10 años del crimen de Romina Aguilar: ningún detenido, las vueltas de la Justicia y una herida abierta
A una década del asesinato ocurrido en la puerta de su casa la causa atravesó un juicio anulado, excarcelaciones, suspensiones y conflictos de competencia. Uno de los imputados está fuera del país y se desconoce su paradero, otro permanece detenido por delitos comunes y el principal acusado fue absuelto y volvió a ser intendente. La familia ahora es querellante.
10 años del homicidio de Romina Aguilar.
Por Antonella Camargo
Era sábado. Un sábado de verano. Estaba amaneciendo en el barrio Faecap y ya hacía calor. Romina Celeste Aguilar tenía 32 años y se preparaba para salir de su casa y viajar a La Calera, donde cursaba el Plan de Inclusión Educativa. Tenía que pasar primero a buscar a Adriana, una amiga. Por las altas temperaturas, habían decidido adelantar el horario habitual y salir más temprano. Pero nunca llegaron a encontrarse.
Entre las 6:15 y las 6:30 del 30 de enero de 2016, dos hombres llegaron en una moto hasta la puerta de su vivienda. Uno de ellos se bajó, mientras el otro lo esperaba. El primero la obligó a caminar unos metros y le disparó dos veces en plena calle, frente a su propia casa. Luego escaparon.
El lugar del hecho.
Romina cayó gravemente herida. Los primeros en auxiliarla fueron un grupo de jóvenes que vivían frente a la vivienda. Una de ellas, María Eugenia Núñez, fue la única que observó la secuencia desde una ventana. Habló de dos hombres en moto, el "dale, dale" que le repetía uno de ellos a la víctima, los disparos y la fuga.
La víctima perdió la vida pocos minutos después. La primera bala ingresó por la costilla izquierda, salió por el lado derecho e impactó en uno de sus brazos. Esa lesión dañó un pulmón y le provocó un shock hipovolémico que derivó en su muerte. Cuando llegó la ambulancia, ya no tenía signos vitales. Y según la médica forense que le hizo la necropsia, las posibilidades de que sobreviviera eran casi nulas.
Amenazas, el primer rumbo de la investigación y un “crimen por encargo”
En los días posteriores al crimen, la investigación avanzó sobre varias hipótesis. Una de ellas fue la expuesta por Diego Lorenzetti, entonces intendente de La Calera y esposo de la víctima, quien habló de amenazas telefónicas y sostuvo públicamente que su mujer había sido asesinada en el marco de un posible “crimen político”.
Diego Lorenzetti y Romina Aguilar.
Pero el 29 de febrero de 2016 la causa dio un giro decisivo. Ese día, efectivos policiales allanaron la vivienda de Edivaldo de Oliveira Pereira, un jockey brasileño que trabajaba con los caballos de Lorenzetti, y secuestraron una moto Yamaha Crypton negra de 110 centímetros cúbicos que los investigadores creían que había sido utilizada en el asesinato. Horas más tarde, De Oliveira Pereira se presentó espontáneamente ante la Justicia y quedó detenido.
En su primera declaración indagatoria, prestada ese mismo día ante la jueza Virginia Palacios, relató una versión que inicialmente presentó como un robo. Dijo que conocía a Cristian Leandro “El Bocón” Vílchez y que esa mañana, cerca de las 6, éste fue a buscarlo a su casa y le propuso cometer un asalto en un lugar donde supuestamente había mucha plata. Aseguró que le habló de $100 mil y que la mitad sería para cada uno, que él manejaba la moto y que Vílchez iba como acompañante, y que al llegar a una esquina cercana a la ruta 147 se quedó con el motor encendido mientras su acompañante bajaba y se acercaba a una mujer que estaba saliendo de una camioneta.
Lorenzetti y De Oliveira Pereira.
Según declaró, oyó un primer disparo, gritó “vamos, vamos” y, cuando ya estaba arrancando, escuchó un segundo tiro. Contó que escaparon sin llevarse nada y que, ya lejos del lugar, le preguntó a Vílchez por qué no habían robado. Fue entonces cuando su acompañante le manifestó que “todo era un encargo” y que el crimen había sido pedido por “el marido de Romina”.
Identificó a Vílchez como el autor de los disparos, dijo que el arma era una pistola calibre 45 que llevaba él, que nunca la tocó y que la moto utilizada era de su propiedad. Además, reconoció que Lorenzetti era su patrón desde hacía un año y medio.
Al día siguiente, Lorenzetti participó en una marcha en La Calera organizada para reclamar justicia por el homicidio de su esposa. Por la noche, ya de regreso en su casa y junto a su hijo Hernán, recibió la noticia que terminaría de sacudir el expediente: la jueza Palacios había ordenado su detención para establecer si había tenido algún tipo de vinculación con el crimen.
Romina Aguilar y Diego Lorenzetti.
Una brigada de la División Homicidios viajó de inmediato a la localidad del departamento Belgrano. Cerca de las 23, el intendente ya estaba detenido en la ciudad de San Luis.
El último eslabón de esa cadena se cerró un mes después. El 31 de marzo, la Policía detuvo a “El Bocón” Vílchez en la esquina de Río Turbio y Quebrada de Cautana, en el barrio Cáceres, en la zona norte de la capital provincial.
En menos de 30 días, la causa había pasado de investigar un presunto móvil político a tener tres detenidos por un supuesto crimen por encargo: el viudo, el jockey brasileño que se había presentado espontáneamente y un joven señalado como el autor material de los disparos.
Lorenzetti en Tribunales tras su detención.
Un juicio largo y un veredicto que nunca quedó firme
El juicio oral llegó casi cuatro años después. Comenzó en diciembre de 2019 y se extendió durante siete meses. Fueron más de veinte audiencias y de sesenta testigos los que pasaron ante el Tribunal integrado por los jueces José Luis Flores, Jorge Sabaini Zapata y Silvia Inés Aizpeolea. Declararon familiares de la víctima, vecinos que auxiliaron a Romina en los últimos minutos, peritos forenses, policías de la División Homicidios, peritos informáticos, testigos de allanamientos y escuchas telefónicas, además de los tres acusados.
Silvia Inés Aizpeolea, José Luis Flores y Jorge Sabaini Zapata.
A lo largo del debate, la acusación a cargo de la fiscal de Juicio, Carolina Monte Riso, intentó sostener la hipótesis del crimen por encargo y reconstruir los movimientos de la mañana del asesinato. Para eso se amparó en mensajes donde Romina le decía a Lorenzetti que iba a revelar secretos, préstamos que pidió el intendente en los días previos al hecho, la relación paralela que tenía el viudo al momento del hecho y la autoincriminación del brasilero.
Las defensas cuestionaron la investigación, denunciaron irregularidades, presiones policiales y contradicciones entre los testimonios. Los tres imputados declararon y negaron haber participado en el homicidio. Lorenzetti sostuvo su inocencia y habló de una investigación direccionada. Vílchez dijo que había cometido otros delitos, pero que no era un asesino. De Oliveira Pereira afirmó que había sido golpeado y obligado a autoincriminarse porque matarían a su familia.
Ese 17 de julio de 2020 llegó la sentencia. Era época de pandemia por Covid y los implicados siguieron esa instancia de forma virtual desde la Penitenciaría. El Tribunal absolvió al viudo por el beneficio de la duda y condenó a De Oliveira Pereira y a Vílchez a 22 años de prisión como autores del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Parecía el cierre de una causa que llevaba más de cuatro años abierta. Pero no lo fue.
La anulación del fallo y el regreso al punto cero
En octubre de 2021, el Superior Tribunal de Justicia anuló la sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio. Las consecuencias no tardaron en sentirse. En marzo de 2022, ya no había ninguna persona detenida por el crimen.
Las defensas de Vílchez y De Oliveira Pereira habían solicitado la excarcelación luego de que el máximo tribunal provincial ordenara un nuevo debate. El 17 de diciembre, la Justicia les concedió el beneficio bajo caución: al brasilero le fijaron una fianza de $1.500.000 y a Vílchez una de $1.000.000. Durante semanas, ambos permanecieron detenidos porque no podían cumplir con esos montos, hasta que finalmente en marzo de 2022 la medida quedó efectivizada.
Leandro Vílchez.
La excarcelación incluyó una serie de reglas de conducta estrictas. Ambos debían fijar domicilio dentro del radio de la ciudad de San Luis y comunicar cualquier cambio, pedir autorización para salir de la provincia, presentarse semanalmente en la Cámara N°1 para firmar el libro de procesados, abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de alcohol y tenían prohibido salir del país. El incumplimiento de cualquiera de esas condiciones podía derivar en la revocación de la libertad, la ejecución de las fianzas y una nueva orden de captura.
El dato era demoledor: seis años después del crimen, el expediente no tenía detenidos, las condenas habían sido anuladas y todo el proceso debía comenzar otra vez. El asesinato de Romina volvía a quedar, judicialmente, sin responsables.
El giro de la familia y la aparición de la querella
En 2024 se produjo otro cambio significativo en el expediente. La madre y los hermanos de Romina decidieron presentarse como querellantes en la causa y designaron un abogado propio para impulsar la investigación.
La decisión llamó la atención en los tribunales. Durante años, la familia había sostenido públicamente la inocencia de Lorenzetti. A casi una década del asesinato, resolvieron involucrarse de manera directa en el proceso con el objetivo de llegar a la verdad.
Esto también impactó en el entorno del viudo y el hijo que tuvo con la víctima, Hernán, también se presentó como querellante.
La causa tuvo al menos dos fechas fijadas para volver a debatirse. Primero se programó el inicio del nuevo proceso para abril de 2024. Luego, tras una suspensión, se volvió a fijar una nueva fecha para febrero de 2025. Pero en ambas oportunidades el debate fue postergado a partir de planteos presentados por la defensa de Lorenzetti, que cuestionó la integración del tribunal y distintos aspectos del procedimiento.
La salida del país de De Oliveira Pereira y un año de discusiones sin resolver
Mientras el segundo juicio seguía sin fecha, Edivaldo de Oliveira Pereira continuaba en libertad. Debía presentarse de forma periódica a firmar el libro de procesados. La última vez que lo hizo fue en agosto de 2024. Ese mismo mes viajó a Misiones para participar de una competencia hípica. Integraba el stud “El Indio Haras” y había retomado su actividad como jockey tras recuperar la libertad. Luego de la carrera, anunció a su entorno que no regresaría a la provincia.
Según pudo reconstruir El Chorrillero, salió legalmente de la Argentina hacia Brasil. Fue la propia Dirección Nacional de Migraciones la que alertó a la Justicia de San Luis sobre su partida. A partir de entonces, el expediente quedó atrapado en una nueva parálisis. Durante más de un año, distintos jueces se excusaron y se declararon incompetentes para resolver si correspondía declarar la rebeldía y ordenar su captura.
Recién el 17 de diciembre de 2025, el Superior Tribunal de Justicia destrabó el conflicto y ordenó que el Tribunal de Juicio resolviera sobre la procedencia de la declaración de rebeldía y las medidas necesarias para lograr su inmediata detención. Sin embargo, terminó el año, comenzó la feria judicial y el expediente permanece inamovible.
Los otros imputados y el presente de la causa
“El Bocón” Vílchez entró y salió varias veces de prisión por delitos contra la propiedad. En junio de 2025 fue condenado a una pena unificada de tres años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo por un intento de hurto cometido en diciembre de 2024. Actualmente permanece detenido.
Lorenzetti, permanece en libertad desde 2020. En 2021 volvió a la intendencia de La Calera y en 2025 fue nuevamente elegido.
10 años después, una causa sin respuestas
A 10 años del asesinato de Romina Aguilar, no hay condenas firmes, no hay juicio en marcha y no hay fecha prevista para retomar el debate. Nadie sabe dónde está uno de los imputados, otro cumple condena por delitos ajenos a la causa y el tercero volvió a la vida política.
A Romina le arrebataron la vida hace 10 años. Con eso, la oportunidad de ver crecer a su único hijo y también la de conocer a su nieta.
Una década después, el crimen sigue impune y Romina no tiene justicia.