El Colegio de Magistrados respaldó al fiscal Bazla y cuestionó la sanción del procurador Estrada
La medida puso en estado de deliberaciones a jueces y funcionarios que formalizaron su malestar con un pronunciamiento que traspuso los muros de la Justicia. La entidad expresó hoy su enérgico rechazo a la resolución por “arbitraria y desproporcionada” y pidió que se deje sin efecto.
La decisión del procurador General, Fernando Estrada de imponerle una sanción al fiscal Maximiliano Bazla Cassina, que investiga la causa de los presuntos abusos a alumnos del Colegio San Buenaventura, desembocó en una asamblea del directorio del Colegio de Magistrados que emitió un comunicado para fijar posición.
La institución reivindicó “la libertad de acción e independencia de criterio” de los fiscales que “debe ser respetada cuando se ajusta a estándares constitucionales, legales y no resulte arbitrario su accionar”.
El Colegio de Magistrados entendió que los argumentos de Estrada fueron “extremos desacertados y no se corresponden con la realidad del caso”.
Así cerró filas y defendió el desempeño de Bazla Cassina que fue cuestionado por el procurador por tener “una conducta negligente y haber entorpecido el ejercicio de la acción penal” de la causa en la que está involucrado un establecimiento educativo.
Presidente del Colegio de Magistrados, Leandro Estrada.
“La pretendida demora en el esclarecimiento de los hechos no depende del agente Fiscal sino que obedece a la necesidad de continuar profundizando la pesquisa, ya que en el caso particular aún resta recibir el testimonio de diversos niños/as que a la fecha del presente no se encuentran en condiciones de brindar declaración en Cámara Gesell (conforme prescripción médica) y/o se hallan vacacionando fuera de la ciudad”, advirtió la institución que conforman jueces y funcionarios.
Al mismo tiempo valoró “los conocimientos, hombría de bien, predisposición y actitud de servicio permanente” de Bazla que participó “proactivamente en la totalidad de las audiencias recibidas en sede judicial, así como también ha instado la producción de una innumerable cantidad de medidas probatorias recopiladas por la instrucción”.
Además sostuvo que el funcionario se mostró “sumamente preocupado por el avance de la investigación al punto tal de haberse entrevistado en reiteradas oportunidades con los progenitores y/o representantes legales de las presunta víctimas, autoridades policiales y judiciales, médicos, docentes, así como también ha seguido las diversas instrucciones que le fueran impartidas” por Estrada.
A partir de ello el Colegio De Magistrados consideró que las expresiones del procurador General “no solo lo ofenden gravemente, sino que también afectan a todos aquellos que día a día trabajan denodadamente en la investigación de dicha causa, ya que cuestionan su probidad, lealtad a las instituciones y desprestigian gratuitamente su labor”.
La decisión de Estrada en una causa en la que está involucrado un colegio religioso generó diversas especulaciones. En las últimas semanas trascendió que hay interés oficial en lograr resultados para atender “una necesidad política”.
Con este pronunciamiento, Bazla Cassina sumó el segundo respaldo. El viernes el Colegio de Abogados de Villa Mercedes salió a darle su aval.
“No es un dato menor y este Colegio de Magistrados lo debe advertir, que la entidad que agrupa a los abogados se haya expresado con contundencia evidenciada, máxime en tiempo del ´no te metás´. Lógicamente, y en buena hora, han sabido interpretar la gravedad del momento, involucrándose como es debido en pos de una mejor administración de justicia”, reconoció la conducción de la entidad.
El Colegio de Magistrados solicitará que se le de intervención como “Amicus Curiae” en el expediente administrativo que se abrió a Bazla Cassina para que se deje sin efecto la sanción.
Además informará a la Federación Argentina de Magistrados de la República Argentina la “situación inédita” ocurrida en San Luis.
“Entendemos que el apartamiento dispuesto agente fiscal no solo se trata de un error de criterio sino que implica en los hechos un agravio a la denodada la labor llevada a cabo por dicho funcionario, como así también por la instrucción judicial y policial que tiene a su cargo el juez Alfredo Cuello y todo su equipo de trabajo”, dijo la entidad que encabeza Leandro Estrada.
“Lo que no podemos permitir son ofensas y apartamientos de funcionarios sin basamento alguno, que cuestionen la idoneidad e independencia de nuestros afiliados”, aseguraron.
“La independencia del Poder Judicial no admite cercenamientos, por lo que ratificamos nuestro compromiso permanente en defensa de una Justicia independiente, eficaz e imparcial, única garantía del cumplimiento efectivo de las tareas de protección de derechos ciudadanos y de pacificación social”, concluye el documento.