Pidieron cárcel para la pareja dueña de una concesionaria acusada de estafar a varios clientes, pero un juez dijo “no”

Matías Costamagna y Romina Herrera siguen imputados de un delito penal con varias víctimas. Las personas que los denunciaron perdieron sus vehículos y millones y millones de pesos. Son clientes que, en contrapunto, ganaron mucha mala sangre y perdieron mucha salud. La cura de eso último es tan valiosa que ni todo el dinero del mundo podría pagarla. Conocen el precio de todo y el valor de nada, decía Oscar Wilde. Y hace apenas unos días la pareja acusada estuvo a centímetros, si es comparado con una medición métrica, a segundos si es puesto en términos de tiempo, de perder algo que, en muchos casos, tampoco tiene precio: la libertad. Pero el encargado de poner un largo trecho entre el dicho y el hecho fue el juez de Garantías de Villa Mercedes, Matías Farinazzo Tempestini.

El fiscal Marcelo Palacio y los abogados Flavio Ávila y Gastón Yllera, representantes de dos de esas víctimas, le requirieron con distintos argumentos, siendo el primero de ellos la posibilidad de fuga de los presuntos estafadores, que sean encarcelados en tanto sigue abierta la investigación, que día a día se robustece. Sin embargo, el magistrado consideró que no están dadas las condiciones para la aplicación de una medida tan severa en este punto de la causa y solo dispuso que los imputados se mantengan alejados de los damnificados y que si quieren salir del país antes deben pedir permiso en tribunales, entre otra minúscula condición.

La otra pauta que fijó el magistrado fue que del 1 al 10 de cada mes, durante pocos meses, deberán presentarse en fiscalía, firmar un libro de presencia, para dejar constancia de que están a disposición de la Justicia.

Palacio había fundado su pedido de encarcelamiento no solo en la probabilidad latente de que la pareja, dueña de “Costamagna Automotores”, decida escapar del país, visto que en el hipotético caso de resultar condenados en un juicio le esperarían por delante algunos años en la cárcel, sino también en que libres en la calle como están podrían “obstaculizar” lo que queda del proceso de averiguaciones. En ese punto señaló que la investigación no deja de sumar declaraciones.

A eso el funcionario público le sumó una realidad que basta pasar por avenida Aviador Origone, donde funcionaba “Costamagna Automotores”, para verificar que los acusados siguen operativos con otra agencia de venta de vehículos, aunque bajo otro nombre. Recordó, además, el daño de toda clase ocasionado a los cuatro damnificados.

Gastón Yllera, el abogado de uno de los denunciantes, se sumó a la solicitud del fiscal. Argumentó que la prisión sería la única manera de asegurar y cautelar la continuidad del proceso penal y quedó comprobado que los presuntos estafadores no tienen ni la más mínima intención de reparar todo el daño provocado. Flavio Ávila, el representante de otra de las personas que cayeron en esa supuesta red de mentiras de Costamagna y compañía, propuso que, en caso de no privarlos de la libertad, al menos les inhiban los bienes, le impongan una prohibición de acercamiento, no le permitan viajar al extranjero y que firmen mensualmente un libro en fiscalía.

Martín Guiñazú, el defensor de la pareja imputada, sostuvo que la prisión preventiva debe ser descartada de plano, pues la vio como una medida desproporcionada, demasiada dura para un par de personas a las que solo les endilgan múltiples estafas. Cumplió con su rol de abogado y subrayó que sus clientes, al contrario de lo asegurado por Yllera, siempre mostraron buena voluntad y total disposición ante la Justicia.

Tras oír la resolución de Farinazzo Tempestini, que solo accedió a algunos planteos de Ávila, tanto el fiscal como los letrados querellantes anticiparon que presentarán un recurso de revisión para que un Tribunal de Impugnación revierta la decisión del juez de Garantías.

Don para endulzar oídos, encanto para engañar

Costamagna y Herrera están imputados desde hace casi tres meses. En la audiencia de formulación de cargos, Palacio y la fiscal adjunta, Andrea Court, resumieron que las estafas fueron cometidas entre septiembre de 2021 y julio, agosto y septiembre de 2023.

Ávila contó que su asistido se contactó con el acusado en 2023. Llegó hasta él, como muchas otras personas, por ser alguien conocido en el rubro de la venta de vehículos.

Después de entregarle su camioneta Toyota, Herrera lo presionó con suaves palabras para “la presentación de los documentos y se ocupó de realizar la transferencia y completar lo relacionado a los 008”. El cliente les concedió todo. El trato era ese, que entregara su Toyota para que le dieran a cambio una Volkswagen V6.

El problema es que los encargados de la concesionaria no cumplieron con su parte del acuerdo, solo supieron anteponer excusas. Le decían que sí, que ya estaba en camino la V6, estaba al caer como el sol, pero el hombre jamás vio el rodado prometido y, peor aún, no volvió a ver su Toyota.

No obstante, como lo último que la gente debe perder es la esperanza, el damnificado “quiso creer”. Decidió hacerlo y, como una mano de póker que sale mal porque el oponente tenía una inesperada escalera real, redobló la apuesta, lo apostó todo y perdió todos sus bienes gananciales con ruedas y motores.

“Costamagna lo habla y lo convence a mi cliente para que le diera la otra camioneta que tenía y así el saldo de la camioneta fuera menor”, narró Ávila. La pareja se tomó el trabajo de ir hasta Justo Daract, a lo del denunciante para buscar el único vehículo que le quedaba. “Fueron y le retiraron la Ranger. Literal, fueron a la casa y le llevaron la camioneta”, señaló el letrado.