El Gobierno de Irán lanza una campaña por todo el país para arrestar a manifestantes
Los agentes de seguridad iraníes llegaron a las dos de la madrugada en media docena de autos que estacionaron frente a la casa de la familia Nakhii. Despertaron a las hermanas Nyusha y Mona y las obligaron a darles las contraseñas de sus celulares. Luego se las llevaron.
Las mujeres fueron acusadas de participar en las protestas a nivel nacional que habían sacudido Irán una semana antes, según contó a The Associated Press una amiga de ambas, que habló bajo condición de anonimato por su seguridad mientras describía los arrestos del 16 de enero.
Detenciones como esas se repiten desde hace semanas, tras la represión gubernamental del mes pasado que sofocó las protestas que exigían el fin del gobierno teocrático de la República Islámica. Se han reportado redadas en viviendas y lugares de trabajo tanto en grandes ciudades como en localidades rurales, lo que revela una campaña masiva que ha afectado a amplios sectores de la sociedad iraní. Entre los arrestados hay estudiantes universitarios, doctores, abogados, maestros, actores, empresarios, deportistas y cineastas, así como figuras reformistas cercanas al presidente, Masoud Pezeshkian.
Suelen pasar días o semanas incomunicados y se les impiden contactar con familiares o abogados, según activistas que monitorean los arrestos. Esto ha llevado a parientes desesperados a lanzarse a la búsqueda de sus seres queridos.
La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, ha cifrado el número de detenciones en más de 50.000. La AP no ha podido verificar el dato. Hacer un seguimiento de los arrestados ha sido complicado desde que las autoridades iraníes bloquearon el acceso a internet, y los reportes se filtran con dificultad.
Otros grupos de activistas fuera de Irán también han estado trabajando para documentar las redadas.
“Las autoridades siguen identificando a gente y deteniéndola”, afirmó Shiva Nazarahari, organizadora de uno de esos grupos, el Comité para Monitorear la Situación de los Manifestantes Detenidos.
Hasta ahora, el Comité ha verificado los nombres de más de 2.200 detenidos gracias a reportes directos de sus familias y a una red de contactos sobre el terreno. Entre los arrestados hay 107 universitarios, 82 menores de hasta 13 años, además de 19 abogados y 106 médicos.
Según Nazarahari, las autoridades han estado revisando cámaras callejeras municipales, cámaras de vigilancia de tiendas y grabaciones de drones para seguir a personas que participaron en las protestas hasta sus casas o puestos de trabajo, donde son arrestadas.
Retenidos durante semanas sin contacto
Las protestas comenzaron a finales de diciembre, provocadas por la indignación ante el vertiginoso incremento de los precios, y se extendieron rápidamente por todo el país. Alcanzaron su apogeo el 8 y 9 de enero, cuando cientos de miles de personas se echaron a las calles en más de 190 ciudades y localidades.
Las fuerzas de seguridad respondieron con una violencia sin precedentes. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos ha contabilizado hasta ahora más de 7.000 muertos y sostiene que la cifra real es mucho mayor. En su único balance de fallecidos, publicado el 21 de enero, el gobierno comunicó 3.117 decesos. En oleadas de disturbios anteriores, la teocracia ha subestimado o no ha reportado las muertes.
Gholamhossein Mohseni Ejehi, un clérigo conservador que está al frente del poder judicial en Irán, se convirtió en el rostro de la represión; calificó a los manifestantes de “terroristas” y pidió castigos rápidos.
Desde entonces, “las detenciones han sido muy generalizadas porque es como una asfixia total de la sociedad”, dijo un manifestante contactado por la AP en Gohardasht, una zona de clase media a las afueras de la capital, Teherán. Contó que dos de sus familiares y tres amigos de su hermano fueron asesinados en los primeros días de la represión, además de varios vecinos. Habló bajo condición de anonimato por temor a ser perseguido por las autoridades.
Las hermanas Nakhii, Nyusha, de 37 años, y Mona, de 25, fueron llevadas primero a la conocida prisión de Evin, en Teherán, donde se les permitió ponerse en contacto con sus padres, apuntó su amiga. Más tarde, añadió, las trasladaron a Qarchak, un penal para mujeres a las afueras de la capital donde grupos de derechos humanos denunciaron hacinamiento y falta de higiene incluso antes de la represión.