Bazla apuntó al fiscal por la demora en la causa por los gastos de la cumbre K en La Pedrera
El abogado responsabilizó a Esteban Roche por la dilación que exhibe el recurso que promovió para indagar sobre la posible utilización de fondos públicos para financiar el acto promovido por Alberto Rodríguez Saá.
Ricardo Bazla presentó el 24 de abril ante el juzgado Penal de Virginia Palacios un recurso de “prueba anticipada”, para pedirle a la Justicia que ordene una serie de medidas que “van a fundar” lo que considera que es “una nueva mala administración de los bienes públicos en provecho propio y en particular del Partido Justicialista”. Todo ello en relación al acto en La Pedrera del 16 de marzo que contó con los principales referentes del kirchnerismo.
La convocatoria tuvo como escenario el mega parque púbico a instancias del actual gobernador Alberto Rodríguez Saá que prepara su postulación presidencial para 2019.
Según confirmó, posee pruebas suficientes que confirman la utilización del dinero público: “Hay declaraciones de personas que trabajaron esos días que indican cómo han sido administrados los fondos” por parte del gerente de La Pedrera, Maximiliano Frontera.
“Hay pedidos de declaraciones por la nómina que he aportado de policías que custodiaron ese acto, del subjefe de la Unidad Regional 2, ya que afectaron a 78 efectivos dejando sin protección a Villa Mercedes y zonas del departamento Pedernera”, añadió.
Por otra parte requirió que se cite al interventor del Partido Justicialista a nivel nacional Luis Barrionuevo para que de su testimonio, entendiendo que Alberto Rodríguez Saá “dijo que ellos actuaban en carácter de anfitriones y no de organizadores”.
Ricardo Bazla, abogado y dirigente denunciante.
“Existen sospechas suficientes para dudar de la utilización de los fondos reservados, los rotatorios y los de las cajas chicas que maneja la secretaría General de la Gobernación a cargo del hijo del gobernador (Alberto Rodríguez Saá)”, sostuvo.
Bazla aseguró que si bien no hay datos específicos de la cifra invertida en el evento aseguró que “es millonaria” y en ese sentido advirtió que “está involucrada la ULP con la utilización del sistema digital y la casa de San Luis en Buenos Aires que se ha transformado en el verdadero bunker de campaña anticipada de Alberto Rodríguez Saá, donde se organizó buena parte de ese acto”.
Luego indicó que el agente fiscal Esteban Roche se demoró 10 días en sus obligaciones: “La doctora Palacios corrió vista el mismo día de mi presentación. Hasta hoy (Roche) no ha contestado. Pasaron 16 días corridos y tiene 6 para contestar”.
“Si mañana (por hoy) no hay pronunciamiento me voy a presentar ante el procurador General a los efectos de que Roche se expida”, aseveró. En la misma línea destacó que la dilación afecta las pruebas porque el 25 de abril “se subió la totalidad de la presentación al iurix”, con lo cual “está en pleno conocimiento” de los funcionarios que deben responder por la presentación.
El letrado agregó que requirió que el banco Supervielle, en carácter de agente financiero del gobierno informe sobre los movimientos de los fondos.
“Las pruebas corren peligro y por eso la necesidad de hacerlo público; tenía todo planificado de modo de no hacerlo público hasta que no hubiera una definición concreta, pero la dilación y el peligro en ello, me obligan a comunicarlo”, finalizó.