Megacausa por asociación ilícita y estafa inmobiliaria: procesaron a otras tres personas

Por Sofia Ortiz

La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, procesó hoy a José Héctor Jofré, Pedro Eduardo Mazzocca Fernández y a Ruth Sonia Agüero por “asociación ilícita en calidad de participe” en concurso real con “estafa procesal y falsificación de documento de documento público, privado y su uso en proceso judicial”. La magistrada dispuso, por tratarse de una “causa compleja”, inhibir sus bienes por seis meses y por el mismo plazo prohibirles su salida de la provincia y que firmen, una vez por semana, el libro de procesados.

Los tres nuevos imputados se suman a otros 11 que el miércoles 20 de agosto fueron procesados en la misma causa. Los ya implicados son el abogado Juan Cruz Domínguez; Hugo Alberto Guzmán, Juan Alberto Sosa, Alberto Javier Ochoa, Pablo Héctor Herrera, María de los Ángeles Toscano, Mario Cristian Vega, Carlos Mario Peralta, Roberto Córdoba Gordillo, Héctor David Escobar y Walter Luis Alejandro Terceros.

La investigación está a cargo del fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat, y la fiscal de instrucción, Ornella Costa, quienes estiman que el valor total de los inmuebles afectados asciende a 4.763.000 dólares.

La audiencia duró más de dos horas y comenzó con un relato pormenorizado de los fiscales quienes relataron cada uno de los hechos en los que han logrado determinar mediante pruebas la participación de Jofré (gestor automotriz) y de Mazzocca Fernández y Agüero, quienes son comerciantes.

Assat aseguró que desde 2012 los imputados forman parte de la asociación ilícita que ha tenido el fin de tomar y apropiarse de inmuebles, predios y lotes mediante el uso de documentación falsa. Resaltó que en la mayoría de los casos las víctimas fueron personas de edad avanzada o con padecimientos físicos.

El fiscal mencionó que Jofré actuó de forma organizada junto a otras cinco personas para apoderarse ilegalmente de dos viviendas ubicadas en el barrio Lucas Rodríguez y en el Cerro del Sol, de la ciudad de San Luis. Para lograrlo creó una cadena de boletos de compra y venta falsificados y contratos con fechas retroactivas con los que simuló ventas anteriores de los inmuebles. Uno de los damnificados padece esclerosis múltiple.

Para la fiscalía el rol de Jofré fue activo y su participación fue la de “facilitador documental”.

Luego Assat le endilgó la usurpación de una vivienda de la calle Caseros. Era propiedad de un hombre de avanzada edad que no residía en la provincia. Jofré creó documentación como la contratación de servicios para engañar a la Justicia y con otros documentos apócrifos trató de establecer la compra de esa vivienda.

Assat agregó que el hombre se apropió de manera ilegal de cinco propiedades de una escribana. Dijo que una de ellas está situada en la calle Mitre y que Jofré junto a la asociación realizó maniobras para darla por alquilada mediante un contrato falso.

Luego la fiscal adjunta detalló los hechos que se le achacan a Mazzocca Fernández y a Agüero. Dijo que ambos prestaron sus nombres para figurar como falsos vendedores de dos lotes ubicados en la localidad de Nogolí.

Daban el mismo domicilio tanto del comprador como del vendedor para de ese modo no lograr que las víctimas fueran notificadas por la Justicia y lograran darse cuenta de la maniobra fraudulenta.

Para Costa, Mazzocca Fernández y Agüero se valieron de documentos falsos como boleto de compra y venta. Intentaron realizar un lavado de activos queriendo cambiar la titularidad de esos lotes a otra persona y de esa manera generar un ocultamiento de pruebas.

Los tres imputados, según el Ministerio Público fiscal, tuvieron contacto directo con el abogado Juan Cruz Domínguez, principal imputado en la causa. Éste era quien realizaba las presentaciones en los diferentes ámbitos del Poder Judicial para encargarse de que cada una de las maniobras fraudulentas pasaran desapercibidas.

Por todo ello la Fiscalía solicitó todas las medidas coercitivas a las que finalmente la jueza Banó dio lugar. Tanto Florencia Bustos Samperisi, representante de la fiscalía de Estado, como los querellantes Maximiliano y Sebastián Pipitone, adhirieron a todo lo expuesto por la fiscalía.

Entre José Héctor Jofré, Pedro Eduardo Mazzocca Fernández y Ruth Sonia Agüero el único que decidió declarar fue el primero. El resto se abstuvo.

“Nunca recibí ni una moneda”

José Héctor Jofré, representado por el abogado José Samper, dijo que de todos los hechos de los que se lo acusa no reconoce ninguno. Mencionó que realiza gestoría del automotor y que conoce a varias de las personas que ya están imputadas en la causa y a otras que se mencionó durante los relatos de la fiscalía.

Solo reconoció que en una oportunidad firmó un documento en una estación de servicio a modo de “favor” a un hombre al que identificó como Alfredo Varas. Aseguró que no recuerda qué es lo que decía el escrito porque no se tomó el trabajo ni el tiempo de leerlo.

Solo dijo que luego Varas lo llamó para que se presentara en un domicilio de la calle Mitre y que al llegar estaba el dueño de la propiedad quien le recriminaba que le había roto la cerradura. Dijo que no lo conocía y que no entendía qué estaba pasando.

Expresó que luego llegó a entender que lo que había firmado era un documento que daba cuenta que él era el comprador de ese inmueble pese a que nunca pagó por él.

Luego fue respondiendo preguntas que le realizaron su abogado, la fiscalía y la querella. Les refirió que respondería todo lo que le preguntasen para aclarar y encontrar la verdad. “Estoy muy preocupado y asustado”, recalcó.

Refirió que es martillero público pero que jamás ejerció la profesión y que si bien está matriculado jamás se colegió en el Colegio de Martilleros Públicos. Contó que nunca recibió ni propiedades ni dinero por ninguno de los hechos que se lo acusa y agregó que tras el episodio sucedido en la calle Mitre denunció a unas personas por usurpación de esa vivienda. Mencionó que lo hizo también a pedido de Varas.

Sobre el abogado Domínguez dijo que lo conocía y de manera quizás vaga recordó que, en su despacho, y en compañía de Varas, firmó otro documento del que tampoco recordó su contenido.

Al finalizar, su defensor dijo que las medidas solicitadas por la fiscalía eran sumamente excesivas y en caso de decretarse le generarían inconvenientes. Jofré discernió y expuso que no sería así porque solo tiene una vivienda social, un vehículo y además porque su condición económica no le permite acceder, por ejemplo, al uso de tarjetas de crédito.

“Compradores de buena fe”

A su turno el abogado Martín Pérez Ruta, quien representa a los comerciantes Pedro Eduardo Mazzocca Fernández y Ruth Sonia Agüero aseguró que ninguno tiene nada que ver con los hechos mencionados.

Expuso que compraron un terreno de Nogolí y que en el estudio jurídico del abogado Juan Cruz Domínguez firmaron documentación para iniciar el juicio de escrituración del mismo. “Fueron compradores de buena fe, incluso pagaron", remarcó.

Dijo que luego sus defendidos desistieron del proceso y decidieron venderlo a través de una sesión de derechos. “No hay ninguna actitud maliciosa”, enfatizó.

Por último, dijo que ambos están a derecho y que no han formado parte de la maniobra ni del ardid delictivo perpetrado por la asociación ilícita. Solicitó que las medidas que se les aplicaran fueran más leves que las pedidas por la fiscalía dado que son comerciantes y la inhibición de sus cuentas les generaría complicaciones para continuar en el rubro.