Homicidios, secuestros y torturas en San Luis: comienza el tercer juicio por lesa humanidad
La Justicia Federal empezará a juzgar la responsabilidad que tuvieron los ex magistrados Eduardo Allende e Hipólito Saá y los exmiembros de las fuerzas de seguridad Alberto Eduardo Camps y Jorge Omar Caram, en crímenes ocurridos durante la última dictadura militar.
La primera audiencia preliminar donde se acusa a cuatro reconocidos exfuncionarios de San Luis de participar de la escalada represiva en el Gobierno de facto que tuvo el país en 1976, está fijada para este viernes 23.
El fiscal federal Cristian Rachid solicitó la elevación a juicio oral de los imputados que son señalados como responsables por “asociación ilícita, privación abusiva de la libertad agravada y tormento”.
Allende fue en su momento juez Federal, Sáa fiscal de Estado, Camps teniente de Artillería del Comando 141 y Caram médico de la Policía Provincial.
Durante este proceso quienes estarán al frente del caso son los jueces federales María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli del Tribunal Federal de Mendoza, y Julián Falcucci de la provincia de Córdoba.
En su acusación, Rachid marcó que las desapariciones y secuestros se produjeron bajo la excusa de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos y comenzaron a producirse antes del golpe cívico militar”.
En diálogo con elchorrillero.com, el funcionario confirmó que de los 100 testigos presentados, la fiscalía solo solicitará que presten 10 y que del resto se tomen las declaraciones que efectuaron en juicios anteriores.
“Se comparecerá el cronograma tentativo de audiencias dado que son de afuera los jueces, quizás sean 2 o 3 veces por semana. Una vez que se resuelven estos planteos, se reciben las pruebas y se da la fecha de inicio del juicio oral”, agregó.
Rachid aseguró que a partir de octubre de 1975, el Ejército tuvo la responsabilidad primaria de lo que dijeron llamar “lucha antisubversiva”. La provincia fue una de las cinco zonas operativas para tales fines.
Conformaba la tercera que estaba integrada además por Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
Las tareas que se llevaban a cabo en San Luis eran contenidas por un plan sistemático, generalizado y clandestino de eliminación de opositores tildados como “subversivos”.
Sobre esto trabajaban estrechamente los servicios del Ejército y la Policía, dirigidos por el coronel Miguel Fernández Gez, responsable del Área 333.
En materia de hechos puntuales, los acusados habrían realizados los delitos desde fines de 1975 hasta mediados de 1977, tiempo en el que se desempeñaron en sus cargos.
¿Cuáles fueron los roles de los acusados?
Allende y Sáa
Ambos, ya procesados, estuvieron con prisión preventiva desde diciembre de 2014 pero afrontarán el juicio oral en libertad.
En referencia a ellos, el fiscal de la causa dijo que “el terrorismo de Estado en San Luis contó con la complicidad de miembros de relevancia de un Poder Judicial que se adaptó al ‘plan de represión y aniquilamiento de la subversión’”. Destacó también que la actuación de ambos fue “determinante”.
“Evidencia una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron”, indicó.
En efecto, la mayor parte de las denuncias recibidas por los funcionarios fueron archivadas o provisionalmente sobreseídas sin mediar ningún tipo de investigación al respecto.
En muchos casos, los denunciantes fueron procesados y condenados sin que se diera inicio a una investigación por los hechos de los que fueron víctimas. Esta inacción demostraría la verdadera participación de ellos en los delitos.
Son considerados como partícipes necesarios del delito de “privación abusiva de libertad agravada” en 23 hechos, de los cuales en 21 se los acusa de tortura.
También figuran en el requerimiento del fiscal como partícipes de “homicidio agravado” en seis oportunidades en perjuicio de Graciela Fiochetti, Santana Alcaraz, Domingo Chacón, Raúl Sebastián Cobos, Pedro Valentín Ledesma y Vicente Rodríguez.
“Si se acepta nuestra imputación la pena es la misma a la de los autores de los delitos, es de cadena perpetua”, señaló.
En el caso de que la Cámara considere que tuvieron una función secundaria y no primaria, la pena podría ser de hasta 25 años.
Camps y Caram
Al igual que Allende y Sáa llegarán al debate oral en libertad. Fueron procesados por integrar una organización criminal oculta tras el aparato de poder estatal que llevó a cabo el plan de eliminación de opositores políticos.
Además son señalados por su directa intervención en 11 secuestros, cuatro de los cuales también involucran a los exmagistrados.
En el caso particular del exteniente, tenía una posición clave en la línea de mandos ya que llegó a desempeñarse como jefe de Batería de Comando y Servicios, teniendo soldados bajo su mando y cargo.
Por su parte, el Caram se desempeñaba como médico cirujano y se encargaba de revisar a las víctimas entre las sesiones de tortura, mientras se encontraban cautivas en centros clandestinos, según se señaló.
Además, Caram figura como coautor material del delito de “privación abusiva de la libertad agravada” de Carlos Enrique Correa, Juan Fernando Verges, Aníbal Franklin Olieras y Pedro Garraza.
“Al no tener la imputación de homicidio, la pena que le corresponde a ambos es como máximo de 25 años”, explicó Rachid.