VILLA MERCEDES
Se define el procesamiento, una quinta de distribución de cocaína, traslados desde Buenos Aires, análisis de 50 celulares y más indagatorias
Los capítulos de esta historia van a continuar. No se descarta la participación de más personas, y nuevos procedimientos. La Justicia avanza con las evidencias para pedir la prisión preventiva de los detenidos de las dos organizaciones narcocriminales que funcionaban estrechamente coordinadas. La banda de Villa Mercedes es un "clan familiar".
El destino procesal de los sospechosos de integrar dos organizaciones narcocriminales, y que están detenidos, entrará en definición esta semana. Corre por estas horas el plazo que tiene la Justicia Federal de Villa Mercedes para sostener la acusación y confirmar el procesamiento de todos, con prisión preventiva.
Entre el material más valioso de la evidencia están los más de 50 teléfonos celulares que fueron incautados en los más de 30 allanamientos ejecutados por Gendarmería Nacional y la Policía de San Luis, en la madrugada del 21 de mayo. Están en pleno estudio, por eso los capítulos de esta historia van a seguir. No se descarta que surjan nuevos implicados, otros procedimientos y más detenciones.
Lo que se investiga es una red transnacional de comercialización que tenía muchos años operando en la provincia. No se conformaron de un día para el otro.
Cinco hombres y cuatro mujeres son los sindicados de vender cocaína en Villa Mercedes. Uno de ellos es el líder, pero también su esposa, su suegra, su cuñada, y su hermano (hay más). Como tienen relación sanguínea y de pareja es que la Justicia lo define como un “clan familiar”. La Fiscalía también está enfocada en la investigación patrimonial de ellos.
Uno de los detenidos que baja del patrullero de la Policía de San Luis es sindicado como el líder.
Se los acusa del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la modalidad de comercialización agravada por haber intervenido en los hechos tres o más personas (una pena que podría llegar a los 20 años de prisión). Al super el mínimo, que es de 3 años, no tendrían posibilidad de alguna morigeración (como excarcelación o prisión domiciliaria) los incriminados. En este sentido, los abogados que llevan la defensa, ya hicieron presentaciones en este sentido.
De los integrantes de esta organización, que tenía su propia estructura jerárquica y distribución de roles, con gran cantidad de proveedores y carácter territorial sobre los barrios Eva Perón I y II, hay por lo menos cuatro que no pudieron ser capturados, y sobre los cuáles el juez Juan Carlos Macul deberá resolver. Se supo que pidieron la eximición de prisión.
Los investigadores ya sabían que el cabecilla nunca almacenaba la droga en sus dos casas (una es una quinta a las afueras de la ciudad), y que su poder adquisitivo es alto. Le secuestraron cuatro camionetas 0Km y una más antigua), y cinco motos sin uso, sin patentes, con la tierra evidente que estaban guardadas. En la propiedad donde se hacía la distribución de la droga, está en ejecución una construcción importante (una vivienda), y hay dos piletas. Los investigadores observaron una mesa de pool y pisos de porcelanato (esto como uno de los lujos del equipamiento). También alrededor de 30 caballos, entre otros elementos costos, en su mayoría relacionado al mundo de los equinos.
Cuando en plena madrugada los efectivos comenzaron a inundar los barrios (sobre todo el Eva Perón) no dudaron en avisarse entre ellos que tenían encima a la Policía, y dos de ellos (una mujer y un hombre) intentaron fugarse, aunque fueron reducidos en la calle.
De manera simultánea hubo detenciones en Merlo y alrededores: tres vinculados a la banda que lideraría Juan Carlos Insúa, y que está detenido con prisión preventiva, junto Héctor Ramayo y Natalia Amar. Se trata de otra mujer, que se ubicaría en la segunda línea de la organización, y de dos hombres que actuarían como revendedores.
Otros dos, el hijo de Insúa (que trabaja en una concesionaria en Escobar) y un empleado de Aerolíneas Argentinas (que vive en Recoleta) también fueron apresados. Los dos son acusados de proveer vehículos para el reparto de la droga en Merlo, como también de transporte de estupefacientes (a veces hasta San Luis) y de dinero. Dentro de las líneas investigativas, figura la intención que tenían de llevar la droga hasta España.
Estos, en la audiencia donde fueron indagados le pidieron a Nacul quedarse en Buenos Aires porque ahí tienen arraigo. Pero no se los concedió. El Chorrillero confirmó que este fin de semana se realizó el traslado hasta el penal de San Luis, donde compartirán pabellón con el resto de los implicados.
El miércoles, Insúa, Ramayo y Amar serán convocados para declarar en esta red de comercialización que desplegaron en territorio sanluiseño. Tienen comprobada la conexión con la organización villamercedina, cuyo líder era el principal cliente.
De los datos se desprende que les descargaban hasta 6 kilos de cocaína por semana, un número que había crecido con el tiempo porque la venta era alta.
Hay otras personas nombradas en la causa, que si bien están en libertad, también deberán responder en la Justicia. Por ejemplo, el gestor de Insúa en Villa Mercedes. Un hombre con contactos políticos, de hecho fue candidato en 2023 a un cargo municipal. Para la Justicia, era empleado de la organización y habría cumplido un rol funcional como recaudador y en la ejecución de diligencias.
Fotos video y edición: Nahuel Sanchez