El Colegio de Martilleros prepara más denuncias por el ejercicio ilegal de la profesión en San Luis
Hay 45 causas en la Justicia de las cuales 25 están avanzadas. Sin embargo, desde la entidad evalúan hacer más presentaciones por otros casos detectados en la provincia.
Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis impulsaron una serie de denuncias por el ejercicio ilegal de la profesión no sólo de personas que no poseen título sino también de aquellas que sí lo tienen, pero no están matriculadas.
La presidenta, María Elena Tamayo y la vicepresidenta Marina Rissoto presentaron hoy a los abogados Rafael Berruezo y Maximiliano Del Signore que han empezado a asesorar a la entidad.
Berruezo informó a El Chorrillero que actualmente “hay 45 causas en total, de las cuales 25 ya están avanzadas en la Justicia” y anticipó que pueden llegar a las 50 por más casos detectados. “Se van a presentar en breve”, afirmó.
En ese sentido, Del Signore indicó que hubo medidas de constatación y allanamientos en diferentes inmobiliarias y domicilios donde están “ejerciendo de manera ilegal”. Por ese motivo, ya hubo audiencias de formulación de cargos en Tribunales.
“Estas consecuencias van a ir contra todos los que denunciamos, a todos los vamos a llevar a los estratos judiciales y todos le vamos con una condena que va de 15 días a un año”, explicó el letrado.
Y agregó: “También hubo un par de personas que estuvieron ejerciendo de manera ilegal, hubo presentaciones contra ellos y se acercaron al colegio a conciliar, y logramos un acuerdo con más de uno. Esperamos que muchos más tomen esta misma determinación”.
“De ahora en más queda en la Justicia seguir avanzando para llegar a una segunda instancia que sería el debate oral para conseguir una condena. Es lo que estamos buscando”, dijo.
Si bien este tipo de accionar se detectó en diferentes puntos de la provincia, hasta el momento las denuncias que se hicieron corresponden a casos que se produjeron en las ciudades de San Luis y Villa Mercedes.
Por su parte, Tamayo informó sobre las consecuencias que puede generar en la ciudadanía el ejercicio ilegal: “Al ser una persona que no está con la capacitada como corresponde ni conoce los términos legales, causa un perjuicio en cuanto a la seguridad jurídica, entonces lo que buscamos principalmente con esto en primera medida, es la defensa de la profesión, porque estamos en una desigualdad de derechos y en segundo lugar el beneficio hacia la sociedad de brindar seguridad jurídica”.
La vicepresidenta comentó que la entidad “es la que respalda y responde frente al accionar de sus matriculados”: “Siempre hay una institución detrás que está velando por el derecho de la sociedad. En cambio, de esta manera el que ejerce ilegalmente está librada a la nada misma y puede actuar impunemente y no tiene consecuencia”.