Con 5800 narcotest previstos para 2026, el Gobierno sumó a las fuerzas de seguridad y al área Salud

Por Astrid Moreno García Dione

Este 2026 el Gobierno provincial planea realizar casi 6 mil narcotest a funcionarios de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Se sumará personal policial y de la salud pública. Los análisis los realizará, al igual que en 2025, la Universidad Nacional de San Luis y serán 200 por semana.

El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, detalló que la medida alcanza a los tres poderes del Estado. En el Legislativo incluye a senadores, diputados y autoridades de ambas cámaras; en el Judicial, a magistrados, fiscales y funcionarios con cargos de responsabilidad; y en el Ejecutivo, a toda su estructura, incluidos los entes descentralizados, lo que suma unas 1.800 personas. A este universo se agregan los cadetes y policías de todas las jerarquías, así como el personal asistencial de la salud pública, con excepción de los administrativos.

En total está conformado por 12.200 personas, entre las que serán seleccionadas 5.800, de las cuales 1.800 serán funcionarios de los tres poderes, 2 mil agentes penitenciarios (se incluye a los cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública "Juan Pascual Pringles" y a los suboficiales que se incorporan a la fuerza y al Servicio Penitenciario) y 2 mil trabajadores de la salud pública a los que les realizarán el análisis.

“Con respecto a los llamados para realizar el narcotest, se va a hacer a través de un sorteo, igual que el año pasado. Será una vez por semana, todavía no está determinado el día, pero estará a cargo de la Caja Social”, explicó Bazla.

Y agregó que se realizarán 200 análisis por semana en cuatro lugares: dos en la ciudad de San Luis, en la zona oeste, en el laboratorio de la Universidad Nacional de San Luis, ubicado en Rivadavia 1359, y en el Hospital Pediátrico, Héroes de Malvinas al 110.

En la zona este de la provincia, las muestras se tomarán en Villa Mercedes, en dos laboratorios del Policlínico Regional "Juan Domingo Perón", en Maipú 450.

Además, los funcionarios públicos pagarán su análisis, que este año está en el orden de los $27.500. En el caso del personal de seguridad y salud, el costo lo afronta el Estado.

“Esto se debe a que el funcionario debe demostrar su propia idoneidad. Así como debe presentar un certificado de libre deuda o no estar incluido en el registro de deudores alimentarios morosos, también afronta personalmente el costo de este análisis. En el caso de la seguridad y la salud, es el Estado quien debe garantizar la prestación de ese servicio, por lo tanto, ese costo lo afronta el Estado”, justificó el secretario de Ética Pública y Control de Gestión.

El procedimiento: anonimato y aviso previo

Quienes sean sometidos al análisis, cuando reciben el aviso de que fueron seleccionados para realizarse el narcotest, reciben un token con un número de orden.

Además, deben completar una declaración jurada donde indican si consumen medicamentos y cuáles son, siempre bajo prescripción médica.

Al momento de asistir a la extracción de la muestra, quien recibe al sorteado no tiene acceso a sus datos personales, sino que, con el número de token, se genera un código QR a través del cual se rastrea la muestra, asegurando el anonimato. No es necesario asistir en ayunas; la única recomendación es tomar abundante agua para llegar en condiciones al momento del examen.

“Los recursos que vamos a usar este año tienen muchas normas de seguridad para chequear que la orina fue depositada en ese momento y que no fue traída de otro lado. Se mide la temperatura y ciertas propiedades químicas y físicas que permiten confirmar que la muestra fue efectivamente realizada en tiempo real”, explicó el decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la UNSL, Sebastián Andújar.

Luego, esa misma orina se divide en dos frascos: uno para el análisis y otro que queda como contramuestra final. La ley contempla diez sustancias, que incluyen drogas ilegales duras, como la cocaína y la heroína, y drogas legales que muchas veces se usan de manera abusiva, como los ansiolíticos, por ejemplo, el clonazepam.

“Está estipulado un día en el que se realiza el sorteo y a la persona se le avisa con 24 horas de antelación. Si hay consumo habitual de algún tipo de droga, ese día de aviso previo no afecta el resultado. A veces se dice que con ese aviso se le da a la persona un día para ‘desintoxicarse’, por así decirlo, pero es poco probable que eso suceda”, aclaró el decano. Y reforzó: “Los análisis que nosotros hacemos y la forma en la que se toma la muestra están estipulados por la Organización Internacional del Trabajo. Se realiza lo que está establecido por normas y leyes internacionales. Hay que entender que no solo se rastrea el principio activo de una droga, sino también los metabolitos, que son las sustancias en las que se transforma”.

Qué pasa si el análisis da positivo

En los casos en que un análisis arroja resultado positivo, la persona involucrada tiene derecho a solicitar una contramuestra, que fue tomada y separada el mismo día que la primera. Esta es enviada a analizar a la Universidad de Buenos Aires (UBA). El costo del procedimiento es de $141 mil y debe ser afrontado por el interesado.

Si el resultado positivo se confirma, los antecedentes son remitidos al Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones (CPAA). Allí se evalúa el nivel y la modalidad de consumo, habitual u ocasional, así como el grado de toxicidad y se define la estrategia terapéutica correspondiente.

“La persona que da positivo puede aceptar o no someterse a la terapia que proponga el CPA. Si no acepta el tratamiento y el nivel de toxicidad es elevado, comienza a ejecutarse la parte sancionatoria”, resolvió Bazla.

En el ámbito del Poder Ejecutivo, el gobernador está facultado para dictar el decreto de cese de funciones, ya sea de un director, ministro u otro funcionario. En el Legislativo, el procedimiento contempla la apertura de un juicio político, mientras que en el Judicial la situación se remite al Jurado de Enjuiciamiento, al considerarse una falta grave o mala conducta.

Cuando se trata de un consumo circunstancial, las sanciones son de menor gravedad y se aplican de manera proporcional. Pueden ir desde la suspensión temporaria en el ejercicio de las funciones hasta la suspensión del pago de haberes.

“El año pasado se realizaron análisis a 119 cadetes de policía que se incorporaron a la fuerza. Por primera vez, los cadetes egresados de la escuela de policía fueron sometidos a estos análisis. Si alguno hubiera dado positivo, no habría sido incorporado”, razonó el funcionario.

Ahora, al aplicarse el sistema a todo el personal policial y al personal de la salud, el análisis toxicológico pasa a ser un requisito de admisibilidad y de permanencia en el ejercicio de la función.

Los números del año pasado y San Luis pionera en narcotest

En 2025 fueron testeados alrededor de 1.700 funcionarios. Del total, se registraron 48 resultados positivos: ocho correspondieron a sustancias ilegales y 40 a legales. En estos últimos casos, todos los consumos estuvieron debidamente justificados por prescripción médica, como tratamientos para la obesidad u otras patologías.

Solo se solicitaron seis análisis confirmatorios. En algunos casos el resultado positivo se repitió y en otros hubo diferencias entre el test presuntivo, lo que se atribuye a posibles falsos positivos. En total, se detectaron dos casos en los que el confirmatorio no coincidió con el resultado inicial, un margen considerado dentro del error metodológico de este tipo de técnicas. En esas situaciones, al no ratificarse el positivo, no se les cobró el costo del análisis confirmatorio.

Desde el Gobierno aclararon que en ningún caso se informa públicamente la identidad de las personas sometidas a los controles ni se difunden nombres.