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El Gobierno puso fin a la devolución de 5% de IVA para compras con débito

Luego de 15 años se cayó un beneficio para los consumidores: la devolución de 5% de IVA para las compras con tarjeta de débito. La norma venció el pasado 31 de diciembre luego de ser prorrogada en abril y ahora el Gobierno decidió no extenderla.

Ya no habrá devolución del IVA para las compras con tarjetas de débito. (Foto: Ámbito)
Actualizada: 02/01/2017 16:44
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"El concepto es que la devolución es algo que quedó antiguo. El mundo se movió hacia un formato de pagos electrónicos. No tiene sentido mantener un privilegio para tarjetas de débito", afirmó una fuente oficial a ámbito.com.

Lo curioso es que la devolución del IVA está prevista en el Presupuesto para este año según lo que propuso el Gobierno y avaló el Congreso. Según la fuente, una de las razones por las que se discontinuó el beneficio es por su alto costo fiscal. En 2015 fue de $ 4.535 millones, en 2016 de $ 6.077 millones y para 2017 era de $ 7.500 millones.

Esta podría ser considerada la primera medida del flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien a partir de hoy comenzó a ejercer el cargo que dejó el último viernes Alfonso Prat Gay.

En abril de 2016 el Gobierno firmó la prórroga para que la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 5% para las compras con tarjeta de débito se siguiera percibiendo hasta fin de año. Pero al no haber una nueva extensión hoy se cayó.

La norma regía desde 2001 cuando se implementó con el fin de masificar la bancarización. Incluía también una devolución de 3% para compras con tarjeta de crédito, que luego se dio de baja. Tenía como tope compras de hasta $ 1000, monto que nunca se actualizó. En la última prórroga se incluyó la devolución parcial para compras de combustible.

La devolución del IVA se tomó como una medida "transitoria", por lo cual debía ser prorrogada todos los años. Regía para bienes muebles o contratación de servicios de consumidores finales. En la actualidad, según datos del Banco Central, hay 39.759.678 de tarjetas de débito en el sistema.

Justamente, la medida se contrapone con uno de los pilares fundamentales que fomenta el BCRA, relacionado con la bancarización de la economía. De hecho, en el documento "Objetivos y planes respecto del desarrollo de la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria para el año 2017″, conocido el viernes pasado, la autoridad afirma que "el tercer pilar fundamental" de su gestión"consiste en fomentar decididamente la bancarización, con el fin de facilitar la función del dinero electrónico como medio de pago. En este sentido, el BCRA adopta como agenda prioritaria la tendencia mundial a los medios de pago electrónicos".

Esta premisa quedaba expuesta el pasado 12 de diciembre en el cuenta oficial de Twitter del BCRA:

Por otra parte, el economista y especialista en medios de pago y bancarización, Ariel Setton, dijo a ámbito.com que la medida "va muy en contra de lo que venía fomentando el Gobierno en lo que respecta a bancarización. Ya el hecho de no haber sido actualizado el tope de $1.000 por ticket desde su implementación había hecho perder fuerza a la medida".

En ese sentido, cabe recordar que a fines de noviembre el Banco Central habilitó a los menores de edad a ser titulares de cajas de ahorro y operar con tarjeta de débito, en busca de ampliar aún más el universo de personas bancarizadas y desalentar el uso de efectivo. Además, en marzo reguló la gratuidad de todas las transferencias entre personas físicas a través de homebanking y cajeros, y elevó el monto a partir del cual los bancos pueden cobrar por transferencias de empresas a $250 mil.

"En vez que redoblar la apuesta y buscar un mayor impulso del pago con medios electrónicos se hace todo lo contrario. En el fondo esto hace desaparecer un incentivo clave para que los consumidores exijan factura y que la AFIP tenga trazabilidad de las compras, fomenta menor blanqueo de la economía y por lo tanto hace que baje el monto a recaudar de IVA, de Ganancias (empresas) y de Ingresos Brutos", cuestionó Setton.

"Lo que pueda ‘ahorrar’ el Gobierno, unos $ 7500 millones coparticipables, según la Ley de Presupuesto, puede generar menor recaudación global de impuestos, profundizando el déficit fiscal y no ayudando a reducirlo, como se cree", advirtió el especialista.

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