Informaron a diputados sobre el plan de viviendas “Tenemos Futuro”
El secretario de Política Habitacional, Hugo “Pipo” Rossi explicó los pasos que deberán seguir los inscriptos, el pago de cuotas y cómo será la opción de autoconstrucción.
El secretario de Política Habitacional, Hugo “Pipo” Rossi informó detalles del plan de viviendas "Tenemos Futuro" que promueve la Provincia ante las comisiones de Finanzas, Obras Públicas y Economía y Vivienda e Inclusión Social de la Cámara de Diputados. Asistió a responder inquietudes de los bloques oficialista y de la oposición.
El funcionario informó que está desarrollándose el periodo de validación de datos, hasta el 31 de octubre, donde los 66.504 inscriptos deberán elevar un comprobante de ingresos, de acuerdo a la situación en la que estén.
Quienes tengan ingresos formales, deberán adjuntar su recibo de sueldo, mientras quienes estén en el plan de Asignación Universal por Hijo (AUH) o el programa de Inclusión Social tendrán que presentar un comprobante bancario donde figure la acreditación del beneficio.
Por otro lado, quienes revistan la condición de monotributista deberán expedir una certificación actualizada, sin importar la antigüedad y por último quienes sean trabajadores informales, tendrán que descargar una declaración jurada en el sitio web tenemosfuturo.sanluis.gov.ar, llenarla, firmarla y cargarla nuevamente.
Tras la validación, quienes cumplan los requisitos entrarán en el sorteo, que está programada por localidad ante escribano público en diciembre. Aquí entrarán todos los inscriptos y se contemplará de manera excluyente un cupo del 10% para familias con integrantes que tengan alguna discapacidad. “Si no llegan a ese porcentaje en el sorteo se irá ingresando más gente que hayan presentado el certificado de para cubrir ese cupo”, amplió.
Luego del sorteo se realizará el cruce de información y la visita socioambiental. Se consultan tres bases de datos: de propiedad, deudores alimentarios y del sistema de viviendas. “Lo hacemos en esa instancia y no antes, porque es más fácil trabajar sobre esa porción de inscriptos que del total, que llevaría meses y meses”, aclaró.
Posteriormente hay un proceso de preadjudicación, en el que se empieza a pagar la cuota de vivienda de 4 a 6 meses antes de la entrega de la casa, por un monto de $250 mil pesos y una actualización de acuerdo a la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
"En los planes "Progreso" y "Sueños" que se están completando, la cuota es de 184 mil pesos, con el costo de la vivienda calculado en 60 millones de pesos, que incluye además el terreno y la estructura de servicios. En el caso de Tenemos Futuro es de 75 millones de pesos, dividido en 300 cuotas”, comparó.
El secretario también se refirió a la operatoria de autoconstrucción asistida. El Estado realiza un préstamo en materiales, que se paga en 300 cuotas de $60 mil. Se prevé la construcción de un módulo de 32 metros cuadrados, incluyendo un dormitorio, un baño y una cocina comedor, con revoque fino y grueso, terminaciones, abertura, sanitario y cableado. “Va a tener la asistencia de un maestro mayor de obra, que hará el seguimiento y tiene que certificar el avance en cuatro etapas”, precisó.
El funcionario aclaró que si bien hubo inscriptos a los que se les informó que calificaban para la autoconstrucción, esta no es obligatoria. “Es una propuesta, una oferta. Usted califica, si tiene terreno o consigue el terreno lo puede aceptar. Si no le gusta, no tiene mano de obra, puede elegir la opción de “no tengo terreno” y queda en el sistema, no pierde la condición de inscripto”, aseguró.
Los diputados de la oposición apuntaron al valor de las cuotas y las opciones ofrecidas. Rossi recordó que las soluciones de acuerdo al ingreso han existido en planes previos. “Siempre hubo una selección por niveles de ingresos. Claramente para la categoría más alta que sería la cuota de 250 mil pesos, si tomamos como parámetro lo que exige un banco de que no se afecte el 30% de los ingresos, un salario por debajo de 700 mil pesos no califica porque va a tener dificultades para pagar la cuota”, argumentó.
“250 mil pesos para 2026 es una cuota que, si bien implica un esfuerzo, es lógico para lo que hoy es el alquiler de un monoambiente. Después hay sectores de muy pocos ingresos y probablemente no van a poder pagar la cuota. Conocemos la urgencia y pensamos que este préstamo en materiales que está previsto en la Ley de Vivienda, será una salida rápida al problema que tienen”, continuó.
“Estamos en el lanzamiento, primero pusimos en superficie y reconocimos un enorme déficit habitacional, que ocupa a un tercio de la población de San Luis y es una cuestión mundial. Es la primera pata con que se afronta con los recursos que tenemos y no diría que la gente con menores ingresos va a quedar postergada eternamente, sino que para en esta primera parte estamos haciendo esto”, dijo por último en la reunión.
Tras el encuentro, Rossi habló con la prensa y valoró la política impulsada por el gobernador Claudio Poggi y su carácter social. “Hay una ley de emergencia por la que todos los años se va a definir el presupuesto que se va a destinar en materia de vivienda. Habrá la posibilidad de que en años próximos aparezcan planes más económicos y que permita acceder a la vivienda a estos sectores de menores ingresos”, afirmó.
“La gente tiene que valorar el esfuerzo que hace el Estado para la construcción de su vivienda. Son mínimamente 75 millones que sale entre el costo de la construcción más el terreno de la vivienda, sin contar con la infraestructura que hay que dotar el barrio. Es un esfuerzo importantísimo y el pago de la cuota significa también que el estado pueda seguir construyendo”, justificó.
En este sentido dio a conocer que hay 10 municipios que ya cerraron convenios para el plan, entre los que se incluyen Concarán, La Toma, Saladillo, San Martín y Justo Daract.
“El gobernador está muy interesado en que no se discontinúe la construcción de vivienda por la generación de mano de obra y el impacto económico que tienen en cada una de las localidades, que ya lo hemos comprobado con las viviendas que se entregan a fin de año. Cada casa genera entre tres a cuatro puestos de trabajo en forma directa, más los puestos de trabajo en forma indirecta y aparte cuando hace la obra el municipio, compra los materiales en su propia localidad. Esto genera todo un círculo virtuoso de actividad económica”, enumeró como beneficios adicionales.