoria desarrollada durante la instrucción, no aportó elementos con el grado de certeza necesario para sostener la acusación agravada por comercio de estupefacientes, ni se lograron constatar otros eslabones de un posible tráfico de estupefacientes”, puntualiza el fallo firmado por la jueza de Cámara, Gretel Diamante.

Finalmente, la condena fue acordada en un juicio abreviado.

Los hechos por los que se responsabiliza a ambos surgieron de una denuncia anónima realizada el 20 de marzo de 2024 indicando que la mujer “estaría involucrada en la comercialización y distribución de cocaína y marihuana”.

Previamente, el 30 de julio de 2023, la Justicia recibió información de una persona, también anónima, indicando que la pareja “resguardaría sustancias de estupefacientes en su domicilio” y utilizaba dos teléfonos para “coordinar ventas y entregas” de drogas.

El año pasado se instruyeron tres procedimientos donde interceptaron a varios compradores. Uno fue el 24 de marzo y otro el 29 de julio que surgieron de la vigilancia del domicilio de la mujer. Mientras que el restante fue el 12 de septiembre, que se desprende de la vigilancia del domicilio del hombre.

En el primero “se pudo observar un ‘pasamanos’ entre ella y un ciudadano”, reza la resolución y da cuenta que al cliente se le secuestró un cigarrillo de marihuana el cual se encontraba oculto en su campera.

En tanto que, en el segundo caso, a otro cliente se le incautó dos envoltorios de nylon que contenían en su interior marihuana, con un pesaje de 3,9 gramos.

Por último, consideró que el hombre salió de su casa y se dirigió hacia la calle Pueyrredón de la localidad, donde “se observó realizar un ‘pasamanos’ con un ciudadano”. Tras demorarlo se le secuestró dos cigarrillos de marihuana con un pesaje de un gramo.

A ello se le suma más evidencia que surge de intervenciones telefónicas entre el 15 y el 31 de julio de 2024 de un número abonado de Pereira: “Se obtuvieron conversaciones que, interpretadas en su contexto y utilizando un lenguaje codificado, sugieren tratativas para la entrega y adquisición de estupefacientes entre la pareja”.

Y tras allanamientos de ambos hogares fueron secuestrados 3,4 gramos de cocaína y 55,7 de marihuana, distribuida en envoltorios y cigarrillos, junto con balanzas, teléfonos celulares y elementos de fraccionamiento y consumo.

Pero más allá de las pruebas aportadas, no fue suficiente, según la Justicia Federal: “Cabe concluir que el mapa probatorio exhibe un déficit probatorio elocuente para adjudicar un delito cuya pena es de suma gravedad que conlleva prisión efectiva, tal como la que los trajo inicialmente a juicio”.

Uno de los ejemplos utilizados para llegar a la conclusión es que los supuestos intercambios de Pereira están “muy distanciados en el tiempo con más de cuatro meses de diferencia”.

También que de las comunicaciones telefónicas intervenidas arrojaron contactos “solo entre la propia pareja imputada” y que los supuestos compradores “no aportaron elementos que permitan comprobar que la posesión” de la droga encontrada en las intercepciones “hubieran sido adquiridos a sendos acusados”.