Juicio al ex ministro Latini por corrupción: la defensa buscó minimizar la ausencia de registros y explicar el manejo de bienes

Por Antonella Camargo

Este jueves al mediodía se retomó el juicio oral por peculado contra el ex ministro de Seguridad, Claudio Latini, el primer funcionario de la gestión de Alberto Rodríguez Saá en llegar a debate acusado por corrupción. Pasadas las 12, el imputado ingresó a la sala acompañado por su abogado defensor, Cristóbal Ibáñez, y antes del inicio se persignó. La audiencia comenzó a las 12:27.

La causa, originada tras la denuncia de la actual ministra de Seguridad, Nancy Sosa, busca determinar la responsabilidad de Latini en la sustracción de bienes públicos desde Terrazas del Portezuelo el 7 de diciembre de 2023, a tres días del cambio de Gobierno.

El Tribunal está integrado por Eugenia Zabala Chacur, Fernando De Viana y Hugo Saá Petrino.

Concurrieron tres testigos convocados por la defensa, a cargo de Cristóbal Ibáñez. El primero fue Daniel Alfonso, informático que se desempeñó en el ministerio de Seguridad en la gestión de Latini. Explicó que estaba a cargo de la oficina de informática y que su labor consistía en reparar equipos según las necesidades del personal.

Contó que, en 2023, detectaron un equipo DVR ubicado a la entrada del ministerio, junto a un UPS que comenzó a emitir ruido tras un corte de luz. Señaló que no sabían de la existencia de ese dispositivo ni de dónde provenía, y que al analizarlo constataron que no tenía disco de almacenamiento y que el usuario del sistema estaba bloqueado.

Precisó que, en esas condiciones, el DVR solo permitía visualizar si las cámaras estaban conectadas, pero no podía grabar ni reproducir registros pasados, lo que lo volvía inútil para videovigilancia. El hombre intentó colocar un disco rígido proveniente de equipos en desuso, pero que no fue posible debido al bloqueo de usuario.

También mencionó que en la oficina del ministro había un monitor con múltiples divisiones destinado al monitoreo de cámaras y que, durante ese período, se reemplazaron dos televisores quemados, los cuales fueron dados de baja patrimonial y posteriormente descartados.

El segundo testigo convocado por la defensa fue Pablo Palmero, responsable administrativo dentro de la Secretaría de Informática del Poder Judicial. Su exposición se centró en explicar cómo se registran e inventarían bienes informáticos en el ámbito judicial. Detalló que, al recibir equipos, se cargan en un sistema con número de serie, se clasifica el modelo y se etiqueta con códigos QR para facilitar los relevamientos.

Comentó además que todos los movimientos quedan asentados, ya sean traslados entre oficinas o entre circunscripciones, y que se realiza al menos un inventario anual. Sin embargo, aclaró que no tuvo intervención alguna sobre bienes del ministerio de Seguridad, que no conoce a Latini ni lo ocurrido en diciembre de 2023 y que su declaración se limitó a procedimientos de registro vigentes en el Poder Judicial.

La tercera testigo fue Romina Blanco, contadora pública y agente judicial a cargo del inventario de bienes muebles. Coincidió en que los bienes se cargan al sistema al momento de su adquisición y que no participó de procedimientos dentro del ministerio de Seguridad y que no conoce detalles vinculados a la investigación.

La querella, a cargo de Santiago Calderón Salomón, le consultó sobre los fondos rotatorios. Contestó que se destinan a compras menores, cuyo uso debe rendirse mensualmente para mantener su habilitación.

El cuarto testigo citado para la jornada era Oscar Marone, ex funcionario provincial del área contable durante la gestión de Latini. La defensa sostuvo que se había comprometido a asistir, pero no se presentó. Ante eso, Ibáñez solicitó al Tribunal su conducción por la fuerza pública. Sin embargo, Zabala Chacur explicó que no estaba acreditada la notificación formal, por lo que la medida no fue autorizada. En cambio, dispuso que sea citado nuevamente este viernes a las 9.

Durante la jornada, la estrategia defensiva buscó contextualizar el manejo administrativo de bienes públicos y relativizar el impacto probatorio del DVR sin disco expuesto en audiencias previas, donde quedó demostrado que no era posible acceder a registros audiovisuales del 7 de diciembre.

Está previsto que este viernes culmine la etapa probatoria con la declaración de Marone, se desarrollen los alegatos finales y el Tribunal dé a conocer su veredicto sobre la responsabilidad penal del ex ministro de Seguridad.