Diego “El Gaucho” Funes dijo que sus ingresos son de las jineteadas que organiza y pidió la excarcelación

En el inicio de la semana la Justicia Federal de Villa Mercedes rechazó el pedido de excarcelación a Diego "El Gaucho" Funes. Sus abogados expusieron, según la resolución que firmó el juez Juan Carlos Nacul, la inexistencia de “circunstancias” que hagan presumir que eluda el accionar de la justicia o entorpezca la investigación. Se sostuvieron en el arraigo familiar.

También consta en el planteo que el detenido como líder de un clan familiar que comercializaba droga, tiene dos hijas menores de 9 y 13 años con su pareja Katherina Villega, que también está presa por su rol en el manejo del dinero que era producto de la venta del narcótico. Ella tiene otro hijo menor.

Justificó que su poder adquisitivo proviene de la organización de jineteadas, y además es comisionista de hacienda, actividades por las cuales percibe aproximadamente ocho millones de pesos al mes. En su quinta tiene 30 caballos, y elementos muy costosos que tienen que ver con el rubro de los equinos, por ejemplo, las monturas.

Villega, en tanto, percibe la Asignación Universal de su hijo, y administra el alquiler de la quinta Las Palmeras para distintos eventos. La evidencia asegura que este campo era el centro de operaciones donde Funes distribuía la droga a los revendedores.

El Ministerio Público Fiscal, a cargo de Danilo Miocevic, denegó el beneficio para el señalado como el cabecilla que tiene un gran poder adquisitivo y sobre las personas.

Resaltó que a "El Gaucho" se le imputa un hecho de extrema gravedad, como es ser el jefe de una organización criminal, dedicada a la comercialización de estupefacientes en gran escala.

Para el fiscal parece razonable y ajustado a derecho el encarcelamiento preventivo, teniendo en cuenta además que le pesaría una pena efectiva de hasta 20 años.

Es Funes, para los investigadores, el líder de un grupo estructurado, coordinado y con importante poder económico, de acuerdo a las pruebas, con los cual se advierte el riesgo procesal de la fuga y  entorpecimiento de la investigación. Si quedara en libertad podría influir sobre testigos, destruir, ocultar, suprimir elementos de prueba o intentar asegurar el provecho del delito, determinaron.

Se detalla que en los últimos cuatro años que fue investigado no se encontró ninguna actividad lícita que haya realizado para ganar plata.

También sostiene que hay material que todavía debe ser peritado, entre ellos 50 celulares, de los que podría surgir nueva información y más implicados.

Para el MPF, Funes se dedicaba a la comercialización “a gran escala de estupefacientes”, lo cual era planificado, coordinado y controlado por él mismo.