Marihuana medicinal: criminalización del consumo y salud pública
La jornada sobre el uso de la marihuana terapéutico y medicinal contó con la presencia de especialistas en problemáticas de drogas y con el relato de un testimonio de vida.
Las disertaciones estuvieron a cargo del abogado, jefe del Área de Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal, Mariano Fusero; la doctora, reconocida internacionalmente, y una de las redactoras de la ley de marihuana medicinal de Uruguay, Raquel Peyraube y finalizaron con el relato testimonial de Gustavo Coria.
Fusero expuso sobre la criminalización de los consumidores y repasó la historia de la prohibición de las drogas y, especialmente, de la marihuana.
En este sentido remarcó que “toda prohibición de sustancias tiene motivaciones políticas y que no existen criterios científicos” y ejemplificó con una norma emitida en 1616 en Buenos Aires cuyo argumento se basaba en que la yerba mate era una “sugestión clara del demonio y hacía a los hombres holgazanes”.
Jornada Informativa y Educativa de Cannabis Terapéutico Medicinal, organizada por ALAPU.
Según el letrado aquella prohibición se justificaba por “la xenofobia que sufrían los indígenas por parte de los gobernantes, los mismos que un tiempo después crearían la primera empresa yerbatera del país, por cuestiones económicas”.
En el plano nacional, la penalización de los consumidores comienza en 1974 con el sustento político de José Lopez Rega quien aseguró que las guerrillas eran las principales consumidoras de drogas por lo que una campaña antidrogas sería una campaña antiguerrillas.
Sin embargo, “la criminalización lo único que ha conseguido es que el consumidor no se acerque a los centros de salud y sí al sistema marginal de narcóticos”, resumió el abogado con respecto a la denominada “guerra contra las drogas”.
Luego fue el turno de Peyraube que volcó su experiencia, de más de 30 años, en el campo de la problemática de las drogas y también su labor investigativa y participación en la redacción de la ley que legalizó la marihuana en Uruguay.
“Las convenciones internacionales tienen jerarquías jurídicas y las leyes de drogas son jerárquicamente menores a las de los derechos humanos, y ese fue el argumento político que utilizamos en Uruguay”, explicó la doctora y agregó: “No se pueden respetar ambas convenciones al mismo tiempo, y el país que lo haga está incumpliendo sistemáticamente los derechos humanos”.
La galena consideró que “el mayor daño de las drogas ha sido su prohibición, porque no ha permitido el control de calidad por parte del Estado, ni que los padres estén bien informados para educar a sus hijos”.
Peyraube trabaja desde la perspectiva de reducción de daños y afirmó que “las drogas ilícitas son sustancias de riesgo, por ende, el Estado debe ser quien las regule, pero en lugar de eso la prohibición delega esa función a los narcotraficantes que, por supuesto, no se interesan por la salud de nuestros hijos sino por conseguir más y más lucro”.
En el mismo sentido, arremetió contra la llamada guerra contra las drogas, iniciada por el presidente norteamericano, Richard Nixon, que fue aplicada en todo el mundo.
“La guerra contra las drogas lleva 70 años de fracasos, el consumo aumentó exponencialmente, se han creado más y peores sustancias y sobre todo alejó a los padres del control de sus hijos”, relató.
La científica también evaluó el panorama local: “Laboratorios Puntanos está en perfectas condiciones de producir cannabis de calidad farmacéutica. San Luis puede hacerlo, es una decisión política y el deber de la Provincia es velar por la salud pública”.
“Los enfermos tienen derecho, ante la falta de respuestas de la medicina convencional, a buscar mejores tratamientos”, informó.
“Muchas de las falencias que se marcan del cannabis son ciertas, pero tienen un valor relativo, es verdad que produce somnolencia, pero si alguien padece trastorno del sueño ciertas variedades de cannabis pueden ayudarlo y no necesita intoxicarse con algunas drogas lícitas que nos venden”, contó y ejemplificó con el flumitrazepam que "tiene una neurotoxicidad inusitada, las personas que los toman tienen agujeros en la memoria, y se receta para las personas con insomnio".
Sobre este eje, planteó que la falta de investigación científica que provoca el prohibicionismo no permite un adecuado diagnóstico sobre qué variedades utilizar para cada enfermedad.
Ambas temáticas, legales y médicas, confluyeron en el relato de Gustavo Coria, ya que fue el primer absuelto en el país por uso terapéutico de la marihuana.
El hombre fue detenido, en 2009, por la policía federal por tener algunos gramos de cannabis que utilizaba para tratar diferentes dolencias y enfermedades que le produjo un grave accidente de tránsito.
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Coria recuperó su libertad tres años después y creó numerosas ONG´s, entre ellas ALAPU, para difundir los efectos terapéuticos de la planta.
El testimonio de Coria sirvió de propulsor para que el resto del público se animara a contar sus historias de lucha contra diversas enfermedades y la emoción de los presentes se vivía a flor de piel.
Cuando terminaron los oradores fue el turno de que los espectadores, en su gran mayoría personas que padecen enfermedades que pueden tratarse con marihuana, preguntaran a los expertos.
El intendente de El Trapiche, Marcelo Páez Logioia, oficio de anfitrión. También estuvieron presentes los diputados provinciales, Luís Martínez y Daniel González Espíndola. Entre los espectadores había, aparte de pacientes canábicos, médicos, químicos y abogados.
El viernes se realizó una jornada similar en el Colegio de abogados, ambos eventos estuvieron auspiciados por los ministerios de Salud y Seguridad de la provincia.
El sábado, en horas de la tarde, también se realizó la Marcha Mundial de la Marihuana, que tuvo lugar en la Plaza Pringles, donde hablaron al público algunos integrantes de ALAPU, que solicitaron por la legalización de la planta. Posteriormente tocaron bandas.