“La política judicial ha sido mala y equivocada”: la mirada de Francisco Guiñazú sobre el funcionamiento de la Justicia en San Luis
El reconocido abogado trazó una evaluación del sistema judicial provincial. Apuntó contra la Ley Orgánica sancionada en 2021 y planteó una reforma integral que incluya cambios constitucionales.
El abogado Francisco Guiñazú lanzó una dura evaluación sobre el funcionamiento de la Justicia en San Luis y aseguró que el sistema atraviesa un proceso de deterioro que se profundizó a partir de 2021, tras la sanción de la Ley Orgánica de Administración de Justicia.
“Creo que estamos mal. Es un proceso que se arrastra desde hace muchos años, agravado a partir de ese momento”, afirmó en una entrevista en el programa “Se hará Justicia?”, emitido por San Luis+ Stream.
Según explicó, la normativa impulsada durante el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá fue “la ley madre” de una expansión de la estructura judicial que no se tradujo en mejoras en el servicio.
Durante la entrevista con la periodista Andrea Bringas y fiscal de Estado adjutor, Rafael Berruezo, advirtió que esa ampliación no impactó en mayor celeridad ni en una reducción de los plazos procesales.
“Uno debería pensar que todo va a mejorar, pero la realidad es todo lo contrario. La política judicial ha sido mala y equivocada”, sostuvo, y añadió que entre 2021 y 2023 “más que se duplicó la cantidad de jueces, secretarios, fiscales y defensores”.
El letrado también cuestionó la creación de organismos administrativos como la Oficina de Gestión Unificada (OGU), a la que calificó como “otro gran fracaso”, al considerar que implicó un alto costo económico sin resultados visibles para la población.
“El ciudadano, en vez de ver un buen servicio, está viendo un mal servicio”, afirmó.
En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias institucionales y sociales del deterioro judicial: “Cuando la Justicia se resiente de esta forma, se resiente todo el tejido social. Si no hay justicia, no hay paz social”.
Francisco Guiñazú en el programa junto de San Luis+ Stream junto a la periodista Andrea Bringas y fiscal de Estado adjutor, Rafael Berruezo. (Imagen captura)
Reforma estructural y cambios de fondo
El abogado, también profesor en la Universidad Católica de Cuyo y ex concejal, planteó que la solución no pasa por medidas aisladas sino por una reforma profunda.
“Lo primero que hay que hacer es modificar la Ley Orgánica de Administración de Justicia. Esa es la base, hay que empezar por ahí”, indicó.
Además, consideró que deberían revisarse el Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal, y recordó que un proyecto propio de reforma tiene estado legislativo en la Cámara de Diputados provincial, aunque “no avanza”.
“Lo que hace falta es decisión política”, enfatizó. En esa línea, sostuvo que el Superior Tribunal de Justicia no impulsará cambios porque, a su criterio, “se abrazó al molde que dejó la gestión anterior”.
También cuestionó el incumplimiento de normas vigentes, como la ley que establece evaluaciones periódicas para jueces cada cuatro años. “Está vigente y no se cumple”, afirmó, y señaló que existen mecanismos que permiten eludir esas evaluaciones mediante cursos o especializaciones.
Entre otros puntos, mencionó la existencia de jueces transitorios y cuestionó el rol del Jurado de Enjuiciamiento, al que atribuyó “falta de acción”. Asimismo, planteó que el Consejo de la Magistratura debería ser revisado en su composición y funcionamiento.
Según sostuvo, actualmente ese organismo no tiene facultades para hacer un seguimiento del servicio de justicia, como ocurre en el ámbito federal, y advirtió que los requisitos para acceder a cargos judiciales son bajos.
“Hoy, con tres años de título, una persona puede ser juez de primera instancia en San Luis. Tenemos que analizar qué resultados nos ha dado el sistema actual”, expresó.
Guiñazú fue más allá y planteó la necesidad de reformar la Constitución provincial, iniciativa que impulsa el gobernador Claudio Poggi: “Creo que está observando esta realidad y él es un hombre de acción. Yo supongo que pronto vamos a tener alguna novedad. Esperemos que las reformas se cumplan”.
Seguridad jurídica y discrecionalidad
El penalista también cuestionó prácticas que, a su entender, afectan la seguridad jurídica. Criticó la discrecionalidad en algunas decisiones judiciales y el uso de acordadas del Superior Tribunal para modificar aspectos procesales.
“La seguridad jurídica siempre se apoya en la norma, no en la discrecionalidad del juez o del fiscal”, subrayó.
Finalmente, insistió en que el problema no es meramente técnico sino estructural: “Si no abordamos a fondo una reforma integral y seguimos en el parche, la solución no va a aparecer”, advirtió.