La familia de la joven y su hija que murieron arrolladas por un conductor, no aceptó el juicio abreviado y el acusado ya es juzgado

Por Marina Rubio

Juan Carlos Collado lo intentó todo. A través de su abogado logró dilatar, con constantes planteos de recursos a jueces, camaristas y hasta el Superior Tribunal de Justicia, el juicio que debe enfrentar por matar a Aldana Aguilera, de 23 años, y su hija Natasha, de tres, chocando y arrollándolas con su camioneta cuando las víctimas iban en moto, en una esquina de Villa Mercedes. Lo consiguió. Logró “patear” el debate oral en su contra siete largos años. Si eso continuaba, el próximo año el delito prescribiría y el hombre ya no podría ser juzgado.

Pero este mes empezó. En esa instancia también la peleó. Le ofreció 15 millones de pesos a la familia de la madre e hija fallecidas, para ponerle punto final al proceso. Los padres de Aldana, que hace años tuvieron que aprender a vivir con el dolor de que su hija y su nieta ya no estarán nunca más, le contestaron con un rotundo “no” a su propuesta. “Queremos el juicio, queremos que vaya preso”, le dijo Edith, la mamá de la joven, a El Chorrillero, fuera de la sala de juicios, cuando esperaba entrar al recinto.

Collado no se rindió. Estos días, a través de su defensor, Flavio Ávila, habló con el fiscal Ernesto Lutens y con el abogado de la familia de las víctimas, Pascual Celdrán, por la posibilidad de hacer un juicio abreviado. Aquel procedimiento en el que el acusado reconoce ante el Tribunal que cometió el delito que pesa sobre él, a cambio de una condena ya negociada entre la defensa, la fiscalía y la querella. Por lo general, en esos casos, nunca tienen en cuenta la voz del abogado querellante, que representa en este caso a la familia de Aldana y Natasha. Pero esta vez, casi extraordinariamente, oyeron y consideraron el parecer de esa gente que perdió a dos seres queridos. Los padres de las víctimas le dijeron también “no” al juicio abreviado.

Querían un debate oral, común y corriente, en el que declaran testigos, exhiben pruebas y cada parte hace sus argumentaciones para sostener sus hipótesis. Desean ese proceso porque creen, apoyados en la esperanza, que es el que podría llevar a Collado, en el hipotético caso de que sea condenado, a la pena más severa que puede recibir a esta altura de su vida, con 72 años. Aunque son conscientes de que lo más probable es que no sea confinado al penal, sino a una prisión domiciliaria.

Luego de tres horas de espera, en los pasillos de los tribunales, sin tener la certeza de que realizarían el juicio o no, la Policía abrió las puertas del recinto y dejó pasar a los familiares de Aldana y su hijita. Ingresaron con carteles, una manta con las caras grandes de las víctimas y también con remeras con sus rostros estampados.

El acusado, su defensor, el fiscal y el abogado querellante ya estaban en la sala. Apenas entró la jueza Cinthia Martín, tomó asiento y, sin perder el tiempo, dio inicio al debate. Le concedió la palabra primero, como siempre, a la fiscalía, para que arrancara con los alegatos de apertura. Pero antes de que Lutens iniciara su exposición, Ávila lo interrumpió y solicitó la suspensión del juicio.

Dijo que existe un recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa el año pasado y que todavía no ha tenido una respuesta, por lo que no consideraba pertinente seguir si aún el Superior Tribunal de Justicia no se había expedido al respecto. Explicó que en esas circunstancias vulneran “el debido proceso y el juicio estaría viciado”, algo que considera “insalvable” si seguían adelante con el debate oral.

El siniestro ocurrió el 16 de octubre de 2018, es decir, cuando todavía regía el anterior sistema del Código Procesal Penal. Pero señaló que ahora pretenden juzgar a su cliente bajo el Nuevo Código, uno que cambia incluso la forma de proceder en los juicios. “Collado nunca consintió que se realice con este nuevo proceso”, remarcó el letrado. Argumentó que el antiguo Código era “más benigno” y ahora quieren aplicar “el menos benigno”.

“Estamos ante un juicio que puede ser declarado nulo”, apuntó e insistió en su suspensión. Hizo hincapié en que el recurso fue presentado en diciembre pasado. Si bien ya tuvo un dictamen de parte de la Procuración, aún están a la espera de la resolución del Superior Tribunal de Justicia, remarcó. Y adelantó que su asistido está dispuesto, si es necesario, a llevar su caso hasta la Corte Suprema de la Nación. Pese a que proseguir con esa última instancia, que le permite la Justicia, no es para nada económica.

Lutens rechazó de cuajo lo requerido por Ávila. “No entiendo cuál es el gravamen”, dijo y subrayó, algo no menor: “Ya van siete años. El año que viene esta causa prescribirá”. Subrayó que fue un siniestro que causó “una gran compulsión en la ciudad”. Celdrán, a su turno, brevísimo, resumió: “Adhiero a todo lo planteado por el fiscal”.

Martín, la jueza que conforma el tribunal unipersonal, les pidió a todos que permanecieran en la sala. Dijo que se tomaría 30 minutos para resolver, si hacía o no lugar a lo expuesto por la defensa. Pero regresó antes de que se cumpliera esa media hora. Fue al grano y rechazó de plano lo requerido por el representante del acusado.

Dicho eso, inició el debate y les permitió a las partes hacer sus alegatos de apertura. Lutens fue super sintético en su ponencia. Indicó que el hombre, que ahora tiene 73, llegó acusado por “doble homicidio culposo, agravado por violar la señalización de semáforo y por el resultado, por ser más de una víctima". Recordó el día, mes y año que ocurrió el siniestro que enlutó para siempre a una familia. Fue alrededor de las 9:30, en el cruce de 25 de Mayo y Ayacucho. “Collado venía en una Ford Ranger por la avenida, de norte a sur, cuando embistió, por la otra calle, a la moto en la que circulaban las víctimas”, contó.

Sin adjetivaciones cruentas ni mayores detalles, resumió que “produjo la muerte de ambas”. Por último, anticipó que, a lo largo del debate, demostrarán la autoría del conductor de la camioneta en el accidente doblemente fatal para que sea condenado. No lo mencionó este lunes, pero cuando la causa fue elevada a juicio la fiscalía había solicitado una pena de cuatro años y medio de prisión.

Celdrán, otra vez, muy veloz, solo dijo que hacía suyas las palabras del representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

A su turno Ávila comenzó con una descripción de su asistido. Dijo que tiene 73 años, cuando en realidad los cumplirá en marzo. “Es un ciudadano, un albañil de oficio, que ha tenido que vivir siempre con esta carga”, argumentó. Se refería obviamente al peso de saberse el responsable de causar las muertes de una joven y su hijita.

Volvió a señalar la fecha y el horario del siniestro, al que calificó de “tragedia”. Anticipó que no minimizarán el dolor que sufrió y sufre la familia de las víctimas, pero tampoco dejará de destacar que su asistido “es una persona modesta, que ha vivido con ese peso”.

Aclaró que no negará la existencia del accidente, pero sí dio a entender que no fue culpa de Collado. “No existió un hecho causal en su conducta, básicamente, por dos razones”, dijo y las distinguió.

El primero de esos puntos es, según él, la ausencia de una prueba directa de que el semáforo que le marcaba el paso a su defendido estaba en rojo. Hace siete años cuando el, por entonces, exjuez de instrucción Leandro Estrada, lo indagó, el acusado aseguró que el aparato que regula el tránsito estaba con la luz verde. “Esa prueba es esencial”, remarcó Ávila.

Y el segundo de esos puntos fue el que más le dolió oír a los parientes de Aldana y Natasha. El letrado apuntó a que el siniestro ocurrió también por “la imprudencia” de las víctimas. Relató que su representado iba en su Ranger a unos 50 kilómetros por hora y la mujer y su niña en una Motomel por Ayacucho, de este a oeste.

Señaló que en ese punto coincide con la fiscalía, pero cuestionaría y demostraría que el semáforo no funcionaba. “Hay una cámara de la estación de Petrobras que muestra que el aparato estaba apagado”, se refería al semáforo contrario y también indicó que no andaba “correctamente en el sentido de la avenida”.

Remarcó también que no hubo tampoco ningún testigo ocular que manifestara categóricamente que el aparato estaba con luz roja cuando Collado cruzó la ochava. Agregó que su defendido no manejó excedido de velocidad y tampoco estaba alcoholizado. Para el abogado, cambia de manera significativa la acusación si demuestran que el hombre respetó el paso que le refería el aparato eléctrico.

Luego, Ávila se explayó en su segundo ítem a cuestionar. Aunque, al principio trató de suavizar su argumento, mostrando cierta empatía con la familia de Aldana y su nena, adelantando que no minimizarán su dolor, manifestó que el hecho de que la joven “violó” un par de ordenanzas municipales “excluye” la responsabilidad de Collado.

“Primero conducía sin el casco reglamentario y, después, hay una ordenanza que dice que serán sancionados cuando en una moto van más de dos personas, cuando una de ellas es una menor de edad”, señaló sin vueltas. Fue, entonces, cuando apuntó con todo y sostuvo que la violación de esas normas municipales de parte de la conductora de la Motomel exonera a su cliente, no solo de los agravantes que le achacan en la acusación, sino también de las muertes.

En otras palabras, insistió con que el hombre ubicado a su izquierda era inocente. Y, por todo eso, anticipó que en los alegatos de clausura ni se gastará en plantear una posible pena en suspenso, esas que se cumplen en libertad, sino que solicitará directamente su absolución y de cualquier medida cautelar. Fue por todo.

El debate oral continuará el jueves, alrededor de las 10, comunicó la jueza. Ese día abrirán la etapa probatoria y empezarán a escuchar las declaraciones de los testigos.