El presidente de una cooperativa es investigado por defraudación y buscó impedir un allanamiento
A Juan Guzmán se lo investiga por un presunto desvío de millones de pesos y por facturas irregulares. La Policía realizó el procedimiento y secuestró documentos para la causa.
En el marco de una investigación por defraudación, se llevó adelante un allanamiento en la sede de la Cooperativa de Cortaderas y Servicios Públicos Limitada, pero la Policía se topó con una tensa situación: el presidente Juan Guzmán buscó impedirlo.
Encadenó el portón de ingreso al predio y por unos minutos impidió que los efectivos llevaran adelante el procedimiento para secuestrar documentos de interés.
Lo ejecutó la delegación del departamento de Investigaciones en Villa de Merlo, con la colaboración de personal del departamento de Homicidios de la Unidad Regional N° 3.
Finalmente, Guzmán cedió.
La orden fue dictada por el juez de Garantía N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Nicolás Cóppola y el caso es instruido por la fiscal adjunta, Andrea Aguilar.
A ese procedimiento se le sumó otros dos en domicilios de la localidad.
De acuerdo a la oficina de prensa de la fuerza de seguridad, los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.
La denuncia fue presentada por socios del organismo y lo acusan de malversación de fondos. El motivo es la obra para la instalación de un sistema de bombeo. Fue presupuestada en $2.200.000, pero fueron gastados $14 millones.
Según los denunciantes, los fondos fueron cobrados por Bárbara Villalba, la esposa de Guzmán. Habría facturado como monotributista y le cobró a la cooperativa tres días después.
Otro punto que puntualizan en la denuncia, es que el hombre transfirió dinero desde la cuenta bancaria de la cooperativa en Supervielle a su cuenta personal.
Para Guzmán, el responsable sería el encargado de la obra, Leandro González.
Otro detalle es que los integrantes de la comisión del consejo administrativo habrían presentado la renuncia. Sin embargo, no fueron aceptadas.
Y se le suma otra acusación: no haber gestionado adecuadamente la crisis hídrica que afecta a la zona.
La comunidad denuncia que, mientras se destinaban millones de pesos a obras con serias dudas de transparencia, se postergaron inversiones esenciales para el abastecimiento de agua.