Aborto legal: se redujo la brecha de la votación y se anticipa un final ajustado

Se espera un final muy reñido en Diputados en la votación por la ley del aborto legal, que será tratado el miércoles, en una histórica sesión.

Se redujo la brecha en la Cámara baja y hasta el momento hay 117 legisladores en contra del proyecto, mientras que otros 111 lo respaldan. En el medio, hay 27 indecisos, que todavía no definieron su posición o que no la dieron a conocer, y que pueden inclinar la balanza en contra o a favor del proyecto, que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce, informó TN.

De este último grupo, cinco adelantaron que respaldarán la propuesta. Se trata de Sofía Brambilla (PRO), María Isabel Guerín y Abel Furlán (Frente para la Victoria), Sergio Ziliotto (PJ) y Jorge Lacoste (UCR). Mientras que otro anticipó su rechazo a la iniciativa, en un verdadero "panquecazo".

Se trata de José Luis Ramón, del Partido Intransigente. Primero manifestó que votaría a favor del proyecto pero luego se dio vuelta y anunció su cambio de voto. Ramón formaba parte del interbloque de Martín Lousteau, Evolución Radical, que decidió echarlo del espacio por su controvertida maniobra.

Lipovetzky: "La votación será pareja"

El presidente de la comisión de Legislación General Daniel Lipovetzky (PRO), uno de los oficialistas que respalda la propuesta, dijo que el resultado de la votación "es abierto" y que el conteo "está muy parejo" entre quienes respaldan el proyecto y los que se oponen. "Esperamos que el miércoles tengamos la media sanción. Cada vez hay menos indecisos y no vamos a saber cómo saldrá la ley hasta el mismo momento de la votación", dijo el diputado.

El conteo puede variar ya que algunos diputados podrían ausentarse el día de la votación, mientras que otros que se habían manifestado en contra ahora están dicen que están revisando su posición, como el massista José Ignacio de Mendiguren y la radical Aída Ayala.

El macrista Facundo Garretón, uno de los indecisos, dijo que definirá su posición el mismo día de la votación y explicó que, aunque se opone al proyecto, entiende que la propuesta representa "un tema de salud pública". Además dijo que recibió amenazas y que le advirtieron que si votaba a favor "que no volviera a Tucumán", su provincia natal.

Hoy vuelve a reunirse el plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal, y Familia, por última vez. Los miembros reunirán firmas para determinar si el despacho de mayoría será el del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito o bien el dictamen de rechazo.

Las claves del proyecto

El borrador elaborado por los diputados que respaldan la iniciativa se basa en el proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Se trata de una propuesta que el colectivo presenta desde 2006 y que recibió al menos cuatro modificaciones en busca de sumar mayores consensos y tentar a los legisladores que todavía están indecisos.

Entre esos cambios se analiza incorporar la objeción de conciencia, que habilitaría a los profesionales a ejercerla de manera individual, pero no así a las instituciones de salud. Otra de las modificaciones está vinculada al artículo que habilita a las adolescentes de entre 13 y 16 años a practicarse un aborto sin la autorización de sus padres, punto que se eliminaría para que esa situación quede supeditada a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial.

Una última modificación consistiría en poner a disposición de las mujeres que manifiesten voluntad de abortar la información necesaria para que tomen la decisión, que incluiría un período de reflexión obligatoria e incorporaría medidas para reforzar la educación sexual. Además, se establece la creación de consejerías de atención integral a cargo de equipos interdisciplinarios para acompañarlas.

El proyecto establece que "en ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer" y contempla penas que van de 3 a 10 años al que practique un aborto sin ese consentimiento, que se elevan a 15 años en caso de muerte de la paciente. Otro punto clave es que se obliga a los hospitales públicos, prepagas, obras sociales sindicales, del Congreso, de las Fuerzas Armadas y PAMI a realizar la práctica médica del aborto.