La Asamblea Legislativa designó por un nuevo período a Guillermo Belgrano Rawson como defensor del Pueblo

Por Leonardo Kram

La Asamblea Legislativa designó este jueves por la mañana a Guillermo Belgrano Rawson como defensor del Pueblo por otro periodo de un año. La nominación fue realizada por legisladores de Cambia San Luis y acompañada por unanimidad por el resto de los bloques de ambas cámaras.

El vicegobernador Ricardo Endeiza fue el encargado de tomarle juramento al ombudsman, que por la norma vigente, solo podrá seguir en sus funciones por un segundo mandato. También renovó su cargo el defensor del Pueblo Adjunto, Jonathan Ari Velázquez.

La defensoría es un organismo que defiende y promueve los derechos de los habitantes de la provincia, como también de quienes transitan por su territorio. Asesora, orienta y acompaña, tiene una gestión autónoma y su asistencia es gratuita para quienes accedan a sus servicios.

“Es un honor para mí. Y sobre todo el hecho de que hubo unanimidad es una carga de responsabilidad importante. Es una renovación que nos permitirá seguir trabajando en una cantidad de temas importantes de la defensoría”, apuntó el defensor a la prensa tras la jura.

Belgrano Rawson acredita una destacada trayectoria como abogado. Presidió el Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis y la Sociedad Rural. Además cumplió funciones en la Justicia Federal y es dirigente político.

“Es una institución muy interesante desde el punto de vista de nuestra organización constitucional, de la República y creo que estamos haciendo los mejores esfuerzos para lograr que la defensoría se inserte dentro de la comunidad, que acuda cada vez con mayor intensidad frente a los problemas que tiene que atender, que son todos aquellos que nacen de la acción o inacción del Estado frente a determinados temas”, reflexionó.

Entre los reclamos que atendió durante su primer mandato destacó problemáticas ambientales, por tarifas eléctricas, salud y obras sociales.

“Nosotros hemos insistido mucho y lo vamos a seguir haciendo en el acceso a la información pública. Que el ciudadano cada vez tenga más posibilidades de acceder. Que el funcionario, cualquiera sea su jerarquía, entienda que con la información pública accesible a toda la sociedad, las cosas se encaran y se solucionan mejor”, consideró.

“En general nosotros observamos que a veces hay deficiencias en el acceso, pero en la medida que nosotros hemos ido planteando estos problemas, advertimos que se toman. Quizá uno de los mejores canales para el acceso a la información pública es la actividad periodística que no siempre recibe el trato que corresponde en ese sentido”, agregó.

Sobre sus funciones

La figura está incluida en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial en su artículo 235. Su objetivo fundamental “es proteger los derechos e intereses públicos de los ciudadanos y de la comunidad, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial, o sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente e inoportuno de sus funciones”.

Además tiene a su cargo “la defensa de los intereses difusos o derechos colectivos, que no pueda ser ejercida por persona o grupo en forma individual”. Y a su vez “no recibe instrucciones de ningún poder del Estado (Ejecutivo, Legislativo o Judicial). Observa y asegura que la administración provincial, fuerzas de seguridad y empresas de servicios públicos cumplan con sus deberes y respeten la Constitución y las leyes vigentes”.