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6 KILOS DE COCAÍNA POR SEMANA

30 días en la cárcel: los momentos clave de la investigación que logró desbaratar a dos organizaciones narco que funcionaron con impunidad y lavaron casi 2200 millones

Son por ahora 19 las personas procesadas por integrar dos bandas que distribuían y vendían cocaína, desde Merlo a Villa Mercedes. La investigación avanza, hay 11 personas que están en libertad pero que deben ser indagadas, y otros dos que siguen prófugos.

Actualizada: 22/06/2025 03:29
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Diego Funes y Juan Carlos Insúa fueron procesados como líderes de las organizaciones narco.

El 21 de mayo la Justicia Federal de Villa Mercedes ordenó más de 30 allanamientos, y los resultados fueron históricos para San Luis desde que la droga se instaló en las principales ciudades. El círculo de una red de narcotráfico transnacional se cerró cuando Gendarmería Nacional y la Policía de San Luis detuvieron al cabecilla que manejaba el negocio de la cocaína desde los barrios más humildes de Villa Mercedes.

Los integrantes más importantes del clan familiar que lideraba Diego “El Gaucho” Funes fueron capturados esa misma madrugada cuando las fuerzas irrumpieron en sus viviendas. La estructura, que funcionó por lo menos 4 años, fue desbaratada. Él fue el primer objetivo de la investigación que duró 6 meses. Él era el principal cliente de Juan Carlos Insúa y Raúl Ramayo. Con él, la Justicia puso a los tres cabecillas, señalados por entrar a la provincia 6 kilos de cocaína por semana a la provincia, tras las rejas. Y el cuadro de responsabilidades se completó.

Diego "El Gaucho" Funes.

La hipótesis fiscal de que ambos grupos están vinculados fue confirmada paulatinamente con los elementos probatorios que fueron reunidos, y con los cuales comprueban “las maniobras desplegadas para el transporte de los estupefacientes por la organización liderada por Insúa y Ramayo” que proveía de droga a la organización encabezada por Funes, pero que también se distribuía en la zona de Merlo.

Insúa y Amar cuando fueron detenidos el año pasado en La Punilla, entrando la cocaína.

18 de junio de 2024. Fue un procedimiento certero. El sindicalista de la carne, Juan Carlos Insúa fue detenido en La Punilla cuando quería entrar con un kilo de cocaína. Iba con una mujer, Natalia Amar, que tenía un kiosco de drogas en Merlo (y que está en la segunda línea de la organización). Después atraparon a Héctor Ramayo, su socio, con el que coordinaba el traslado de la cocaína hasta San Luis. Con los tres en la cárcel comenzó a desentramarse lo que realmente se escondía detrás.

El “ladrillo” era suficiente para la elaboración de 4 mil dosis, las que analizadas en ese momento al mercado ascendían a $15.302.000.

En ese procedimiento se le incautó a la pareja dinero en efectivo, celulares, una pistola calibre nueve milímetros marca Taurus con sus respectivas municiones, documentación de interés y el vehículo Fiat Strada en el que circulaban.

Los investigadores pudieron establecer cuál fue la ruta de la droga, y el modus operandi, cómo se fusionaron dos organizaciones para comercializar la cocaína, los proveedores y los movimientos de dinero. También la estructura jerárquica, los roles de cada uno y las relaciones.

Insúa representaba al Sindicato Obrero de Frigoríficos Empleados de Carne y Afines (SOFECA), y en Villa Mercedes cumplía el rol de normalizador la sede en Villa Mercedes. También era de la Federación de Trabajadoras y Trabajadoras Agrarios (FeTARA). Su primera gestión fue alquilar un campo donde llevaba adelante la actividad delictiva. Ahí es donde funciona un camping.

Estaba armando su imperio con el ritmo de venta que tenía Funes en Villa Mercedes. Tenían conversados otros mercados, como Córdoba y Mendoza, y también una provincia del sur del país. Inclusive analizaban la manera de llevar el narcótico a España, donde Insúa tiene un vínculo familiar. Inclusive en su grupo tiene un empleado de Aerolíneas Argentinas, que también cayó preso.

“En tres o cuatro meses estamos en otra galaxia, amigo. Esto es como una empresa, estamos construyendo nuestro imperio”, consta en los expedientes que fue armando la Fiscalía Federal.

Para Insúa la asociación con Funes significaba una oportunidad para que el negocio creciera más rápidamente.

Los videos que lo muestran en un viaje de placer en Miami, junto a su esposa, forman parte del expediente. Al igual de los audios.

Uno de los viajes de placer de Juan Carlos Insúa y su esposa, en Miami.

“Con este ´gauchómetro´ vamos a hacer historia, se nos van a abrir otras puertas… estamos armando… tenemos que seguir armando. Hoy de nuevo, este Gaucho tiene ritmo alto. Está desesperado porque me esperaba ayer, y ya me está diciendo que el lunes quiere… tiene un ritmo bárbaro”, también se entusiasmaba Insúa cuando hablaba con Ramayo.

La cocaína incautada a Insúa.

La marca del delfín. Fue la señal llamativa cuando abrieron el paquete. Un logo que se suele repetirse en los cargamentos de cocaína secuestrados en distintos operativos realizados en la Argentina.

La insignia puede vincularse con Delfín Reinaldo Castedo, conocido como “El patrón del norte”. Es una marca impuesta por él, y utilizada por diferentes grupos para indicar “la calidad de la droga”. Supo construir una logística criminal en la frontera entre Argentina (Salta) y Bolivia, y usó contactos políticos y judiciales para mover la droga.

Para la Fiscalía, Insúa le compraba la cocaína a un cártel peruano. Y también comprobó que esa mercancía era ingresada al país, posiblemente desde Bolivia.

6 de julio de 2024. Ramayo, Insúa y Amar son procesados por el juez Federal Juan Carlos Macul, y ordena prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. Se concluyó que las detenciones fueron el resultado de una investigación previa. Eran sospechosos de traer la droga que se vendía un domicilio de Merlo. Insúa era el contacto de Ramayo, en Buenos Aires, y en asociación “habrían convenido el traslado de estupefacientes (cocaína) desde Buenos Aires, con destino final a Merlo, para su posterior distribución y comercio”.

Ramayo, Insúa y Amar cuando les dictaron la prisión preventiva, el año pasado.

21 de noviembre de 2024. La Policía detuvo a Héctor “El Oso” Frías, uno de los revendedores más importantes de Diego Funes. Comprobaron que había transferido, en un año, más de 58 millones de pesos. Junto a él cayeron los hermanos Briza y Maximiliano Porras, que administraban kioscos en el barrio Eva Perón I, al lado de una escuela.

21 de mayo de 2025. Se realizaron más de 30 allanamientos en Villa Mercedes, Merlo (y localidades aledañas) y en Buenos Aires.

Secuestraron sustancias de características similares a cocaína (en estado sólido y pulverulento); marihuana y plantas de la variedad cannabis sativa; teléfonos celulares, chips, documentación relevante, recortes de nailon, anotaciones varias y balanzas de precisión; dinero en efectivo de curso legal y moneda extranjera (dólares y reales); diversos dispositivos electrónicos, como notebooks, pendrives, netbooks, tablets, laptops, tarjetas micro SD y un posnet de Mercado Pago.

Todos los elementos incautados en la quinta de las palmeras, propiedad de Funes.

También, una escopeta calibre 16 con tres cartuchos, dos carabinas calibre 22 largo con miras telescópicas y cuatro rifles de aire comprimido también con miras telescópicas. Y tres sistemas de videovigilancia con cámaras de circuito cerrado y una máquina contadora de billetes.

Por último cinco motocicletas de diferentes cilindradas; cinco camionetas (Ford F100, Fiat Toro, Ford F150 Duty, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok); y tres automóviles (Renault Duster, Ford Focus, Renault Megane).

Gran parte de los allanamientos se hicieron en el barrio Eva Perón I y II.

Los 2160 millones. De los seis kilos de droga que Insúa transportaba desde Buenos Aires e ingresaba por la ruta 7 a la Villa de Merlo, casi la totalidad tenía como destino Villa Mercedes.

La ganancia que hicieron, por lo menos en los 6 meses que fueron investigados, nacen del precio que tenía el kilo al comercio, es decir 15 millones de pesos los 1000 gramos. Eso se traduce en 90 millones a la semana y 360 millones al mes. Si se agrupa en seis meses el monto se eleva a los 2160 millones.

Las dos camionetas secuestradas en otra vivienda de Diego Funes.

La droga y el dinero incautado se pusieron en el Banco Nación. Se trata de $6.800.000 pesos argentinos y 2.800 dólares (aunque también hay Euros y Reales). Además de otros 15 mil dólares secuestrados en Buenos Aires, donde detuvieron a otros dos sospechosos.

La droga de Funes que fue incautada en un procedimiento.

5 de junio de 2025. Ampliaron los cargos contra Juan Carlos Insúa y Raúl Ramayo, como líderes de una organización que comercializaba drogas (agravante de la participación de tres o más personas organizadas para eso).

Juan Carlos Insúa.

La evidencia del MPF es abultada y sólida respecto al tráfico de los estupefacientes. Insúa la transportaba por ruta, aunque algunas veces designó esa tarea a otras personas.

Raúl Ramayo.

La traía hasta Villa Mercedes, y se la entregaba a Funes, generalmente de noche, en el campo que administraba (como delegado normalizador del sindicato) o en la quinta de las palmeras, propiedad de Funes. Todo en inmediaciones a las rutas 7 y 8, a las afueras de la ciudad.

Natalia Amar.

3 de junio de 2025. Denegaron el pedido de excarcelación a Diego Funes y a su hermano. El líder de la banda Justificó que su poder adquisitivo proviene de la organización de jineteadas, y además es comisionista de hacienda, actividades por las cuales percibe aproximadamente ocho millones de pesos al mes. En su quinta tiene 30 caballos, y elementos muy costosos. También expuso que ese campo lo administra su esposa, Katy Villega, y lo alquila para eventos.

6 de junio de 2025. Son trasladados desde Buenos Aires don integrantes de la banda de Insúa. Su hijo, Juan Cruz Insúa y Edgardo Gabriel Ávila, un empelado de Aerolíneas Argentinas.

Insúa “Juniors” se ubicaba en una segunda línea de la organización, realizando diversas tareas. Por un lado, de cuestiones logísticas, y según la pesquisa que llevó adelante la Fiscalía Federal, en marzo de 2024 también transportó una motocicleta hasta la provincia de San Luis, la que sería usada por un revendedor en Merlo. Tuvo un rol importante en el flujo de dinero.

Los detenidos de Buenos Aires.

Sobre Ávila sostienen que desempeñó un rol crucial dentro de la cadena de distribución del material estupefaciente, bajo la subordinación directa de Insúa. En algunas oportunidades fue el encargado de transportar el material estupefaciente desde Buenos Aires hasta la localidad de Junín donde era entregado a Ramayo para que lo conduzca por ruta hasta Merlo.

10 de junio de 2025. Nuevos allanamientos relacionados a la causa. Los procedimientos estuvieron ligados a la compra de divisas que realizaba de manera recurrente Funes.

El último procedimiento relacionado a la causa.

Se concretaron allanamientos en diferentes domicilios de la ciudad donde incautaron droga, varios millones de pesos argentinos, dólares, euros, tecnología, documentación y telefonía celular. Se identificó a tres personas, pero no quedaron detenidas. Solo uno de ellos quedó vinculado a lo que se investiga.

13 de junio de 2025. Salió el procesamiento para 19 personas, integrantes de las dos organizaciones.

Como organizadores y jefes de sus estructuras criminales propias es que procesaron con prisión preventiva a Funes, Insúa y Ramayo, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización, y agravada por haber intervenido en los hechos tres o más personas organizadas para cometerlos (contemplados en el artículo 7 de la ley 23.737, en relación los artículos 5, inciso ‘c’, y 11, inciso ‘c’). La conducta que desplegaron tiene una pena que va de 8 a 20 años de prisión.

17 son las personas que están en la cárcel, ya que dos mujeres (una porque va a ser madre y la otra porque está amamantando un bebé) se encuentran con arresto domiciliario.

Las quintas que funcionaban como centro de distribución de la droga.

La banda de Funes tenía un fuerte carácter territorial sobre los barrios Eva Perón I y II. Describe el MPF que eso le daba “protección”, dado que ante cualquier procedimiento judicial o el ingreso de la fuerza de seguridad en la zona, eran advertidos de inmediato por mensajes.

Los revendedores y distribuidores también significaron “una protección infalible para Funes” ya que le permitió comercializar la droga sin “arriesgarse a tenerla en su poder durante mucho tiempo”.

El campo de la "merca"- La quinta de las palmeras. Es para los investigadores el lugar que funcionó como centro de operaciones de Funes. El predio estaba a cargo de la suegra, Rosana Oga. Allí se ejecutó la guarda y fraccionamiento del material narcótico, y los involucrados acudían a retirar el material para luego venderlo.

Diego Funes y el clan familiar que lideraba.

En su equipo le dio un papel importante a las mujeres: hay tres que fueron fundamentales en la logística de la distribución y también recolección del dinero. En la segunda línea estaba su pareja, Katherina Villega.Tenía el control y la administración del dinero.

La suegra, Rosana Oga, madre de Katy, desarrolló un rol especial en la organización, ya que administraba un centro neurálgico y presunto lugar donde se distribuía el estupefaciente: “La quinta de las palmeras”. Y la cuñada, Romina Villega, hermana de “Katy”, se dedicó a la distribución, puntualmente bajarle el estupefaciente a la tercera línea donde estaban los revendedores; también al monitoreo del caudal de venta, a comunicar cuando debía frenarse y reactivarse la comercialización. Para los investigadores, una verdadera gestora de las bocas de expendio.

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