Río Negro: suman 513 empleados públicos sancionados por incumplimientos
El Gobierno difundió un informe con los resultados de los sumarios iniciados. Hubo cesantías y exoneraciones pero también sobreseimientos.
El gobierno provincial actualizó su tarea de control de la administración pública y ya acumula 513 sanciones desde 2024 a través de la Junta de Disciplina.
Entre 2024 y lo que va de 2025, se trataron más de 900 expedientes y las sanciones aplicadas se dividen en 82 cesantías, 6 exoneraciones, 403 suspensiones y 22 apercibimientos.
El informe difundido ayer indica que desde enero de 2024 se iniciaron 172 nuevos sumarios y se dictaron 86 suspensiones preventivas. También se resolvieron 70 sumarios con sobreseimiento de los agentes y se archivaron 193 expedientes en los que no se acreditó una falta.
El procedimiento se inicia con un sumario administrativo y se realiza una investigación interna para analizar el incumplimiento. Este proceso está a cargo de instructores (abogados) que garantizan que el procedimiento sea justo y que el agente tenga el derecho a defenderse, puntualizó el Gobierno.
“Estas sanciones reflejan la continuidad de la política de ordenamiento de la administración pública”, expresó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra. “Buscamos garantizar que el sueldo, que paga cada rionegrino con sus impuestos, sea por un trabajo bien hecho. Es la mejor forma de respaldar a los miles de agentes que sí cumplen con su tarea”, agregó.
Las actuaciones disciplinarias van desde faltas graves en el servicio (como la desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en la gestión y el cuidado de insumos) hasta inconductas y conflictos interpersonales en el lugar de trabajo, incluyendo denuncias por malos tratos, insultos y peleas entre compañeros.
Entre las sanciones más severas está la cesantía, que implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso al Estado transcurridos cinco años. Esta medida se aplica cuando hay una acumulación de sanciones previas, abandono de servicios o hechos de mayor gravedad.
Los casos más extremos, como pueden ser delitos dolosos con condena penal firme, llegan a la exoneración que implica una desvinculación definitiva del Estado e inhabilitación permanente para volver a trabajar en el Estado. (Diario Río Negro)