Cuáles son las opciones de Lula ante la Justicia tras el fallo adverso de la Corte

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva tiene hasta el próximo martes 10 de abril para presentar un recurso ante el tribunal de Porto Alegre que lo condenó a 12 años y un mes de prisión por corrupción, por lo que es improbable que el líder opositor vaya a ser arrestado antes de esa fecha tras el fallo adverso de la Corte Suprema.

El Supremo Tribunal Federal (STF) rechazó anoche por seis votos contra cinco el habeas corpus interpuesto por el dos veces presidente, habilitando su encarcelamiento tras ser condenado en dos instancias.

No obstante, el líder del Partido de los Trabajadores (PT), de 72 años, aún puede agotar los recursos ante el tribunal de segunda instancia, el Tribunal Regional Federal (TRF-4), que en enero ratificó su condena y hasta aumentó su pena, si su defensa presenta lo que en Brasil se denomina "el embargo de los embargos".

El mismo tribunal de Porto Alegre rechazó un recurso previo similar en marzo, ratificando la sentencia dictada por el juez Sérgio Moro, que condenó a Lula por entender que recibió un departamento de lujo en Guarujá, litoral de San Pablo, de parte de la constructora OAS, como parte de los ingresos ilegales que recibía el PT para sus campañas.

Si el TRF-4 se mantiene en la misma línea, Moro, cabeza visible de la Operación Lava Jato, firmará la orden de detención de Lula, quien siempre negó haber recibido el inmueble.

Es probable que el ex mandatario presente nuevos recursos ante tribunales superiores, pero todo indica que deberá hacerlo desde la cárcel.

Luego del rechazo del STF al habeas corpus preventivo, que trataba de evitar su encarcelamiento, Lula, una vez detenido, podrá presentar otro recurso similar con nuevos argumentos.

"Siempre que presentes un argumento diferente, puedes pedir un habeas corpus por semana", explicó a la cadena de noticias británica BBC el profesor de derecho de la Universidad de San Pablo Rafael Mafei.

Otra posibilidad que posee Lula para evitar el calabozo es solicitar la prisión domiciliaria, que en Brasil depende de una decisión judicial particular, a diferencia de la Argentina, donde está contemplada para los mayores de 70 años en la ley 24.660.

La semana pasada, el diputado federal Paulo Maluf consiguió, por medio de un habeas corpus, una orden judicial para ser transferido del complejo penitenciario de Papuda, en Brasilia, a su residencia en San Pablo.

Maluf, de 86 años, alegó problemas de salud y estaba preso desde diciembre, después de haber sido condenado a siete años de cárcel por lavado de dinero.

Las alternativas que rodean a la detención y encarcelamiento de Lula están bajo la lupa electoral, debido que el líder petista es favorito en las encuestas para las presidenciales del 7 de octubre.

De hecho, su partido lo ratificó anoche como su postulante tras el fallo del STF.

Lula puede presentarse como candidato hasta el 15 de agosto ante la justicia electoral, pero será ese fuero el que resuelva si lo habilita a competir, ya que la ley denominada de Ficha Limpia inhibe las candidaturas de los condenados en segunda instancia.

Lula también puede recurrir la sentencia que lo envía a prisión ante los tribunales superiores, el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y el mismo STF, quienes ya no analizarían las pruebas a favor o en contra del ex mandatario, una etapa agotada en la segunda instancia, pero pueden discutir si el proceso en su contra se condujo dentro de la legalidad.

El STJ puede analizar si se respetaron las leyes federales o si las pruebas fueron recabadas correctamente, mientras que el STF puede evaluar si se respetaron o no los principios constitucionales, pero ambos tribunales ya no debatirían si Lula es efectivamente el dueño o no del tríplex de Guarujá.

Estos debates podrían derivar en la libertad de Lula, pero su tramitación suele demorar meses o años.

El ex presidente también podría verse beneficiado si el STF modifica su posición de fondo de habilitar la prisión para condenas en segunda instancia para todos los presos del país.

La Corte no siempre interpretó de la misma forma la Constitución Federal, cuyo texto establece que nadie puede ser considerado culpable mientras no haya agotado todos los recursos tribunalicios en las tres instancias judiciales.

No obstante, el ex presidente todavía puede ser condenado en el marco de dos causas también vinculadas a Lava Jato en el juzgado de Paraná y otras cuatro en el Juzgado del Distrito Federal.