Dictaron prisión preventiva por 120 días a un agente penitenciario por producción de material de abuso sexual infantil
Dieron con el imputado porque encontraron dos pendrives en el Servicio Penitenciario con el contenido ilegal. Las víctimas son su hija y la hermana de su pareja, ambas menores de edad.
Este sábado un agente penitenciario fue imputado por corrupción de menores agravada por el vínculo, abuso simple agravado por la convivencia y producción de material de abuso sexual infantil contra su hija y la hermana de su pareja. La jueza Natalia Lazarte Otero le dictó prisión preventiva por 120 días como medida de coerción mientras dura la investigación.
La Fiscalía de Instrucción Penal en Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 2, representada por Antonella Córdoba y la adjunta Mercedes García, detalló que la causa se inició a partir de una denuncia del subdirector general del Servicio Penitenciario Provincial, Juan Carlos Serrano, que informó que el 22 de octubre efectivos encontraron dos pendrives en las cocheras del Complejo Penitenciario N° 1.
Los dispositivos fueron enviados a la Unidad de Abordaje Fiscal por una posible violación a la infraestructura digital del Servicio Penitenciario. Al ser analizados por el Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos, advirtieron que contenían material de abuso sexual infantil de producción local, grabado con una cámara oculta en una vivienda.
En los videos se nombra y aparece el hombre abusando a las dos niñas, lo que permitió establecer su identidad y posterior detención.
La fiscalía presentó evidencia y subrayó la gravedad y particularidad del caso, al tratarse de material de producción local y con víctimas identificadas. Las fiscales remarcaron que cuentan con pruebas directas de las agresiones sexuales y por esto solicitaron prisión preventiva sumando el riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro concreto para las víctimas.
Por otro lado, advirtieron que si el imputado quedaba libre podría eliminar o manipular de manera remota más evidencia, ya que los delitos fueron cometidos mediante sistemas informáticos y en entornos virtuales, por lo que consideraron ineficaz la aplicación de medidas menos restrictivas como la prisión domiciliaria o el monitoreo electrónico.
La defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces Nº 3, Silvina García, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal y solicitó a los medios de prensa preservar la identidad del acusado y de las víctimas, para resguardar la integridad de las niñas involucradas y evitar su revictimización.
El defensor del imputado Héctor Zabala Aguero, apuntó que los hechos relatados serán materia de análisis y solicitó que su representado cumpla con la medida por prisión domiciliaria, al no considerar que existían riesgos procesales.
Sin embargo, la jueza Lazarte Otero adhirió a lo solicitado por la fiscalía y consideró que la imputación está sustentada en el Código Procesal Penal y dispuso la prisión preventiva de 120 días por entender que es la única medida eficaz para neutralizar los riesgos procesales y asegurar el desarrollo de la investigación.
La magistrada valoró la gravedad de los hechos, la solidez de la imputación y la naturaleza digital de las pruebas, que podrían ser alteradas o difundidas desde cualquier dispositivo remotamente. También remarcó la doble situación de vulnerabilidad de las víctimas por su edad y el vínculo familiar con el acusado.