Intendentes recurrieron a la Justicia por la tarifa del alumbrado público
Presentaron una “medida cautelar innovadora” para que Edesal la retrotraiga a los valores vigentes en junio de 2016. Buscan que no se los encuadre en la máxima categoría de consumidores.
Tras el aumento de las tarifas autorizado por el Gobierno nacional que disparó los costos, los jefes comunales aspiran a llegar a un acuerdo con la compañía.
En 1992, los intendentes dejaron de cobrar una tasa municipal por el uso del espacio aéreo a la proveedora estatal Seslep, que proveía el servicio. Un año después fue privatizada.
“Hasta ese momento cada comuna recaudaba un 9% por ese rubro, pero tras el acuerdo se eliminó y la empresa se comprometió a cobrarle a cada usuario el 6,83% de la boleta”, explicó el asesor legal de los intendentes, Juan Cruz Domínguez.
Los pueblos generan un consumo que según establecen las normas específicas, los califica como “grandes consumidores”. Esta circunstancia no causaba inconvenientes, pero Domínguez manifestó que “la tarifaria actual llevó a las Municipalidades a abonar cifras exorbitantes”.
El abogado planteó que así como promueven el reencuadramiento, también quieren “que el aumento no recaiga sobre el contribuyente”.
Los presupuestos municipales se vieron superados por la facturación del servicio. Como primer paso apelaron al Gobierno provincial buscando asistencia para neutralizar el “desequilibrio financiero”.
“El Trapiche pagaba $10 mil, luego $20 mil, el mes pasado 70 mil y este mes $160 mil”, describió cronológicamente Domínguez y agregó: “No se puede hipotecar el presupuesto para brindar un servicio público”.
Según el letrado, uno de los pueblos más perjudicados fue Concarán. “Si pagaba la luz, no pagaba los sueldos”. Ese fue el dilema que debió sortear el intendente Daniel Elías.
Por su parte, Juana Koslay abonó el mes pasado una boleta de $450 mil. Villa de Merlo abonó $700 mil.
En San Jerónimo decidieron “racionalizar” el funcionamiento de la planta de agua potable. Generando en los sistemas de bombeo una actividad intercalada.
“Cómo es posible que haya que ahorrar en un servicio público en pleno siglo vientiuno”, planteó Domínguez.
Hace un par de semanas el ministro de Gobierno, Eduardo Mones Ruiz, en su condición de interlocutor natural con los intendentes, recibió a un grupo. Andrés Vallone (Juana Koslay), Marcelo Páez Logioia (El Trapiche), Miguel Flores (Villa de Merlo) y Ricardo Callegaro (El Volcán) se retiraron con el compromiso del funcionario de estudiar caso por caso.
“La idea es que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica haga una auditoría para ver si el incremento está bien aplicado. El costo actual es cuatro veces mayor al del mes pasado”, declaró Mones Ruiz y responsabilizó al Gobierno de Mauricio Macri por el ajuste de las tarifas.
Según trascendió, algunos intendentes no quedaron satisfechos.
Este lunes los municipios de Juana Koslay, Potrero de Los Funes, El Volcán, Concarán, Tilisarao, El Trapiche, El Morro, La Toma, Balde, San Jerónimo, Alto Pencoso, Beazley y Estancia Grande formalizaron la presentación.
Las localidades afectadas insisten en que el incremento “es exponencial” y que si continúa la situación “llegará un momento en que sólo podrán pagar la factura de la luz”.
“Me parece que deberíamos establecer una categoría donde el municipio pueda prestar el servicio público sin ver afectada su economía”, reflexionó Domínguez.
Ahora resta saber si la Justicia dará lugar a la medida que supone la transformación de las cifras, “acomodando el acuerdo de 1992 a las necesidades actuales”.