Colegio de Abogados de V. Mercedes: “Hay una persecución personal del Procurador contra el fiscal Bazla”
La entidad cuestionó en duros términos a Fernando Estrada por la sanción aplicada al fiscal de la investigación por los presuntos abusos cometidos en el Instituto San Buenaventura.
Un día después que el procurador General separara de la causa al fiscal Maximiliano Bazla Cassina, el Colegio de Abogados de Villa Mercedes se pronunció en forma categórica.
La institución advirtió con “severa preocupación la intervención de Estrada e inmediatamente defendió al fiscal por la honestidad, capacidad de trabajo y probada dedicación”.
Al expedirse sobre la resolución, la entidad concluyó que Bazla Cassina fue “ilegalmente apartado de la causa judicial con fundamentos carentes de contenido jurídico y de realidad fáctica”.
La denuncia contra un docente que habría abusado a 18 alumnos del colegio religioso conmocionó a la comunidad villamercedina cuando finalizaba 2017. El juez Alfredo Cuello que desde el inicio de la investigación decidió no formular declaraciones, ha sido cuestionado por los tutores que al iniciarse el año judicial reclamaron celeridad en el proceso.
El Colegio de Abogados fue terminante en su apreciación al considerar que la resolución del procurador “no se compadece con el normal funcionamiento del ministerio Público y que afecta el funcionamiento de toda la justicia”.
“La intromisión que el propio procurador manifiesta en una causa específica y concreta, viola el principio de independencia y autonomía funcional de la que goza el agente Fiscal, y la sanción dispuesta se erige en una atribución arbitraria sin basamento legal ni reglamentario que lo respalde”, observó la entidad que preside Gustavo Otegui.
A continuación señaló:”Todas las apreciaciones, manifestaciones y conclusiones a las que arribó el procurador en la resolución” carecen de fundamento “real y solo exhiben un intento de disciplinar de manera ostensible a los miembros del ministerio Público, lo que deviene abiertamente inconstitucional, afectando gravemente la autonomía funcional” de Bazla Cassina.
El Colegio de Abogados sostuvo que el procurador General no posee “facultad legal para apartar a ningún fiscal” y fue más allá al afirmar que “esa atribución no le ha sido asignada por ninguna ley”.
“La decisión muestra una deliberada maniobra persecutoria”, advirtió.
En un documento atravesado de fuertes críticas, la institución argumentó que la injerencia de Estrada violentó “gravemente el sistema republicano de gobierno”.
Finalmente comunicó que pondrá en conocimiento a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) sobre el “grave ataque” al fiscal, ya que “la actuación y desempeño se encuentra reglado por ley y no por el temperamento del procurador”.