La Policía le inició un sumario a Darío Neira, ex jefe de la fuerza

La Policía de San Luis inició formalmente un proceso de instrucción sumaria contra el comisario general (RV) Darío Neira, a raíz de publicaciones realizadas en sus redes sociales en las que cuestionó los niveles salariales del personal policial, alentó a realizar protestas y acompañó esos mensajes con imágenes de efectivos uniformados, móviles identificables y equipamiento institucional.

La decisión administrativa fue adoptada luego de que se conociera la denuncia presentada por la Fiscalía de Estado provincial (fue radicada el jueves pasado) en la que se responsabilidad a Neira de "incitación a la violencia", en los términos del artículo 212 del Código Penal. Sin embargo, ahora, el eje apunta al procedimiento disciplinario impulsado por la propia fuerza de seguridad, ya que el ex jefe, aún en situación de retiro, continúa sujeto al régimen normativo vigente de la Policía. No solo en cuanto a los reglamentos generales que todo efectivo debe respetar, sino también a las leyes provinciales que prohíben a los uniformados, en actividad o ya retirados, a manifestarse en contra de la institución y alentar en contra de ella.

El fundamento central del sumario radica en que todo integrante de la fuerza conserva un denominado “estado policial”, lo que implica que permanecen sujetos permanentemente a la Ley XV-0982-2017 y a su Decreto Reglamentario N° 3053-MS-2019.

El artículo 77° del decreto establece expresamente que "debe respetar el régimen disciplinario todo el Personal Policial en actividad y el Personal Policial Retirado”. Por esa razón, la condición actual de Neira como legislador provincial no lo exime del cumplimiento de las normas internas que regulan la conducta de todos los policías.

Entre las faltas disciplinarias que podrían encuadrarse en el caso se encuentran las tipificadas como “Graves”, particularmente la que sanciona el “hacer propaganda tendenciosa o difundir rumores que puedan provocar situaciones de desconcierto, desánimo o malestar entre el personal, o que puedan afectar la disciplina o el prestigio de la Institución”, ya sea de manera verbal o escrita, en medios gráficos o redes sociales, o por cualquier dispositivo tecnológico.

A su vez, el reglamento de la fuerza contempla como faltas “gravísimas” aquellas que “realizan observaciones indebidas” o “se enfrentan públicamente a través de medios masivos de comunicación” a autoridades del Poder Ejecutivo, como así también “participar activa o pasivamente en rebeliones, manifestaciones, huelgas o adherirse ideológicamente a ellas por cualquier medio de expresión, afectando la seguridad pública y el orden institucional”.

Desde la mirada policial, las publicaciones realizadas por el ex comisario general Neira -que incluían consignas como “los trabajadores no necesitan slogans, necesitan un plan maestro salarial digno” y “no hay dignidad sin salario digno"- pueden claramente encuadrarse dentro de lo que las normas internas buscan evitar.

El proceso iniciado corresponde a una “información sumaria”, mecanismo previsto para investigar la eventual comisión de faltas leves, graves o gravísimas. En una primera etapa, Asuntos Internos de la Policía llevará adelante las actuaciones preliminares. Si de esa instancia surgiera la existencia de una infracción disciplinaria, el expediente será elevado a la Dirección Provincial de Sumarios Administrativos, un organismo del Estado por fuera de la Policía que garantiza la imparcialidad en la continuidad del expediente.

Una vez radicado allí, se notificará formalmente al Neira, quien podrá designar abogado defensor y ejercer plenamente su derecho de defensa, bajo el principio de inocencia que rige todo procedimiento.

La Dirección de Sumarios realizará las diligencias probatorias pertinentes, analizará la documentación incorporada y correrá vista al acusado para que ofrezca prueba y formule los descargos que considere necesarios.

Concluida la investigación, el organismo emitirá un dictamen legal que será elevado a la Jefatura de Policía, que resolverá si corresponde aplicar una sanción disciplinaria. Esos castigos van desde apercibimientos hasta la exoneración, dependiendo de la gravedad de los hechos que se acrediten.

La Fiscalía de Estado denunció a Neira por incitación a la violencia

La Fiscalía de Estado de San Luis presentó el jueves una denuncia penal ante la Fiscalía de Instrucción N°3, a cargo de Esteban Roche, solicitando la apertura de una investigación preliminar por el presunto delito de "incitación a la violencia colectiva". La presentación fue impulsada por el fiscal de Estado adjunto, Rafael Berruezo, y el jefe de la Sala Penal, Santiago Calderón Salomón, con el patrocinio de la fiscal de Estado, María Fabiana Zárate.

De acuerdo a la denuncia, “en los últimos días se detectaron diversas publicaciones difundidas mediante redes sociales desde cuentas atribuidas a Neira, en las que se observan imágenes de personal policial uniformado, vehículos identificables como pertenecientes a la Policía de San Luis y equipamiento institucional, acompañadas de mensajes vinculados a ‘reclamos salariales’”. Para los denunciantes, la utilización de esas imágenes “genera una directa asociación entre la institución policial provincial y el contenido” de las publicaciones.

La presentación también advierte que “las publicaciones referidas se difundieron en un contexto de conflictividad social vinculada a reclamos salariales de la Policía de Santa Fe”. Por ese motivo, en su denuncia, la Fiscalía de Estado, subrayó que Neira buscó utilizar esas fotografías y frases en pos de alcanzar "un contexto de tensión o movilización sectorial”. Según se desprende de la denuncia, esos elementos “no configuran un dato menor en relación a la intencionalidad del denunciado”, en la medida en que la difusión de esos mensajes e imágenes podrían resultar “idóneas para generar perturbaciones en el orden público o afectar el normal funcionamiento de los servicios de seguridad”, dice la denuncia.

Berruezo explicó que el pedido de investigación se sustenta especialmente en la condición de Neira como ex jefe de la fuerza y en el escenario nacional en el que se produjeron los posteos. “Entendemos que, dado su carácter de policía, que todavía tiene el estado policial, y en el contexto social nacional en que se dan estos posteos, en principio estaría incurriendo en incitación a la violencia contra una institución que en este caso es la Policía”, afirmó.

El funcionario fue más allá al sostener: “Si vos ponés esas declaraciones o publicaciones con imágenes de la policía, está claro que está dirigida a la fuerza”. Y agregó: “Está intentando levantar a las fuerzas policiales. Entonces hemos puesto el conocimiento al fiscal en turno para que sea él quien evalúe con las pruebas si hay un delito”, señaló.

Como pruebas, la Fiscalía acompañó capturas de pantalla de las publicaciones difundidas en redes sociales y material gráfico. Ahora será el Ministerio Público Fiscal quien determinará si corresponde avanzar con la investigación penal y si los hechos denunciados configuran efectivamente el delito previsto en el artículo 212 del Código Penal.

Una figura que causa rechazo en la opinión pública

Darío Neira es actualmente diputado provincial por el Partido Justicialista por el departamento Pueyrredón. Está alineado con el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien lo promovió como candidato.

Todos los puntanos recuerdan que Neira se desempeñó como jefe de la Policía de San Luis durante gran parte del último mandato de Rodríguez Saá, etapa que incluyó uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de la provincia: la desaparición de la niña Guadalupe Lucero, de apenas 5 años, ocurrida el 14 de junio de 2021. A más de cuatro años de aquel hecho, el caso continúa sin resolución y la menor nunca apareció ni ha sido encontrada, lo que marcó profundamente a la sociedad sanluiseña.

Al margen del grave episodio y las criminales manos que arrancaron a la pequeña de su casa y su familia, para la opinión pública Darío Neira y el ex ministro de Seguridad por entonces, Luciano Anastassi no estuvieron a la altura en la investigación y la gestión de ambos quedó marcado por el secuestro de la nena.

Los puntanos también tienen fresca la desidia, falta de reacción y la inexistente empatía que mostró el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá durante el caso. Como jefe del PJ lo incluyó a Neira en la lista de candidatos a legisladores provinciales en segundo orden. En la elección, el ex comisario llegó a la Legislatura en puntas de pie, por la minoría.